Con una “postura anticuada”, en palabras del Papa Francisco, también en Costa Rica, con alguna tesis fundamentalista e irracional, hay quienes apelan a que toda expresión religiosa desaparezca de la esfera pública.
Diríamos que algunos pretenden construir, artificialmente, una sociedad sin referencias religiosas y, por ende, sin historia.
Esta corriente es tan radical que intenta eliminar los símbolos religiosos de los lugares públicos destinados al desempeño de las funciones propias de la comunidad civil (oficinas, escuelas, tribunales, hospitales, cárceles) y hasta niegan su uso en las calles.
Evidentemente, un recto concepto de libertad religiosa no es compatible con esa ideología. En tal sentido, resulta interesante subrayar que esta protección jurídica no busca resguardar las creencias, sino la dignidad e igualdad de las personas que las profesan y que es manifestación de la dignidad de quien piensa y se expresa en libertad, aun cuando sea desde los dogmas de la fe.
Ya San Juan Pablo II nos señalaba que: “en el ámbito social se va difundiendo también una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública” (24 enero del 2005).
En la base de este movimiento hay una visión anti-religiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, y, de forma prejuiciada, ve en la religión un simple sentimiento individual.
Con un enfoque aún más vasto, Benedicto XVI declaraba que una versión de laicidad falseada puede llegar a negar a la comunidad cristiana y, quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos: “… sin Dios el hombre está perdido y excluir la religión de la vida social, en particular la marginación del cristianismo, socava las bases mismas de la convivencia humana, pues antes de ser de orden social y político, estas bases son de orden moral” (Discurso a los juristas católicos, 9 de diciembre del 2006.).
Como Iglesia, apoyamos el principio de sana laicidad sin lugar al fanatismo ideológico y a la intransigencia, que solo aumenta la intolerancia y daña la coexistencia de los grupos que conforman la nación.
De hecho, y con profundo pesar, hemos recientemente experimentado, en el contexto del proceso electoral, la colisión entre libertad religiosa y libertad de expresión que ya vivimos como sociedad.
En el actual contexto nacional, los católicos pedimos respeto a nuestra identidad y libertad para anunciar a Cristo sin privilegios ni discriminaciones, pues el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de una verdadera democracia, cuya grandeza consiste en facilitar la convivencia de personas y grupos con distintas maneras de entender las cosas, con igualdad de derechos y en un clima de respeto y tolerancia. Quienes pretenden imponer sus criterios laicistas, caen en aquello que supuestamente pretenden combatir: el fanatismo e intolerancia.
