Para iniciar, formo parte del 65 % de trabajadores interinos que padece las consecuencias de un sistema que es muy injusto y desigual. No obstante, tuve el honor de empezar a trabajar como profesor de Historia de la Cultura en la Sede del Atlántico, donde contribuí y compartí experiencias con estudiantes que provienen de regiones muy excluidas del desarrollo socioeconómico y educativo de este país. Más recientemente me he desempeñado como docente en la Escuela de Estudios Generales.
Con el ánimo de estabilizar mi situación laboral, a finales del 2015 decidí participar en el Concurso de Antecedentes 03-2015, que abrió dicha Escuela. Los requisitos obligatorios eran contar con título de maestría y dos años de experiencia docente, cosa que en ambos casos cumplía a cabalidad. Como resultado de mi gestión, en dos ocasiones, la máxima autoridad de esa unidad, la Asamblea de Escuela de Estudios Generales, me ratificó una plaza en propiedad.
Pero, de manera sorpresiva, dicha resolución fue objetada arbitrariamente por el Vicerrector de Docencia, Dr. Bernal Herrera. Como sé que mi experiencia puede ser útil para otros docentes he decido hacerla pública. ¿En qué consistieron estas violaciones jurídicas? En primer lugar es importante señalar que los concursos de antecedentes están regulados por el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. No se resuelven a dedo o caprichosamente.
En segundo lugar, los diversos atropellos con que me acometió la UCR, en la persona de su Vicerrectoría de Docencia (VD,) los resumo de la siguiente manera:
Primero, la Vicerrectoría alegó la presentación extemporánea del comprobante de experiencia docente, cuando la Unidad Académica me certificó la entrega en tiempo y en forma del documento. Luego, la institución discriminó negativamente mi experiencia como docente en Sedes contra la misma experiencia de otros compañeros de la Sede Rodrigo Facio al no resguardar adecuadamente mi experiencia laboral.
Más adelante, la comunicación de los actos finales de adjudicación que realizó la Vicerrectoría omitió abiertamente la mención explícita de las razones de la objeción a la plaza que me habían ratificado, buscando dejarme en un estado de total indefensión jurídica, pues no podía apelar una decisión sin conocer sus razones.
Entonces, la Vicerrectoría varió a su antojo los plazos otorgados para la presentación de recursos de revocatoria y apelación violentando la normativa que protege la legítima defensa en la vía administrativa.
En quinto lugar, la Vicerrectoría violó a confesión de parte, la consulta a la Oficina Jurídica que obligatoriamente, según reglamento, se debe realizar cuando esta objete una ratificación de acuerdos en firme realizados por una Asamblea de Escuela.
Finalmente, la Vicerrectoría implementó una estrategia de intimidación a la Asamblea de Escuela por medio de prevenir un posible prevaricato por osar ratificar en dos ocasiones los acuerdos en firme sobre la plaza que se me otorgó. Es importante mencionar que cuento con pruebas de cada uno de los atropellos acometidos.
Por todo lo anterior, quiero hacer un respetuoso llamado a las autoridades universitarias para que modernicemos los mecanismos de consolidación de nombramientos en propiedad, pues es inaceptable que en una Universidad tan prestigiosa como la nuestra nos expongamos a mecanismos desactualizados y a procesos donde algunos funcionarios actúan por encima de la institucionalidad. También hago un respetuoso llamado a los docentes interinos y al Sindéu, para que ejerzan una mayor fiscalización sobre los concursos de antecedentes. Cierro señalando que en el marco de una Universidad que promueve el pensamiento crítico, no quisiéramos que siga sucediendo lo que les ocurre a aquellos personajes kafkianos que terminan atrapados en la incertidumbre de instituciones que se mueven entre la irracionalidad y la arbitrariedad.
