El 8 de septiembre de 1983, en la Asamblea Colegiada Representativa Nº 27, se decidió uno de los hechos más significativos y transcendentes de la vida institucional de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo ese hecho parece haber pasado desapercibido durante más de 36 años.
A raíz del III Congreso Universitario, el más crucial y determinante que ha tenido la UCR, se hizo una clara división de poderes. Antes la Universidad estaba dirigida por una Asamblea Universitaria, el rector y un Consejo Universitario integrado por el rector y los decanos. Entre muchas sustanciales reformas, la más importante fue definir una separación de poderes entre un legislativo y un ejecutivo. La Asamblea en sus dos formas: la Plebiscitaria para la elección de autoridades institucionales y decisiones que requieren de un previo plebiscito y la Colegiada Representativa, como órgano legislativo y deliberativo, estableciéndose, además, un Consejo Universitario, como una extensión de la misma Asamblea, con representantes de las áreas académicas de la Universidad, nombrados por la Asamblea Plebiscitaria, ajeno a la jurisdicción del rector.
Por otro lado, se estableció la rector, junto a decanos, a directores y jefes de Oficinas Coadyuvantes, como el ejecutivo.
En la mencionada Asamblea, se conoció el dictamen de una comisión de los más ilustres académicos universitarios, nombrada por la Asamblea en sesión Nº 25, sobre quién debería presidir la Asamblea. La disyuntiva era continuar presidiendo el director del Consejo (antes Presidente) o el rector. La decisión mayoritaria fue que la dirigiera el Rector.
Para ese entonces, nos opusimos enérgicamente el Dr. Jorge Gutiérrez, el Ing. Rodolfo Herrera, el Sr. Jaime Ordóñez, presidente de la FEUCR, y quien suscribe.
Debo resaltar la euforia que existía en ese momento por darle más protagonismo a la figura del rector, hecho que exaltaron los colegas afines al rector de turno, quienes con pasión defendieron esa tesis. Entre ellos el Dr. Orlando Bravo, el Dr. Guillermo Chaverri y el Dr. Jaime Cerdas.
Hoy, tantos años después y luego de analizar el decurso de nuestra Institución, vemos la grave situación que afronta ante la ausencia de toma de decisiones valientes y oportunas, y más bien se puede comprobar que se ha institucionalizado una cultura organizacional de crecimiento sin orden y planificación.
Al hacer una mirada retrospectiva a esa época, pude derivar, penosamente, que hemos tenido un desarrollo desorganizado y arbitrario ante la prevalencia de las ocurrencias de un ejecutivo y la ausencia de un proceso institucional de planificación por parte de un legislativo disminuido y sin recursos de legislación y de fiscalización oportuna y efectiva.
La Comisión aludida presentó adjunto a su informe un adéndum, con clara indicación de que este debería, como condición sine qua non, tomarse en consideración por la Asamblea Universitaria. Este importante documento urge a la Asamblea para que “solicite al Consejo Universitario, que se dedique de inmediato, a un análisis exhaustivo de todos los niveles jerárquicos técnico-docente-administrativos de la Universidad”. Apunta los siguientes:
- La Universidad de Costa Rica: fines y propósitos y su papel en el contexto de la educación superior.
- La necesidad de revisar el gobierno universitario:
- División de poderes.
- Niveles jerárquicos.
- Estructura de órganos y canales de comunicación y enlace entre Rectoría, Consejo Universitario y Unidades Académicas.
- Relación de los miembros con las Áreas que representan.
- División de Áreas Académicas de la Universidad.
- La Contraloría Universitaria: fortalecimiento, políticas y funciones.
- Revisión de funciones del Consejo Universitario para determinar si corresponden a los cambios sufridos en la Institución en su estructura y administración.
Curiosamente, desde esa fecha al día de hoy, estas recomendaciones han sido letra muerta y nadie ha acometido semejante tarea. El resultado ha sido una universidad sin compromiso de desarrollo regional, centralizada, con un conglomerado de unidades descoordinadas, innecesarias y dispendiosas en el gasto institucional; es decir, han reinado la improvisación y el desorden, ante la ausente planificación y control institucional.
Todo esto es producto de un Consejo Universitario disminuido en sus funciones y de un ejecutivo prepotente y ocurrente que constituye una afrenta a la institucionalidad. Una Asamblea que se convoca al capricho del ejecutivo y que ha sido sustituida por un Consejo de Rectoría Ampliado, todo en detrimento de la democracia y autonomía universitarias. ¿Cómo no va a ocurrir si el Consejo no preside el máximo órgano legislativo?
El daño infringido a la efectividad organizacional por involucrar al ejecutivo en la dirección del legislativo aparenta tener más consecuencias que las sospechadas. ¿¡A quién se le ocurriría que el Presidente de la República deba dirigir la Asamblea Legislativa!?
Las consecuencias son de la más variada índole: excesivo protagonismo y presencia del sector administrativo, que sólo debería ser un medio coadyuvante de la academia. Ausencia de una política salarial coherente, con excesos para unos y migajas para otros. Estabilidad laboral docente solo para unos pocos privilegiados y no para los muchos profesores interinos. Concentración de oportunidades académicas, centros, institutos en la Sede Central. Sedes Regionales fantasmas, con presencia mínima de la Universidad. Inadecuada e inoportuna división y jerarquización entre facultades y escuelas. Poca representatividad en los órganos de Gobierno. Escasa oferta no formal de extensión universitaria. Desvinculación entre la docencia, acción social e investigación.
Estamos de frente a la elección de un nuevo rector de la Universidad. Será pertinente que dé respuesta a todas estas inquietudes. ¡La Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el futuro Rector tienen la palabra!
