Los retos de la educación superior pública: una discusión necesaria desde el seno de las universidades

En medio de condiciones adversas que  nos recuerdan la importancia de contar con un aparato estatal sólido, como la crisis sanitaria, incertidumbre económica e inestabilidad en el gabinete del Gobierno de Unidad Nacional, se aprobó en plenario legislativo el dictamen de mayoría presentado desde el seno de la comisión que investiga el Fondo Especial para [...]

En medio de condiciones adversas que  nos recuerdan la importancia de contar con un aparato estatal sólido, como la crisis sanitaria, incertidumbre económica e inestabilidad en el gabinete del Gobierno de Unidad Nacional, se aprobó en plenario legislativo el dictamen de mayoría presentado desde el seno de la comisión que investiga el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

También, en medio de esta crisis, las universidades públicas han demostrado, una vez más, su compromiso e inherente responsabilidad al servicio de la sociedad costarricense mediante un rol activo en la atención de la emergencia sanitaria; lo que confirma que la educación pública es inversión y no gasto gubernamental.

No obstante, al igual que en el pasado, aún existen múltiples tentativas de debilitamiento al FEES. La más reciente, articulada por varios diputados y diputadas de la República en la discusión de los dos dictámenes presentados por la comisión legislativa que estudia y analiza el presupuesto de las universidades públicas, el cual plasma declaraciones alarmantes y recopila sugerencias de autofinanciamiento de la educación superior y reformas constitucionales en detrimento del principio de autonomía universitaria.

Estas pretensiones responden a una clara voluntad de privatización de la educación a través de su mercantilización. Hacerlo significa una pérdida de los principios que han guiado la calidad científica y transformadora de la educación superior pública en este país, sea cual sea la institución pública, porque obligarla  a autofinanciarse es privatizarla.

Bien lo decía Boaventura de Sousa Santos:

“El propósito de las universidades públicas NO debe ser la obtención de ingresos ni debe ser su mayor preocupación, sino la formación de profesionales de calidad, profesionales no solo con entereza académica sino con conciencia y empatía social”.

Cabe hacer hincapié en las intenciones declaradas de reformas constitucionales en perjuicio de la autonomía universitaria, acciones que pueden menoscabar y debilitar este principio, que ampara la capacidad de autogestión de las universidades públicas y es abogado en la Reforma de Córdoba para protegerlas de la injerencia de intereses y fluctuaciones políticas.

Conscientes de la realidad que atraviesan las universidades públicas, es preciso que sus  autoridades  muestren no solo apertura, sino compromiso con el bienestar próspero de estas mediante acciones concretas orientadas a mejorar su proyección y desempeño financiero, calidad educativa, gestión administrativa y rendición de cuentas; todo esto, dentro de su capacidad de autogestión  y autonomía administrativa.

El dictamen supra mencionado evidencia aspectos de relevancia como la urgencia de replantear e implementar un modelo de regionalización que atienda las necesidades de la población, pero es imperativo, además, un sistema de becas que incremente en consecuencia con el crecimiento presupuestario de las universidades y el valor adquisitivo de la moneda. Aunado a esto se requiere la implementación de un modelo de estudio multidimensional de la pobreza, así como la optimización en calidad y cantidad del fondo de becas propiciando que se adapte a la realidad de la comunidad becada.

El 2020 es un año de cambio para las universidades públicas del país, estas se encuentran en procesos de elección, mediante los cuales serán dispuestas sus nuevas autoridades. Esto representa una posibilidad oportuna para reflexión interna sobre la requerida  mejora  y la acción en pro del cambio de prácticas que han resultados severamente dañinas para el quehacer de las universidades. Propiciando que sean subsanadas bajo un modelo de universidad más moderno, justo y sustentable, conservando la esencia de ser de la universidad pública.

Resulta pertinente, entonces, que las futuras rectorías sean consecuentes y asuman a priori realizar estudios actuariales y evaluación de condiciones requeridas para garantizar la sostenibilidad de dichas instituciones a lo largo del tiempo, con una visión progresista que sitúe y priorice a las y los estudiantes como su centro de atención y desarrollo.

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