“A medida que los ricos se hacen cada vez más ricos, cuanto más piensan en hacer una fortuna, menos piensan en la virtud”
Platón
¿Es conveniente que personas en importantes cargos políticos estén vinculadas a redes de distribución de ayudas humanitarias? ¿Se puede convertir un tema tan sensible como la necesidad de alimentación en un botín político? Estas son algunas de las preguntas que me surgieron cuando hace unos meses di con una contratación de diarios de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Dos hechos me llevaron hasta ahí. El primero fue una serie de denuncias que recibí de familias de San José, quienes, conociendo mi labor como regidor, expresaban un malestar sobre la distribución y el alcance de los paquetes de alimentación. La segunda tiene que ver con el hallazgo fortuito de diarios etiquetados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que decían “donados por el Pueblo de Costa Rica” a la venta en el supermercado del reconocido político-empresario del PLN, Bernal Jiménez Monge.
Llegado este punto, me encontré con que a inicios de la pandemia la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), de la cual se sabe que es un influyente grupo con vínculos en el actual gobierno, había ganado una licitación de más de ₡600 millones para la compra de alimentos.
Me topé también con un proceso en el que resultaba complicado hallar los documentos pertinentes, por ejemplo, el dato sobre el monto de la contratación arrojaba que la misma era por ₡1. Sumado a esto, era claro que al momento de contratar con el Estado los nombres de importantes ministros y ministras formaban parte de la junta directiva de la AED, algo prohibido por nuestras leyes.
Di también con que tres días después de este contrato la misma AED había firmado con el Estado un convenio, pero de donaciones, al parecer sin la fiscalización de un ente que garantizara la diferencia entre los diarios donados y los diarios vendidos. En otras palabras, no existieron los controles necesarios que se deberían de dar en estos procesos, y peor aún, no quedó registro de esos movimientos como indica la propia ley.
A este punto resultaba evidente que la AED era una organización que al parecer contaba con un trato privilegiado por sobre otras empresas, pues no parecía lógico que una asociación que, en palabras de su propio presidente Franco Pacheco Musmanni, ni siquiera tenía la experiencia necesaria, fuera la elegida para la preparación y entrega de diarios, estirando además la legalidad para evitar los requisitos que se le exigen en igualdad de condiciones a todos los demás.
No cabía además justificar el accionar de la Asociación Empresarial para el Desarrollo bajo el argumento de que se hizo únicamente por altruismo, ya que en este contexto muchas empresas y ciudadanos hemos actuado de forma solidaria, sin que ello haya implicado beneficio económico alguno, tratos preferenciales o brincarse lo dispuesto en la ley.
Claro que considero válido y positivo que los ciudadanos y las empresas contribuyan con el Estado en momentos de emergencia, pero tengo la convicción de que este nunca debe renunciar a su deber de repartir de manera justa a quienes más lo necesitan. Además, no debe renunciar a su deber de garantizar que –retomando la cita de Platón con la que inicia este texto- sea la virtud la motivación real de estos grupos y no buscar legitimar o afianzar su poder y riqueza, ya que así sea usted la AED, ni ese fin ni esos medios se justifican.
Los argumentos convenientemente acomodados de la CNE
El presidente de la CNE, Alexander Solís, ha afirmado que la AED venía trabajando con la CNE como parte de una alianza público-privada promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la gestión del riesgo y la atención de desastres, sin embargo, este argumento pareciera ser utilizado a conveniencia, puesto que se trata de una contratación administrativa para la atención de una emergencia declarada un mes antes.
Otro de los argumentos que esgrime es que todo el proceso bajo el cual se desarrolló la contratación ha sido transparente y abierto, sin embargo, esta afirmación es tramposa, puesto que quien haya ingresado al sistema de compras del Estado sabrá de las múltiples complejidades para hallar información, algo que incluye la información respecto a este contrato. Además, Solís olvida mencionar que incluso hubo documentos para los cuales fue necesario plantear recursos de amparo con el objetivo de obtenerlos.
Solís también afirma que la AED se acercó al CNE con la intención de ayudar, y que además firmó con la comisión un contrato para realizar donaciones. Sin embargo, de nuevo en este punto existen vacíos para poder determinar por ejemplo qué víveres fueron donados y cuáles vendidos, y en este caso mi denuncia aborda específicamente un contrato por más de 600 millones, no donaciones desinteresadas.
Así mismo menciona un exceso de demanda de alimentos y una incapacidad del Consejo Nacional de Producción (CNP) de dar abasto, y con eso busca justificar la contratación a la AED. No obstante, omite que para abril del año pasado ya se cumplía un mes desde la declaratoria de Emergencia Nacional, por tanto, la CNE debía de tener un esquema de planificación que involucrara a la CNP para evitar el desabastecimiento de paquetes de alimentos, con lo cual se hubiera evitado hacer las maromas legales que justamente beneficiaron a una organización empresarial específica.
Otro de los argumentos que utiliza el presidente del CNE es que se da la compra directa con un criterio de excepción y que eso se explica en el inciso 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, ya que según sus palabras hay un interés manifiesto de la AED de colaborar con la administración. Sin embargo, debería ser claro en mencionar que todas las contrataciones tienen prohibiciones que buscan evitar abusos o conflictos de interés, y que por eso en los casos donde se busque eliminar estas prohibiciones debe demostrarse que la empresa ofrece precios un 30% menores a las otras ofertas, pero la AED y la CNE han dicho públicamente que en esta contratación solo se ofreció un 20% menos y que el 10% restante se descuenta según sus estimaciones mediante el transporte y la distribución de los diarios. Todo esto sin ningún tipo de prueba o peritaje que los respalde.
Este último detalle llama además poderosamente la atención, ya que la CNE tiene la capacidad de armar y distribuir diarios de alimentos, puesto que cuenta con personal y recursos. Ante esto es evidente que se trata de un uso abusivo de la ley y de un procedimiento indebido, ya que no había una necesidad real para que una organización o empresa distinta a la CNE realizará el trabajo de armar y distribuir diarios.
La gestión y administración de los recursos públicos en una emergencia no deben depender del altruismo de ninguna persona o grupo de poder. Justamente ese es el sentido de tener instituciones que garanticen un proceso eficiente, transparente y un trato igualitario para todos los involucrados. En asegurar esto es lo que ha fallado la gestión del señor Alexander Solís, y no es una opinión antojadiza, ya que ha sido alertado por la Contraloría General de la República, sin que hasta ahora la CNE realice un ejercicio de autocrítica y plantee soluciones reales.
Las propias palabras del presidente del CNE y de los influyentes empresarios en la investigación que se publicó en las páginas de este mismo Semanario, muestran que se hicieron excepciones únicamente para la AED, es decir, justamente con la organización de empresarios que tras bambalinas influye directamente en este gobierno.
