Legislación ciudadana y mandatos de Dios

El periódico La Nación S.A había, relativamente, abandonado su maña de hacer Photoshop en su portada y páginas interiores con la finalidad de sumar agua a sus molinos

El periódico La Nación S.A había, relativamente, abandonado su maña de hacer Photoshop en su portada y páginas interiores con la finalidad de sumar agua a sus molinos. Pero el sábado 3 de agosto retornó a su truco. En primera plana destacó a un enérgico (podría juzgarse amenazante) obispo de Tilarán-Liberia que, brazo en alto y dedos de la mano derecha autoritarios, apoya su sentencia: “Iglesia reclama su ‘derecho inviolable’ a meterse en política”. A su izquierda, aislado en el que suponemos el palco oficial, un algo divertido presidente de la República observa al orador. En la página interior seis, en foto grande y el mismo titular ya señalado, el obispo Manuel Eugenio Salazar, ahora de frente y mirando por encima de sus lentes, aparece reclamando el mismo “derecho”. En foto pequeña y casi de carnet, el presidente Alvarado dice que el vigor del obispo Salazar ha de ser entendido como un “llamado al diálogo y a la convivencia”… y que “el monopolio de la discusión (sic)” “no lo tienen los extremos o los extremistas”. O sea, no escuchó la provocación del  obispo o no la entendió y, además, una “discusión” monopolizada por un actor o actores no califica de discusión. En la jornada eclesial de celebración de la Virgen de los Ángeles, solo puede hablar el cura designado por la Conferencia Episcopal. Diálogo no existe ninguno.

Una de las fallas del obispo Salazar es que mintió, abiertamente, al menos una vez. Repitió la farsa institucional católica respecto a que la institución no discrimina a los homosexuales y lesbianas. Y que los respeta. “A una persona sexualmente diversa, ¿quién soy yo para juzgarla?”. El obispo no ha leído su Catecismo. O al menos no ha leído los numerales 2357 al 2359. O tal vez no sepa leer. Sobre los homosexuales, declara este Catecismo (levantando brazo y mano igual que el obispo Salazar) “son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. Líneas antes dictaminó este Catecismo: “Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”. Si el obispo Salazar respeta a los homosexuales debe o irse a otra iglesia o fajarse para  cambiar el criterio actual de su institución. Pero Salazar sabe que miente. La institución católica respeta a los homosexuales siempre que no practiquen. O sea que no “homosexualeen”. Dice el catecismo: “Las personas homosexuales están llamados a la castidad”.  Si no practican su homosexualidad, ‘pueden acercarse a la perfección cristiana’. Jocoso, excepto para los homosexuales. Quizás por esto el Presidente Alvarado observa divertido en su fotoshop al obispo Pinocho.

Lo anterior es un detalle. El destacado central del discurso del obispo Salazar es su reclamo de un “derecho inviolable de la institución católica a meterse en política”. Habría que discutir más fino. Los católicos (obispos, otros ordenados y laicos) son ciudadanos costarricenses. Como tales no tienen impedimento alguno para intervenir en política. La Iglesia católica es en cambio una institución, y no  cualquiera, pues reclama ser la única iglesia revelada. Es decir, por ella habla Dios. No existe ninguna manera de probar que esto es verdadero y tampoco de probar que es falso. Cuando sectores neopentecostales quisieron mostrarse como expresión del Santo Espíritu “hablando en lenguas”, en las pasadas elecciones del 2018, hicieron el ridículo. A la “única iglesia revelada” del planeta y a las que reclaman “hablar en lenguas” las afecta el Artículo 28 de la Constitución de Costa Rica “Nadie  puede  ser  inquietado  ni  perseguido  por  la  manifestación  de  sus  opiniones  ni  por  acto  alguno que no infrinja la ley.  Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  No  se  podrá,  sin  embargo,  hacer  en  forma  alguna  propaganda  política  por  clérigos  o  seglares  invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”. La última parte se la comió en la última elección nacional el TSE. Pero el aborto terapéutico y la homosexualidad por sí mismos no constituyen delito. La práctica homosexual es legal. Y el aborto terapéutico, al igual que el matrimonio homosexual, compromete al Estado con convenios internacionales que ha aceptado. Apedrear una reunión internacional de lesbianas en el país (ocurrió en algún momento y las autoridades no tomaron medida alguna contra el instigador) es delito.

El punto conceptual es claro: mientras las “metidas en política” de cualquier iglesia y fieles se apeguen a la ley, resultan legítimas. Si no lo hacen, pueden pasar a ser contravenciones o delitos e, investigación previa, sus fechores, pueden ir, si es del caso, a presidio. Como cualquier ciudadano. Se sigue de la legislación costarricense. Y el punto tiene un corolario: ninguna iglesia puede alegar acciones porque así se lo ha exigido Dios. Dios no es ciudadano costarricense que se sepa. Y la legislación es clara: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. Si la legislación legaliza el matrimonio y la familia homosexuales, el aborto terapéutico y la fecundación in vitro, no hay nada que discutir. Por supuesto se puede dar la batalla para cancelar esa legislación. Pero quienes la protagonizan no pueden apelar a al deseo de Dios para sostener sus reclamos. De esta manera, el obispo Manuel Eugenio Salazar puede ir bajando la mano y el tono. Nadie en Costa Rica cuestiona los derechos de iglesia alguna,  por extravagantes que sean. Pero tampoco puede la ciudadanía permitir que en nombre de Dios se destruyan derechos de los costarricenses. Estos últimos tienen libertad para creer o no en dioses.

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