Varios actores sociales, entre ellos profesionales de la comunicación y hasta los mismos diputados y diputadas, han denunciado que, en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y las crisis que se han generado en los ámbitos económico, político, social y cultural, algunos grupos y representantes que fueron electos para procurar el beneficio del pueblo costarricense están tratando de llevar adelante, de manera acelerada, las reformas que, desde hace varios años, han tratado de impulsar.
En Costa Rica, desde 1940, con la creación de la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas han sido un pilar fundamental de la institucionalidad pública y democrática. Han permitido la formación de profesionales y de capital humano en diversos campos del saber; han promovido la investigación de alto nivel, con miras al favorecimiento de la creación de nuevo conocimiento y la solución de problemas país. Además, han estudiado y atendido las necesidades de las comunidades costarricenses por medio de la acción social, todo esto con base en un modelo humanista y de pensamiento crítico, que nos arroja luces sobre el hecho de que no existen “soluciones únicas” o “mágicas” para las crisis, si no se enfrentan a partir de evidencia y de propuestas serias.
La democracia y el desarrollo de nuestro país, por medio de la inversión en educación superior pública, han permitido avanzar en términos de equidad social, al promover la movilidad social ascendente; en términos de deliberación y de debate, al promover ideas, estrategias y herramientas para el cambio social incluyente; en términos de igualdad social, por medio del ingreso de estudiantes de diferentes grupos sociales, con políticas afirmativas como los programas de becas que permiten la permanencia en el sistema educativo, destacando aquí el sólido y robusto programa de becas que posee la Universidad de Costa Rica.
Para nuestra democracia, ha sido vital la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, concebidas por sus creadores como instrumentos para evitar la influencia de ideas políticas totalitarias y la persecución de la juventud y de los intelectuales como librepensadores. En términos del desarrollo del país, la regionalización universitaria, ejemplo para América Latina, desde finales de la década de 1960 ha permitido una democratización de la enseñanza superior, así como el apoyo para el desarrollo regional y el impulso a la movilidad social en las regiones.
El Fondo Especial para la Educación Superior constituyó un pacto social para garantizar el financiamiento de las universidades públicas y representa un 1,5% del PIB del país, para la atención de más de 100.000 estudiantes, en un contexto en el que, contradictoriamente, otros grupos optan por maneras menos solidarias e inclusivas en la búsqueda del beneficio particular, como lo demuestra el hecho de que la evasión y la elusión fiscal se ha calculado en 4,6% del PIB.
Por esa razón, medidas centradas en la autonomía financiera, como ha planteado el Banco Mundial, entre otros organismos, o reducir el monto del FEES, no resuelven la crisis fiscal del país, que ya ha llegado al 6,96% del PIB, sino que más bien generarían exclusión social y un mayor incremento en las desigualdades.
La Universidad de Costa Rica tiene plena conciencia de que algunos aspectos de su funcionamiento se deben mejorar y para ello ha promovido espacios de reflexión y autocrítica, los cuales han ayudado en parte a identificar no solo en dónde debemos ser más eficientes, sino también en dónde podríamos ahorrar recursos. Por ello la educación superior pública es un bien social, que profundiza nuestra democracia, que promueve el desarrollo y, como tal, debe ser defendida para garantizar el bien común.
Señores diputados y señoras diputadas, la comercialización de la educación superior no es el camino para el desarrollo y su estigmatización como “enemiga” del país, simplemente obedece a un discurso político donde la privatización aparece como la “solución mágica” para todos nuestros problemas, pero no lo es.
Por otra parte, llama la atención el hecho de que algunos editorialistas hagan uso del informe de la Comisión Legislativa para llegar a conclusiones basadas en afirmaciones y razonamientos insidiosos, con la intención, por un lado, de hacer creer a la ciudadanía que la Universidad de Costa Rica es la culpable de gran parte del déficit fiscal del país y, por otro lado, de intentar crear división entre las universidades públicas.
Por esa razón, me permito instar a nuestras autoridades, pero sobre todo a toda nuestra comunidad universitaria, para organizarnos por el resguardo de la universidad pública de nuestro país. Hago un llamado especial a las demás universidades públicas para que unifiquemos esfuerzos y promovamos espacios de diálogo con los diferentes actores sociales, con el fin de aclarar este comprometido panorama que atenta contra nuestras beneméritas instituciones.
