En la crisis actual que vive la Universidad de Costa Rica luego de que saliese a la luz pública el nombramiento hecho por el rector Henning Jensen de su hija en un puesto en el Centro Infantil Laboratorio con fondos de uso discrecional de la rectoría, se ha discutido la legalidad de ese acto administrativo, pero se ha analizado menos, de manera desapasionada, sus consecuencias para la legitimidad del desempeño en el cargo del rector y para la conciencia lúcida de la que dice ser portadora la Universidad de Costa Rica frente a la sociedad civil y frente al sistema político costarricense.
El caso ha puesto en evidencia los límites del marco legal de la institución en la medida en que una instancia competente ha reconocido que hubo una falta en el proceder del rector, pero otra ha determinado que no hay un procedimiento para ocuparse de la falta señalada. El agotamiento del marco jurídico institucional ha generado un clima conflictivo y en la comunidad surgen voces con motivaciones distintas que claman, unas contra la impunidad y lo que llaman corrupción, y otras que ven una campaña de desprestigio contra el rector.
La situación se torna aun más confusa cuando el Consejo Universitario decreta el asunto clausurado, pero conmina a las personas que tienen puestos de responsabilidad en la institución a no hacer lo que ha hecho el rector y promete crear una normativa para atender casos similares futuros. De este modo, sobre la base de una cierta lectura de la autonomía universitaria se hace abstracción de que la Universidad de Costa Rica es una institución del Estado costarricense y que para el caso en cuestión este tiene los respectivos instrumentos.
Ante la parálisis del marco institucional, se propone llevar el asunto a la Asamblea Colegiada Representativa, instancia en la cual, si continuara el clima de polarización actual, unos clamarán por la legalidad del acto del rector y otros por exactamente lo contrario. Si esto sucediera, al final el bando que haya logrado movilizar más votos aparentemente será el vencedor. Pero el triunfo será al interior de la burbuja universitaria porque el asunto ya ha sido llevado al Ministerio Público quien deberá pronunciarse al respecto.
Así, el marco jurídico e institucional sería la arena de nuevos conflictos y nuevas confusiones, incapaz de enfrentar las cuestiones de fondo relacionadas con la legitimidad. Tanto las máximas autoridades como la comunidad universitaria deberían plantearse la pregunta si todo lo acontecido, independientemente de su legalidad o ilegalidad, ha tenido y tiene efectos lesivos y deletéreos tanto para el ejercicio del cargo por parte del rector como sobre la autoridad moral que en principio ostenta la Universidad de Costa Rica.
Parece ilusorio que este asunto pueda ser desvanecido o disuelto en el corto plazo mediante un artilugio legal o a través de la obtención de una mayoría de circunstancia en la Asamblea Colegiada. Aun más problemático resulta que sea el Ministerio Público quien venga a resolver el impasse jurídico e institucional. No será tan fácil que la legalidad oblitere la cuestión de la legitimidad.
En consecuencia, hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan, de forma serena, el tema de fondo: determinar lo que es remediable o irremediable en el orden de la legitimidad y de la ética de la función pública en relación con el acto administrativo del rector. La autoridad moral de la Universidad se fundamenta en su vocación de universalidad en términos de los saberes que cultiva y de los valores que promueve. Sostener en la práctica y peor aun con argumentos legales que tal universalidad admite excepciones no hay duda que atenta contra la credibilidad y el prestigio de la institución.
