Por el contrario, siempre he estado en contra de esta clase de fenómenos que, por regla general, juegan con el honor de los seres humanos y muchas veces finalizan en meras cortinas de humo y, en la mayor parte de ellas, con daños invaluables a los involucrados.
Fui funcionario del Poder Judicial y hoy me encuentro acogido a mi jubilación. Por 30 años de mi vida laboré en esa institución, donde ingresé creyendo que se trataba de la institución más inmaculada y progresista de mi país, ejemplo de democracia continental. Precisamente porque evoco aquellos momentos desde mi perspectiva de entonces, como un joven universitario, es que no puedo permanecer impasible ante los recientes acontecimientos de la semana.
Mis palabras no constituyen un revanchismo de carácter personal, sino que tengo respeto profundo por las personas afectadas en los hechos y hasta debo confesar que interiormente me siento satisfecho de que no haya existido mayor perjuicio para alguna de ellas, quien siempre ha gozado de mi alto aprecio. Se trata, por el contrario, de un asunto de principios, referente a la legitimidad misma del sistema de Administración de Justicia, el cual, como sabemos, se constituye en la columna vertebral del régimen republicano y democrático por el que optó el Constituyente de 1949 y que es aquel en el que (creo yo) vivimos.
Es inaudito e inconcebible que el más alto órgano de la Casa de la Justicia haya optado por dos soluciones abiertamente irreconciliables entre sí y claramente desproporcionadas, que no son sino reveladoras de un profundo sesgo y de una brecha claramente palpable entre la Cúpula Judicial y el resto de personas que ahí brindan sus servicios. Esto es precisamente lo que se ha puesto en el tapete: la profunda zanja divisoria entre las alturas y lo que podríamos denominar “el pueblo llano” del sector judicial y que se manifiesta todos los días y de muchas formas.
No conozco los pormenores del caso, ni el informe preliminar del señor Magistrado Instructor, pero, como Juez que fui, sé perfectamente que el principio de proporcionalidad, con base en la Carta Magna, establece que la respuesta que se brinde debe ser la adecuada en su justa medida. Por haber sido Fiscal y luego Juez de Juicio, no encuentro solución posible al dilema planteado por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en esta semana: dos meses de suspensión para la señora Fiscala que formuló una petición de desestimación y una simple, sencilla y hasta ridícula amonestación escrita para quienes resolvieron sobre tal petición. Lo resuelto deja perplejo a cualquiera con un mínimo de entendimiento sobre el tema, ya que el principio iura novit curia impone a quienes ejercen la Judicatura emitir un pronunciamiento acorde con el ordenamiento jurídico, con independencia de las peticiones que puedan ser emitidas por los sujetos procesales, que en última instancia no son quienes resuelven.
El sinsabor que queda es precisamente la forma distinta en que se aprecian y perciben los comportamientos de alguien integrante de la cúpula de quien no lo es. Hay muchísimas historias de personas sancionadas (pude apreciarlas a lo largo de 30 años) por situaciones de índole personal, por algún retraso (en donde no era excusa el exceso de trabajo) e, incluso, revocatorias de nombramientos y hasta persecuciones absurdas como la de la señora Exjefa de la Defensa Pública o causas disciplinarias por fotos en redes sociales, todas en contra de miembros del “pueblo llano”, sin inquietar a nadie de la Cúpula. En el año 2011, se sancionó a una compañera de entonces, en un caso en donde fue exhibida de forma inmisericorde por un sector de la prensa, y en el que la sesión de Corte Plena en que se le sancionó con suspensión del cargo fue transmitida en directo por un medio de radio, con el beneplácito de quienes en ese momento tomaron la decisión de aplicarle el régimen disciplinario por un cambio de prisión preventiva (a diferencia del secretismo que ha rodeado todo esto).
Es incomprensible que la mano de hierro aplicada a quien peticionó se cubra de un blanco guante para quienes resolvieron, dejándose de lado el tipo de asunto resuelto y, lo más importante, que se trata de las personas que en este momento ejercen el más alto cargo de Justicia Penal en el país. El tratamiento ha sido asimétrico, desigual y discriminatorio, por no señalar más que algunos adjetivos.
Lo anterior deslegitima al sistema judicial en pleno (y llena de vergüenza ajena a quienes fuimos parte de él), por ser una decisión tomada por sus máximos jerarcas en contra de “sus pares”, y evidencia que la burbuja en que se han autopercibido, y que se construye con base en un sistema lineal, verticalizado y autoritario, debe ser modificada para que estas situaciones intolerables e indignantes no subsistan. De lo contrario, hay que hacerse eco de lo que un conocido me indicó en forma irónica: “cualquier cosa que haga no me preocupa, lo más que me harían sería amonestarme y mandarme una cartita para que me porte bien”.
