Según el estudio que el Dr. Jorge Vargas Cullel presentó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y a pesar de que hubo un “plan fiscal” durante el gobierno de don Abel Pacheco que naufragó en la Justicia, las finanzas del Gobierno central de la República se desequilibraron durante el segundo gobierno del Dr. Óscar Arias Sánchez; más precisamente, en el año 2008. A partir de allí, no se han podido recomponer, permaneciendo en déficit hasta nuestros días.
Ese año aumentó dramáticamente la planilla de empleados públicos y no es casualidad que ese haya sido el año en que se discutió el Tratado de Libre Comercio con los EE UU, aunque la excusa haya sido “proteger” a la gente de la crisis hipotecaria de EE UU. Así que digámoslo claramente: ese año se compraron voluntades para apoyar el TLC a través del empleo público.
Y la segunda causa principal del desfinanciamiento del Gobierno central (sin contabilizar la deuda) es el fraude fiscal. Lo que el plan fiscal compra al contado es la impunidad de los que defraudaron al Estado fugando capitales a Panamá.
Al socializar el déficit fiscal, la alianza liberal-conservadora que nos gobierna descarga sobre las espaldas de los contribuyentes la falta de coraje político para presionar a los que fugaron capitales, y socializa la impericia y la demagogia de un gobierno liberacionista. Y, por supuesto, cuenta con el apoyo irrestricto de todos los liberacionistas, incluyendo aquellos que son profesores universitarios y exministros de aquel gobierno, y no advirtieron el problema que le estaban heredando al país.
Como vemos, es conveniente historizar los problemas y entender por qué los neoliberales no necesitan de la historia para pensar, porque saben que la historia no los absolverá.
En segundo lugar, quiero señalar que uno de los efectos de tal socialización de las pérdidas ha consistido en derogar las leyes que asignaban recursos específicos para la Universidad de Costa Rica y que sostenían financieramente a las sedes de Paraíso y Puntarenas. Cuando el plan fiscal comenzó a ser discutido en nuestra universidad, se señaló el carácter regresivo de su economía política y el daño que podría causarles a las finanzas universitarias.
Pero pocas semanas después, nuestro rector ha tratado de tranquilizarnos sosteniendo que en el mes de setiembre había firmado un “compromiso político y financiero” con el Poder Ejecutivo donde este se comprometía a transferir fondos a la Universidad para sostener esas sedes en caso que el plan fiscal anulara esas leyes, como efectivamente sucedió en primer debate. Y a partir de entonces, el plan fiscal pasó de ser “regresivo y lesivo” para la Universidad a ser un monumento a la justicia social, tal como lo ha planteado el Instituto de Investigaciones Económicas.
Pero no podemos tranquilizarnos hasta que nos aclaren por qué se derogaron leyes que beneficiaban a nuestra universidad en el mismo momento que, por ejemplo, el Incae era exonerado. Es que no es la economía, es la política. No es dinero lo que se ha perdido, sino autonomía. Antes estábamos protegidos por normas legales, ahora lo estamos por acuerdos clientelares que nos someten peligrosamente a la voluntad del Poder Ejecutivo.
A pesar de las supuestas bondades del plan sostenidas ahora por el Instituto de Investigaciones Económicas, la Rectoría ha iniciado un plan de contención de gastos que, con o sin plan fiscal, debería haber iniciado hace años. La mayoría de las medidas tomadas son sensatas excepto porque no hay ningún plan de protección a los funcionarios docentes y administrativos interinos. Nuestro humanismo debería saber que, al mantener los empleos, estamos protegiendo a las personas y por eso ningún interino debería perder su puesto de trabajo en 2019 por razones presupuestarias.
Queda otra debilidad ética y política, porque mientras hacemos “contención de gastos” sin protección a los interinos, no dejarán de aumentar los salarios de lujo que paga la Universidad, ni dejará de aumentar la desigualdad salarial. Y lo más sorprendente de esta injusticia es que ha sido promovida por el Sindeu toda vez que no aceptó un escalonamiento de las anualidades.
En tercer lugar, el mismo plan fiscal presenta zonas en su articulado claramente injustas y que como universitarios deberíamos considerar desde una perspectiva ética y política humanista. Veamos: quedan impunes los que provocaron esta crisis y sus efectos nocivos se trasladan al conjunto de la sociedad; se establecen privilegios impositivos a las zonas francas que perjudican a los empresarios nacionales que están fuera de ellas, a los alquileres de locales de iglesias, pero no de ONG; se mantiene el privilegio salarial para los médicos; y hay posibilidad latente de congelamiento de salarios con el consecuente efecto recesivo de la economía que perjudicará a pequeños y medianos empresarios, así como trabajadores públicos y privados.
Es injusto también haber desdibujado la norma de subcapitalización en beneficio de las empresas que usaban este recurso legal para eludir impuestos. Y no tiene caso decir que es mejor una norma injusta a que no haya ninguna, porque eso es como decirle a un enfermo grave que es mejor tomar una aspirina a no tomar nada. Y, para terminar, son injustas todas las amnistías tributarias que están contenidas en el plan, mientras delincuentes comunes descuentan días de cárcel por haberse robado una gallina.
Para complicar más el asunto, la mayoría de los diputados(as) ha dejado correr el rumor de que una vez aprobado el plan fiscal, con todas sus regresividades, estarían dispuestos(as) a aprobar una serie de leyes para corregir (y corregirse) los estropicios del plan fiscal que ellos mismos aprobarían. Pero no les creemos porque los neoliberales no corrigen sus errores, porque gozan con ellos.
Cuando los defensores del plan fiscal dicen que, si este no se aprueba, se desatará una crisis económica sobre la sociedad, tienen razón, les creemos. Cuando el Ministro de Seguridad advierte que, aunque él no quiera, podría haber muertos de continuar la protesta, también le creemos. Entendemos lo que dicen: reemplazan el debate político por la amenaza.
La crisis económica llegaría y sería una crisis inducida por los sectores más concentrados de la economía para castigar la rebeldía popular, provocándole sufrimiento económico. Y la represión ya llegó, como lo vimos en lo sucedido en las provincias costeras. Ambas violencias tienen una racionalidad compartida y el experimentum crucis demostraría las “verdades científicas” del neoliberalismo. El ajuste es sobre la economía de los cuerpos. No hay neoliberalismo sin represión.
