El núcleo duro de la Ley Marco de Empleo Público está radicado en la gobernanza general del
sistema de empleo público, que se le atribuyó a MIDEPLAN.
Esta rectoría política prácticamente se extiende a todo el aparato estatal: los poderes del
Estado, las instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas.
No obstante, la ley expresamente excluyó de esta rectoría “(…) las relaciones de empleo de
las personas servidoras públicas que desempeñan funciones o labores administrativas,
profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las
competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u
organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.” (artículo 6).
Esta exclusión se reitera en varias normas que regulan los componentes de la relación de
empleo público.
La ley vino aquí a incorporar una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el
principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de
las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades
La incorporación de esta cláusula de salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión
Consultiva de la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021,
que atendió, en su oportunidad, la consulta facultativa acerca del proyecto de dicha ley.
Recordemos que este pronunciamiento de la Sala Constitucional estableció que más de 30
artículos del proyecto resultaban inconstitucionales, porque vulneraban el principio de
separación de poderes, independencia judicial y la autonomía de gobierno u organizativa de
aquellas instituciones públicas.
Este pronunciamiento de la Sala Constitucional reconfiguró el proyecto de ley. Así las cosas,
para definir, en el ámbito de los poderes del Estado y esas instituciones autónomas, incluida la
Caja Costarricense de Seguro Social, aquellas funciones exclusivas y excluyentes, resulta
imprescindible recurrir a la doctrina constitucional contenida en ese voto.
Por una parte, el voto desarrolla una consideración de principio, de carácter general: no es
inconstitucional que exista una Ley Marco de Empleo Público, siempre y cuando respete los
principios de separación de poderes y no vacíe el contenido de las autonomías reconocidas a las
universidades, CCSS y municipalidades.
El voto afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo, es incompatible con esos
principios constitucionales y la autonomía de esos entes.
Asimismo, advierte que compete a los órganos supremos de los poderes del Estado e
instituciones autónomas, definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las
competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el
cumplimiento de estas.
Por otra parte, en el caso particular de la CCSS, ese voto vuelve sobre la propia
jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de
gobierno, que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la
protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.
Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y
contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido
constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N°2011-14624).
Asumiendo estas premisas, en lo que concierne específicamente a la Caja Costarricense
de Seguro Social, el voto afirmó que los artículos 6, 9, 17,18 y otros del proyecto
consultado son inconstitucionales, porque violentan la autonomía administrativa y gobierno
de esa institución, en virtud que “no se excluye de la potestad de dirección [de MIDEPLAN]
a los funcionarios que participan de las actividades vinculadas a los fines
constitucionalmente asignados a la CCSS, y quienes ejercen cargos de alta dirección
política, así como todo aquel funcionariado administrativo, profesional y técnico, que
establezcan los máximos órganos de la entidad aseguradora.”
Asimismo, reparó que el artículo 13.b) también es inconstitucional, “por no incluir en el
citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo,
profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a
la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra.”
Con fundamento en estas consideraciones de la Sala Constitucional, generales y específicas,
que recogen la doctrina de la materia, a la luz de la cual hay que interpretar aquellas normas
de la Ley Marco de Empleo Público, se puede sostener que todas las clases del Manual de
Puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sean de carácter asistencial, auxiliar,
técnicas, administrativas, profesionales, reconducen a funciones de carácter exclusivas y
excluyentes, absolutamente imprescindible para el cumplimiento del objetivo constitucional
asignado a esa institución.
Las funciones que comprenden todas estas clases de puestos son de carácter exclusivas y
excluyentes, indispensables para garantizar la operatividad, regularidad, continuidad y
eficiencia en la prestación del servicio público.
Todas las clases de puestos cumplen cometidos vinculados a la prestación de los servicios
que le corresponde asumir a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, que comprende unitariamente todos
los servicios y actividades que realizan sus servidores, desde las labores asistenciales,
auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales, hasta las funciones profesionales más
especializadas en el campo de la medicina, por lo que resultaría totalmente artificioso
establecer una dualidad de colectivos funcionariales, unos sujetos a la gobernanza de
MIDEPLAN, y los demás, sometidos a la regulación de la propia institución, a contrapelo del
precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la
prestación de los servicios.
La consigna asumida por los sindicatos: “Qué nadie se quede atrás, ni afuera”, constitucional e
institucionalmente es la correcta, porque la autonomía de la Caja cobija a todos sus servidores
y servidoras, sin distingos de ninguna especie.
