Opinión

La xenofobia nos está enfermando…literalmente

El primero de julio anterior, una mujer embarazada y su esposo, ambos nicaragüenses, fueron recibidos de emergencia en el Hospital San Juan de Dios para una cesárea. Él estaba infectado con Covid-19, y no lo comunicaron. El saldo: dieciséis  trabajadores de la salud aislados por varios días. Indignante, ¿cierto? De hecho, sí. ¿Qué lleva a … Continued

El primero de julio anterior, una mujer embarazada y su esposo, ambos nicaragüenses, fueron recibidos de emergencia en el Hospital San Juan de Dios para una cesárea. Él estaba infectado con Covid-19, y no lo comunicaron. El saldo: dieciséis  trabajadores de la salud aislados por varios días. Indignante, ¿cierto?

De hecho, sí. ¿Qué lleva a alguien a hacer eso? Es imposible decirlo con seguridad, pero pongámonos en su situación: El 10 de marzo, el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, afirmó que se atendería gratuitamente a cualquier persona con síntomas de Covid-19 independientemente de su condición migratoria por ser un asunto de salud pública.

Resulta lógico, dado que una persona indocumentada sin control médico es un vector que puede propagar el virus a la población nacional.  Esta es la misma razón por la cual el año pasado fue revertida una moción a la reforma integral de la Ley General del VIH, que pretendía negarle el tratamiento retroviral a las personas migrantes sin documentos.

Sin embargo, tras el pico de casos en las empresas agroexportadoras de la Zona Norte y una ola de xenofobia, el gobierno cambió su posición, en un giro que parece más político que técnico: El 29 de mayo se emite una directriz para que solo con presencia de la Fuerza Pública o de Migración se atendiera a personas indocumentadas en los centros de salud de Los Chiles.

Esta directriz vivió poco (hasta el 11 de junio), pero en su lugar se le comenzaría a cobrar la atención médica a las personas migrantes sin seguro, según admitió Mario Ruiz en el programa Nuestra Voz el 12 de junio.

Tantos giros y versiones nos dicen que ni las mismas autoridades de la CCSS y el gobierno están seguros de cuál es su política al respecto. Entonces, ¿qué puede esperar una persona nicaragüense, con o sin papeles, cuando entra a una clínica? ¿la van a atender?, ¿le van a cobrar?, ¿la van a crucificar en las noticias?, ¿la van a deportar? No se sabe, nadie sabe.

Tal vez es esta incertidumbre la que hace más común noticias sobre personas sin seguro (probablemente extranjeras) que no van a centros de salud a pesar de estar en riesgo de tener Covid-19, o que tienen órdenes sanitarias y aún así intentan irse del país o moverse dentro del país, o en general, comportamientos que ante nuestros ojos pueden ser erráticos e irresponsables, pero la verdadera amenaza surge cuando desde el gobierno se intenta saciar a las insaciables voces xenofóbicas.

La prensa tradicional también tiene su cuota de culpa, porque es tentador ceder a la borrachera nacionalista, con lo fácil que es cosechar rating y clicks con extensas coberturas de los operativos en la frontera, de las fiestas en Alajuelita o de los casos positivos en Pavas, sin cuestionar de paso las condiciones laborales, de vivienda y de salud que experimentan estas personas. Perpetuando así mitos largamente desmentidos sobre que “los nicas” nos saturan el seguro y las ayudas sociales, cuando en realidad aportan mucho más a la economía costarricense de lo que consumen (ver El mito del imán de bienestar en Semanario Universidad).

Es decir, en vez de preocuparnos por que el Covid-19 está atacando desproporcionadamente a personas nicaragüenses vulnerables, estamos culpabilizando a esas personas de su marginación estructural e histórica, y con ello, les expulsamos hacia la clandestinidad, una situación que necesariamente conlleva a más y más casos positivos de Covid-19.

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