El pasado miércoles 16 de noviembre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa semanal indicó que en Costa Rica: “(…) se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura por parte de grupos que no son refugiados políticos, sino que son migrantes económicos (…)”.
Tal afirmación resulta problemática porque oculta una realidad sustentada empíricamente en las últimas cuatro décadas: Costa Rica se beneficia de la participación económica de las personas migrantes e, incluso, importantes sectores de la economía nacional resultarían insostenibles sin ellas, ya que en diversos sectores de la economía nacional se observa una necesidad estructural de mano de obra migrante.
En Costa Rica, la migración económica se ha asociado desde los años noventa a la presencia de la población nicaragüense en nichos laborales cuya participación de población costarricense ha caído drásticamente, tal es el caso de las plantaciones agrícolas, la construcción, la vigilancia privada y los servicios domésticos. Esta drástica caída de participación nacional en dichas actividades económicas se corresponde entre otras razones con las transformaciones del modelo productivo, así como los mayores niveles educativos y expectativas sociolaborales y económicas de la población costarricense.
Dicha situación ha dado como resultado que en las últimas décadas distintos grupos agroexportadores como el ICAFE demanden de la participación de hasta 70 mil personas migrantes trabajadores temporales nicaragüenses e indígenas ngäbes durante los meses de siembra y cosecha de sus cultivos (https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/06/en-todo-el-pais-miles-de-oportunidades-de-empleo-para-nacionales-en-sector-agro/). Y que, ante una menor disponibilidad de mano de obra extranjera, se insté a la población costarricense a volver a participar de dichas actividades. Llamados que ya desde el año 2016 han sido infructuosos en la zafra de caña y en la cosecha del café. Tan solo en la zafra de caña, el 90% de la población trabajadora es de origen nicaragüense.
Por su parte, el estudio de la OCDE-OIT (2018) calculó en un 11.1% el aporte de las personas trabajadoras inmigrantes al PIB de Costa Rica. Así mismo, el estudio de la CEPAL (2022) indicó que el trabajo que realizan las personas migrantes a la economía costarricense ha venido incrementando, logrando un aporte del 9,27% (entre 2009 y 2019) al crecimiento económico del país y representando un 12,4% del empleo total. Este último estudio destaca a su vez que el 58,7% de los ocupados migrantes se encuentran en condiciones de informalidad laboral, cifra que aumenta en el trabajo doméstico remunerado, alcanzando a un 74% (https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/06/en-todo-el-pais-miles-de-oportunidades-de-empleo-para-nacionales-en-sector-agro/).
Lo anterior representa importantes retos en materia de política laboral ya que estas poblaciones enfrentan violaciones sistemáticas a sus derechos las cuales incluyen el no pago del salario mínimo establecido por ley según tipo de actividad, el no pago de aguinaldo, horas extras, feriados y vacaciones. Atrasos salariales e irrespeto a su contratos y jornadas laborales. Suspensión laboral ilegal y el no pago del seguro de riesgo laboral y el seguro médico ante la CCSS, poniendo en riesgo su salud e imposibilitando su acceso futuro al derecho de pensión.
Igualmente, el trabajo doméstico remunerado de las mujeres migrantes ha permitido la incorporación de las mujeres costarricenses al mercado laboral y otros espacios del ámbito público. Al haber podido delegar en ellas actividades domésticas, y el cuido de personas adultas mayores, menores de edad y personas enfermas o con discapacidad.
Así mismo y pese a que en el imaginario identitario costarricense rara vez se reconoce a Costa Rica como un país expulsor de población. Lo cierto es que de acuerdo con los registros de la American Community Survey de la Oficina del Censo de EE. UU., en el 2019 había 169,269 costarricenses tan solo en ese país, y que buena parte de esta población emigrante costarricense envía remesas familiares, que son de importancia para muchos hogares. De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica, durante el año 2020, la cantidad total de remesas familiares que llegaron fue cercana a los $USD 500 millones, superando ampliamente las divisas que generaron las exportaciones de café ($USD 326 millones), producto de histórica importancia en el país (Voorend, K. y Gatica, G. (enero 2022). Proceso electoral 2022 y migraciones en Costa Rica. Notas de Coyunturas Migratorias en Costa Rica. N°. 1, año 2. UCR-UNED).
Es decir, la economía costarricense se ha beneficiado histórica y estructuralmente de la participación desventajosa de las personas migrantes en actividades productivas en donde el irrespeto de la legislación laboral y las cuantiosas ganancias económicas van de la mano. Comprender esta relación resulta fundamental para el ejercicio de políticas públicas basadas en criterios técnicos y sustento empírico, y no solo en nociones parcializadas de la realidad.
¹ En las Notas de Coyuntura Migratoria en Costa Rica, 2 de noviembre de 2022, se reflexiona sobre el estado actual de la temática de refugio en el país.
