El 14 de marzo de este año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tuvo un “diálogo constructivo” con el Estado costarricense, en el marco de la evaluación del país del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención aunque es una obligación jurídica internacional, también es parte de nuestro bloque jurídico, ya que al ser firmada y ratificada por la Asamblea Legislativa, se convirtió no sólo en una ley, sino una norma que puede ser jerarquicamente superior a nuestra misma Constitución. Es por esta razón, que es tan importante prestar atención a las observaciones finales que hizo este comité sobre sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de Costa Rica, ya que señaló por un lado el cumplimiento, avances y buenas prácticas pero particularmente señala aquellos problemas que tienen que ser atentidos por constituir violaciones a los derechos de las personas con discapacidad.
Si bien, el informe final aún no está disponible, es práctica habitual, comunicar una versión “avanzada no editada”, que anticipa lo que será el informe final CRPD/C/CRI/CO/2-3, el cual vale la pena leerlo, particularmente si usted es “agente de Estado”, es decir, que representa o trabaja para el Estado, porque hace referencia a obligaciones supraconstitucionales, aunque en la práctica se manejen más en el ámbito de la “diplomacia”.
Entre e las principales preocupaciones del Comité fue la ausencia de una delegación fuerte que pudiera responder adecuadamente a las preguntas y comentarios sobre diversos aspectos de los informes y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad para atender la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
En relación con las mujeres con discapacidad, el Comité observó con preocupación:
- Que son insuficientes las medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad;
- Que los programas de formación y capacitación política del INAMU no priorizan a las mujeres con discapacidad;
- Que no existe un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso (violencia basada en el género) pero también la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en estos casos;
- Que hay una baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el poder judicial;
- Que hay una falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos.
Ante estas preocupaciones, el Comité le recomienda a Costa Rica:
- Incorporar la perspectiva de discapacidad en las leyes y políticas de igualdad de género, e incorporar una perspectiva de género en las leyes y políticas de discapacidad, en estrecha consulta y con la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad, en particular las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad;
- Agregar la perspectiva de género y de discapacidad en la estrategia nacional para la inclusión financiera;
- Incrementar las medidas de apoyo para que las mujeres con discapacidad se incluyan en la vida política y pública del Estado e incluirlas como grupo objetivo en los programas de capacitación y formación del INAMU;
- Acelerar la elaboración e implementación del protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación y la violencia;
- Garantizar a mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia de género, servicios incluyendo los centros de apoyo y refugios de emergencia, accesibles en todo el territorio del Estado;
- Tomar medidas destinadas a lograr el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad y garantizar que estén representadas en la vida política en funciones decisorias, en los 3 poderes de la republica ncluyendo INAMU;
- Recopilación datos exhaustivos y desglosados sobre sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad.
Lo que sigue, es que Costa Rica envíe sus respuestas a estas observaciones a más tardar el 1 de noviembre de 2030, y estas respuestas serán tomadas como los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados.
¿Qué hará nuestro país durante este tiempo para asegurar los derechos de las personas con discapacidad en toda la extensión de sus obligaciones jurídicas?
