La pandemia ha puesto de manifiesto muchas realidades en nuestra sociedad y que de alguna manera muchos quieren obviar, o quieren pasar por alto, precisamente porque en el diario vivir, tal vez, no vemos, como es el virus SARS COV2 responsable de la COVID-19.
Nuestra institución no está exenta de esta posición, pues nos han vendido la idea que con un protocolo sanitario, nos salvaremos y seremos inmunes a la infección de este virus, lo cual, sin duda alguna es incorrecto, y bajo este supuesto se expone a toda la comunidad universitaria, especialmente a la que posee factores de riesgo.
Como institución emblemática, formadora y defensora de la de la sociedad costarricense y sus derechos pensaríamos que, a todas luces, siempre velaremos por el respeto a los derechos humanos, especialmente al derecho a la vida y a la salud, principalmente a lo interno de nuestra universidad y en todos sus quehaceres.
Pero en este momento, al igual que en otros sectores del país donde priman ciertos intereses, estamos ignorando esta realidad sanitaria por la que estamos atravesando, y que cada día es menos alentadora con reportes de más de 5000 casos de contagios semanales y con un promedio superior a los 15 fallecidos por día, llegando a un millar de muertos y con las UCI casi a su capacidad.
A pesar de esto, insistimos en esfuerzos para realizar lo que claramente está prohibido en nuestro país, desobedeciendo decretos y normativas gubernamentales que claramente prohíben los eventos masivos como lo son: el proceso electoral para la Rectoría y las asambleas para las elecciones en las unidades académicas.
Hace algunos días el Ministerio de Salud dictó una orden sanitaria a nuestra universidad (MS-DRRSCS-DARSMO-OS-4428-2020), donde claramente prohíbe desde ese momento la Elección para Rectoría, Asambleas de Escuela y Asambleas Estudiantiles, sin embargo, a pesar de que la instancia superior universitaria ha emitido el proceder en toda la institución con respecto a esto, existen órganos internos que bajo la justificación de la existencia de protocolos avalados por una instancia propia universitaria, persisten en continuar con estas actividades como el proceso electoral que en este momento estaría provocando el desacato a la orden de la autoridad sanitaria.
Es importante explicar que un protocolo sectorial, significa que busca condiciones para evitar o prevenir el contagio, pero nunca existe un cien por ciento de protección, no es una vacuna, no es un tratamiento certero, es un requerimiento ante una situación a la que nos exponemos y es de ordenamiento preventivo no curativo.
No existe ningún protocolo que sea totalmente efectivo, ya todos sabemos que hablar de la COVID-19 se ha asociado a muerte en nuestro país y el mundo entero, y de discapacidades respiratorias, neurológicas, entre otras, en especial para las personas que se han definido como grupo de riesgo, en fin ya todas y todos sabemos lo que representa este virus.
¿Qué sentido tiene el exponer a las personas funcionarias, el estudiantado y sus familias? ¿Por qué no ha llegado esa orden para suspender los procesos electorales pese a existir la orden sanitaria? ¿Por qué estos órganos irrespetan la orden sanitaria a pesar de que nuestro Rector ya ha girado 2 resoluciones al respecto? Ante esto me pongo a pensar si será que algunos tienen una preocupación excesiva de ocupar las sillas que les tienen prometidas, o mejores condiciones salariales, el poder por sobre el bienestar de los demás, aspectos que sin duda alguna no encontraría justificación a quien verdaderamente le importa el colectivo y la salud.
¿Qué hacemos sin salud pero con poder? ¿Cuánto costará a la institución las demandas que se pondrán por exponer alguna familia que se infectó porque algún miembro de su burbuja social fue a votar?
Como Directora de la Escuela de Medicina y bajo el juramento hipocrático que defenderé hasta el último de mis días, como médica que soy hago un llamado a no seguir cerrando los ojos a esta realidad, queremos consciente o inconscientemente, seguir en el camino que se nos critica tanto, y lo paradójico presentamos iniciativas para ayudar a los pacientes COVID-19 pero exponemos a la comunidad universitaria.
Somos la Universidad de Costa Rica, nos debemos a la sociedad costarricense y nuestra patria, es por esto que estamos llamados a respetar todos los lineamientos que se giren en pro de garantizar la salud y bienestar de nuestra comunidad. La política puede esperar, la salud y la vida de todas y todos los que integramos la comunidad universitaria no es y nunca será negociable.