Es indudable que en nuestros tiempos modernos el nuevo analfabetismo se caracteriza no solamente por contar con personas que carecen de la posibilidad de leer y escribir, sino también a quienes aún teniendo esa facultad no pueden comprender la dimensión real de lo que leen, ni pueden dar a entender tampoco lo que quieren manifestar.
Las políticas públicas en el campo de la alfabetización real de los ciudadanos deben iniciar con su cometido desde una muy temprana edad y propiciar una inversión educativa que propicie la democratización del derecho a la educación y el acceso a la información, que es mucho más que enseñar a alguien a leer y escribir.
La “Alfabetización preventiva en materia penal juvenil” es un sueño al que así denominé desde hace más de 25 años atrás, y que ahora se convierte en una esperanzadora realidad, y una contribución significativa y concreta para las presentes y futuras generaciones de niños y niñas del país. Pasado martes 25 de mayo, firmé la promulgación de un Decreto Ejecutivo como Testigo de Honor y magistrado coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial, acompañado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz; el presidente de la República, don Carlos Alvarado; la Ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar; la ministra de Educación, doña Guiselle Cruz, y la ministra de la Condición de la Niñez y Adolescencia, doña Gladys Jiménez.
Es un hecho sumamente relevante por medio del cual se incorpora a partir de este momento en el calendario escolar del MEP la celebración del 25 de Mayo de cada año (en conmemoración de la Ley de Justicia Penal Juvenil que cumple este año 25 años en CR precisamente en el mes de mayo), en todas las escuelas y colegios públicos y privados a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta iniciativa preventiva en aras de capacitar no solo acerca de los derechos, pero también en relación con las posibles repercusiones producto de eventuales delitos y contravenciones cometidos por personas menores de edad a partir de los 12 años, a fin de reducir y prevenir la incidencia en tales acciones.
En este proceso de alfabetización preventiva, intervendremos cientos de operadores de la administración de justicia, funcionarios, docentes, tanto activos como jubilados, miembros de organizaciones no gubernamentales, e incluso de la sociedad civil que de manera absolutamente gratuita contribuyan en esta “evangelización” criminógeno preventiva de nuestros niños y niñas.
Además, desde ya muchos expertos de otros países de Iberoamérica se han manifestado interesados en replicar y exportar internacionalmente esta iniciativa que esperemos de frutos muy positivos dentro y fuera de nuestra nación.
Sin duda alguna, la “alfabetización preventiva en materia penal juvenil” constituye el aporte más importante, que desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones de niños, niñas y adolescentes de Costa Rica.
