Las instituciones tienen derechos, pero también responsabilidades. Los medios son instituciones, por tanto, poseen salvaguardas y deberes. Me referiré a tres aspectos: la aspiración a la verdad, la coexistencia de voces distintas y la transparencia.
La objetividad ha sido sujeta a controversias. Esto tiene relevancia para la prensa, porque la decisión de qué es noticia y qué no representa un inevitable punto ciego. Asimismo, medios y periodistas tienen valores y perspectivas que no pueden cercenarse, ¿significa esto un “todo vale”?, no, porque también median los métodos y el tratamiento de los hechos. Ni estamos condenados al capricho y lo arbitrario, ni tampoco hay alguien con la capacidad de hallar la verdad total. El consenso intersubjetivo es aquí un concepto que ayuda. Por otra parte, de acuerdo con los enfoques cualitativos, enunciar la posición del sujeto fortalece el rigor científico. Cada medio debe reconocer su propia visión. En Estados Unidos y España hay periódicos que reconocen su línea, cumpliendo así con la transparencia.
Cada medio tiene derecho a desarrollar una línea dominante, pero también la obligación ética de ser plural, porque si defiende que se le permita operar libremente, debe garantizar la práctica del principio. Debe dar cabida, al menos de vez en cuando, a criterios distintos de los de la empresa. En periódicos el espacio idóneo es la sección de opinión. Corresponde a Diario Extra el gran mérito histórico de publicarle a todos, sin distingo de origen o ideas.
Presenciamos hechos cuestionables. Meses atrás una connotada miembro del gremio televisivo reveló la existencia de noticias pagadas (publinoticias), de las cuales ni siquiera se informa a la gente, léase hacer pasar por reportajes a mera publicidad. Un segundo caso lo constituye el extraño viraje de un periódico que no es ni Diario Extra ni Semanario. Ese medio pasó de defender el libre mercado y visiones conservadoras, a hacerle el juego a un estatista y corrupto partido, de tan evidente forma que tendenció informaciones para favorecer a su candidato. No es censurable que un medio, merced a financiamientos, o a convicciones espontáneas o arraigadas, tenga una línea política. Pero sí es tremendamente deshonesto que no la reconozca públicamente, haciendo pasar una visión interesada como si fuese objetiva. También resulta obsceno llamar “fake” a una noticia sólo por no coincidir con las lamentables visiones de ese periódico.
El colmo lo representa la queja de quienes, para acallar todo cuestionamiento, acusan a sus críticos de atentar contra la libertad. ¿Acaso pretenden dos legalidades distintas, una permisiva para ellos y otra de restricciones para los ciudadanos? Es excelente que los medios exijan respeto al Estado, pero esto de ninguna manera impide que la sociedad civil ejerza crítica allí, donde noticieros y periodistas caigan en juegos perversos. Porque una cosa es el aparato estatal, y otra diferente los ciudadanos/consumidores de información y de criterios, quienes tienen prerrogativas y pueden hacer juicios éticos, y en casos extremos, dejar de comprar los bienes informativos. Responsabilidad y libertad constituyen un binomio.
