La universidad y su pandemia

El COVID-19 se ha convertido en el único lugar de enunciación. Todo lo que ocurre y todo lo que se dice es COVID. No hay adentro, ni afuera. Todo tiene la misma cara como la cinta de Moebius. Si bien estoy en desacuerdo con este monismo discursivo, admito que las construcciones teóricas y las reflexiones [...]

El COVID-19 se ha convertido en el único lugar de enunciación. Todo lo que ocurre y todo lo que se dice es COVID. No hay adentro, ni afuera. Todo tiene la misma cara como la cinta de Moebius.

Si bien estoy en desacuerdo con este monismo discursivo, admito que las construcciones teóricas y las reflexiones que podemos hacer desde ciertas tradiciones tienen que ajustarse a nuevas situaciones, porque están constituidas y mediadas por la historia.

Cuando la tecnociencia hacía gala de su capacidad para organizar la producción, la distribución y el consumo; cuando organizaba simples acciones cotidianas (como waze), cuando al controlar la información se creía lograr el control sobre las cosas, apareció el virus y el transhumanismo del Silicon Valley, y la ambigüedad moral de los posmodernos rodó por el suelo. En estos déficits de la tecnociencia y en este malestar en la cultura, es donde la pandemia le ofrece otra oportunidad a las políticas neoliberales contra la universidad.

Así lo entiende la Ministra de Planificación y el Poder Ejecutivo con el proyecto de Ley de Empleo Público, así también los diputados que el 26 de mayo presentaron el informe sobre la administración del FEES, pero que terminó siendo una descalificación del funcionamiento global de las universidades públicas.

En ambos casos, la demolición de la universidad pública se disfraza de voluntad para poner orden en los desórdenes de las universidades (algunos obvios y que están a la vista de toda la comunidad universitaria), pero que en verdad esconden la intención de privatizar el conocimiento. Por eso, la educación (tanto para el Gobierno como para la comisión de la Asamblea Legislativa) debería ser capaz de construir “bien público”. Con esta sutileza, la sociedad es expropiada del derecho a estudiar.

Estos proyectos, informes, campañas de prensa son deudores de la Ley 9635, más conocida como Plan Fiscal. En segundo lugar, dicen seguir las recomendaciones de la OCDE; en tercer lugar, lo que no dicen es su carácter complementario con otras leyes:  la ley que, de facto, derogó el derecho de huelga y de protesta en el país; la que modifica la jornada laboral para que se trabajen 12 horas en cuatro días (que destruirá físicamente y emocionalmente a los trabajadores, especialmente a las mujeres) y la cínica ley que declara al 9 de marzo como “Día Nacional de la Conciliación de la vida familiar con la vida laboral” (sic).

Asimismo, hay que sumar las distintas reducciones que se han efectuado al presupuesto universitario en los últimos dos años: los ¢10 mil millones recortados a principios de 2019 y la no devolución del 4% del impuesto a las compras.

Esta oportunidad que los neoliberales están aprovechando al máximo en contra de la Universidad se ve favorecida por la despolitización, deshistorización y compromiso con el partido de gobierno por parte de la mayoría de la comunidad universitaria. Y, así, seguimos “soñando con la hoguera donde siempre somos la leña”.

En estos momentos, el proyecto de Ley de Empleo Público es mucho más importante que el informe de los diputados por la sencilla razón de que ya es un proyecto de ley. En cambio, el informe del 26 de mayo contiene in nuce varios prospectos de ley y habrá que esperar que los mismos diputados que lo redactaron lo transformen en iniciativas de ley, aunque ya podemos adelantar sus características: se tratará de leyes que interpreten la Constitución Política en contra de la autonomía universitaria y a favor de las tesis fiscalistas y privatizadoras.

En el proyecto de Ley del Empleo Público del Gobierno, Mideplan se erige como ente rector de las universidades públicas y anula el establecimiento autónomo de las normas laborales, de evaluación y salariales internas. Para el Gobierno, la autonomía universitaria coincide con la libertad de cátedra y es algo que solo ocurre dentro de las aulas.

En segundo lugar, Mideplan sería el ente rector a la hora de orientar la formación y capacitación del personal universitario.

Deja también de lado un propósito fundamental que posee la remuneración en el ámbito de educación superior universitaria: la atracción y la conservación del recurso humano, científico, técnico y profesional más calificado que requiere el desarrollo de todas las áreas del conocimiento humano, en estratos muy altos de conocimiento especializado, ajenos a la realidad y necesidad del resto de la Administración Pública. Este punto es muy importante porque coincide con lo planteado por los diputados del PLN en su informe: salarios, investigación, becas, infraestructura y demás quedarán subordinados al cálculo económico.

Sin embargo, la Rectoría ha conformado una comisión que está “analizando” el informe del 26 de mayo como si ese informe fuese el único ataque que sufre la Universidad pública costarricense en tiempos de pandemia. No invita a discutir procesos (mucho menos a organizarse) ni a discutir la Ley de Empleo Público.

Entendemos: el informe del 26 de mayo fue construido hegemónicamente por el Partido Liberación Nacional; en cambio la Ley de Empleo Público por el partido de Gobierno. En el mismo movimiento, la Rectoría decide cuál documento es problemático para la universidad y cuál no, repite el mismo error de su antecesor y piensa como si no hubiera una alianza pluripartidista en contra de la universidad pública costarricense donde está incluido el PAC; mientras continúa el coaching sistémico y anticientífico, así como la desconfianza institucionalizada.

Entonces, es fácil para las élites someternos a su propio espejo deformante. Son nuestros errores y nuestra escasa voluntad de cambio y nuestros compromisos políticos equivocados los que nos impiden situarnos frente a los ataques. Por eso nos hemos vuelto erráticos, porque no nos reconocemos como una circunstancia histórica y situada en condiciones geopolíticas y geoculturales de clase y de género, sino como portadores de una universalidad abstracta.

Pero está en la historia de la Universidad y del país que aquí se ha defendido el derecho a estudiar con acompañamiento pedagógico y financiado con fondos públicos. Ese acompañamiento se hace en determinadas condiciones y con determinados recursos, pero los neoliberales nos tratan como si fuésemos restos de un pasado anterior y externo al país. Por eso estoy convencido de que, cuando despertemos del sueño pandémico, el monstruo del neoliberalismo todavía seguirá allí. Afuera y adentro de la Universidad.

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