En este momento de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, la salud es la prioridad.
Teniendo claro lo anterior y en el caso de la Universidad de Costa Rica, la respuesta de la administración en lo que se refiere a su oferta de cursos, ha sido la de privilegiar la virtualización de las clases. Si bien se trata de una medida que contribuye a evitar aglomeraciones y el posible contagio del coronavirus, resulta insuficiente y hasta discriminatoria. Incluso, no es coherente con lo que establece el artículo 87 de nuestra Constitución Política: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”.
Planteo lo anterior porque esta medida al mismo tiempo que pretende ser una solución genera relaciones de exclusión, tanto para docentes como para la población estudiantil. Considero fundamental la respuesta de la administración a las siguientes preguntas: ¿Qué porcentaje de la población estudiantil dispone de todas las condiciones para participar en los procesos de virtualización de la docencia?, ¿Violenta la virtualización la libertad de cátedra?, ¿Maneja la totalidad del personal docente las herramientas suficientes para la virtualización? ¿Cómo garantiza la administración que la virtualización no excluye a la población estudiantil con necesidades educativas especiales?
Es pertinente, además, conocer la valoración estudiantil acerca de la virtualización, la que no siempre es favorable. No menos importante es conocer cómo se realizarán las respectivas evaluaciones y el grado de confiabilidad que puedan tener si consideramos los factores irregulares arriba indicados.
La administración universitaria, y particularmente la Rectoría y la Vicerrectoría de Docencia, deben ser garantes de la libertad de cátedra, respetar las metodologías de enseñanza del personal docente y velar para que se atiendan y cumplan todos los requerimientos de la población estudiantil, sin que la virtualización implique formas de exclusión. Para ello, y ante la posible recurrencia de emergencias como la actual, propongo la elaboración de un plan de acción estructurado que comprenda estos factores y que nos permita actuar de manera asertiva, clara y respetuosa de todas las personas que participan del proceso formativo.
Reitero que la salud es en este momento la prioridad y que se requieren medidas institucionales que protejan a la comunidad universitaria y a la población costarricense.
