Mientras Leonel García yacía en una Unidad de cuidados intensivos por los innumerables machetazos que su agresor le dio el 30 de diciembre de 2021, fue acusado de intento de homicidio por su agresor. Hasta catorce días después, cuando salió del hospital, tras una recuperación indescriptiblemente riesgosa y dolorosa, Leonel pudo denunciar a quien lo macheteó. Ahora debe enfrentar esa “absurda” acusación de intento de homicidio, y pedir que se haga justicia para él mismo. Pero además de Leo, hay muchas más víctimas: su esposa, su hijo, su hija y todo el pueblo cabécar de Bajo Chirripó que cotidianamente enfrenta la violencia racista.
La agresión descomunal contra Leo García es, desgraciadamente, sólo una muestra más en la secuela de atentados contra personas indígenas. En el caso de Bajo Chirripó cabécar el recuento de incursiones es de muy larga historia e incluye simulacros de compra-venta de tierra dentro del territorio usando el engaño, las promesas y la estafa material como señuelos, así como todo tipo de violencia con tinte racista. Por ejemplo, las mujeres relatan múltiples agresiones verbales, intimidaciones e insinuaciones. Un nivel de aberración impensable se conoció cuando el Alcalde de Matina, el exdiputado Walter Céspedes, le dijo al Gerente de la empresa Meco, “yo guaro no le tengo, pero ahí le tengo una indígena”. Todo esto se explica por el hecho de que las personas no indígenas rechazan como un hecho válido que los pueblos originarios posean, vivan y disfruten del territorio que les fue asignado por el Estado y que es, en todo caso, un “donativo” que no compensa el despojo colonial y sangriento de siglos. Evidentemente el racismo se normalizó en nuestras sociedades que siguen creyendo y actuando desde la visión de superioridad de unas “razas” sobre otras, acorde con la doctrina colonial europea que se sigue multiplicando en nuestros países.
Las heridas de Leonel García son un dato visible más de las agresiones contra la gente indígena. Las personas son víctimas, pero también lo fueron y lo son, las representaciones culturales y las organizaciones sociales. En Bajo Chirripó, igual en Alto Chirripó y otros territorios, no hay organizaciones culturales cabécar de origen autóctono pues fueron sustituidas por una Asociación de Desarrollo Comunal, ADI, que tiene 454 afiliados formales y atiende a más de ochocientas personas.
En otros territorios esa sustitución se considera una suplantación orientada al control sociocultural de los pueblos originarios por parte del Estado y de la institucionalidad. Si bien en algunos territorios hay controversias entre los Concejos de Mayores Indígenas y las ADIs, en Bajo Chirripó, la ADI, de la cual Leo García es Secretario en la Junta Directiva, es asumida como representación oficial y legítima del pueblo cabécar. “Es el escudo con que salimos a defender a la comunidad indígena de las agresiones”, asegura Leo con total convicción. Lo mismo asegura Elizabeth Sanabria, pero extiende esa protección a toda a la población, y por eso señala que “la agresión contra Leo es también contra su familia, contra la Junta Directiva y contra todo el pueblo, porque cuando lo agredieron, fue porque estaba defendiendo el territorio que es de toda la gente cabécar de Bajo Chirripó”.
En esa misma línea de comprender las agresiones no únicamente contra personas, si no contra los pueblos originarios en general, se inscribe otro hecho histórico de asedio al pueblo cabécar. Hace doce años, cuando emprendimos la tarea de impedir la construcción del proyecto hidroeléctrico Boyey o Ayil en Bajo Chirripó por parte del Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, en el Río Duchí/Chirripó, ya se hablaba de hasta casi veinte años de intentos de incursiones. Aquellas eran, y siguen siendo, tierras de bosques extensos, densos y colmados de biodiversidad y de aguas permanentes que descienden y forman el río Duchí desde la misma cima del cerro Chirripó. Precisamente por esa condición de “reserva” de biodiversidad es que proliferaron la pesca, tala y cacería ilegales por parte de no indígenas que “se paseaban y andaban con perros y armas por el pueblo, como si fueran los dueños y nosotros no podíamos hacer nada”, relata Carlos Artavia, quien es un de los 9 guardabosques que desde 2004 trabajan bajo el convenio firmado entre la ADI y el MINAE para proteger el territorio, con financiamiento de pago por servicios ambientales. Si bien las incursiones ilegales disminuyeron, persisten muchos problemas pues parte de las 19.800 hectáreas del territorio cabécar de Bajo Chirripó no han sido pagadas a los antiguos dueños por parte del Estado, e incluso hay sectores sin límites claros
En aquellos años, en la práctica, a la oposición masiva de las comunidades de Alto Chirripó a la represa se unieron muchas personas de Bajo Chirripó, que coincidían en que un acuerdo de una Asamblea de una ADI no se podía homologar al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo/OIT. Desde Alto Chirripó, Gonzalo García Aguilar, de Blori Ñak y Marco Bañez Paz, de Tsipirí Ñak, interpusieron un recurso de amparo y el 8 de mayo de 2012 la Sala IV le ordenó al ICE “suspender de forma inmediata las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Chirripó (Duchí) que se está llevando a cabo en Alto Chirripó, hasta tanto no se resuelva en sentencia el recurso” (Sala Constitucional, Expediente 12-005816-0007-CO).
En medio de las disputas, y a pesar de que una Asamblea General de la ADI de Bajo Chirripó había rechazado el convenio con el ICE, otra Asamblea avaló que se firmara una “carta de entendimiento” como le llamaba el ICE al pacto ilegal. Fue así que por un tiempo, en la sede de la ADI de Bajo Chirripó, se exhibió un mapa del “Proyecto hidroeléctrico Ayil”. En otra Asamblea “se le exigió” a los integrantes de la Junta Directiva no firmar un nuevo acuerdo con el ICE, como se recuerda ahora, más de una década después. Dada la solidez con que hoy se enfrentan las nuevas agresiones en el territorio cabécar, podríamos pensar que la superación de las diferencias y el rechazo de la manipulación con promesas y empleos temporales y la salida del ICE, elevaron la identidad y las condiciones para la defensa colectiva del territorio y la cultura, y que gracias a eso es que hoy se cuenta con mayor capacidad organizativa.
Ahora que la justicia “blanca” debe juzgar la agresión contra Leo, no se puede negar que al ámbito judicial la gente indígena llega perdiendo porque esos espacios están teñidos de agresiones solapadas, humillaciones y descalificaciones por parte de los y las funcionarias públicas. A eso se suma el reconocimiento, casi tenebroso, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de que “cada juez es independiente”, como lo señaló el día de la “Manifestación contra la violencia y la impunidad”, frente al Poder Judicial, el miércoles 26 de enero de 2022. Esto resuena a total contradicción y coloca en indefensión a la gente indígena, pues si cada funcionario interpreta la ley a su entender y así juzga, seguirá sin aplicarse lo que por ley debiera para asegurar y defender los derechos de los pueblos originarios.
El casi asesinato de Leo García posiblemente se va a juzgar como un ordinario intento de homicidio, pero su origen no es un pleito de calle entre 2 personas, si no la disputa por la defensa del territorio de un pueblo indígena. Las interpretaciones personalizadas de los funcionarios lo que revelan es que el Estado y la institucionalidad no buscan discutir y consensuar sobre cómo aplicar la copiosa legislación y otras normas que existen y son claras y que – entre otras- incluyen el ya citado Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015.
En resumen, se deberían aplicar las leyes y numerosas sentencias como las indicadas, más las casi veinte sentencias de la Sala Primera que fallan a favor del reconocimiento de propiedad indígena sobre sus territorios. Incumplir los derechos de los pueblos originarios no es un problema jurídico, ni técnico, ni para no dañar la inviolable “libertad de criterio” de quienes juzgan; es un problema político, ético y está relacionado con la falta de voluntad y responsabilidad del Estado con esa población. Ante el aparato de justicia convencional una persona indígena llega en condición de inferioridad por problemas étnicos. Las normas, las leyes, las conductas y todos los mecanismos de orden social, fueron pensados y se aplican para desconocer la equidad de derechos. Por eso es que para mucha gente no indígena los territorios de los pueblos originarios son tierra ociosa, sin dueño y habitada por “indios vagos”.
En la historia reciente las incursiones de no indígenas en Bajo Chirripó Cabécar no han sido muy conocidas y de hecho no figuran con la intensidad informativa de las ocurridas en Salitre, Térraba y China Kichá entre otras. Pero el acontecimiento contra Leonel García deja clarísimo que el nivel de ensañamiento ya es similar. La violencia en Bajo Chirripó Cabécar no se debe ignorar pues es otra expresión de las carencias de la institucionalidad. En el plano puramente humano y de convivencia, no debemos tolerar que tantas personas vivan cotidianamente en la zozobra. Mucho menos debemos consentir que la gente indígena llegue a un punto en el que le cueste denunciar porque eventualmenter eso la hace más vulnerable ante sus agresores. ¿Qué haremos mientras la gente de los pueblos originarios está abandonada, perseguida y amenazada verbal y físicamente y el Estado y la institucionalidad parecen ajenas? De nuevo la pregunta es ¿cuántos asesinatos de personas indígenas está dispuesto a sumar el Estado de Costa Rica antes de reaccionar con efectividad?
Ahora, Leo García “con tres heridas viene: la de la vida, la de la muerte, la del amor”, como dijo el poeta Miguel Hernández. Pero él y su pueblo, y todos los pueblos originarios, acumulan muchas más heridas, unas físicas y visibles y otras internas; y todas las aguantan anclados en sus luchas y en la esperanza de que su vida mejore.