La Universidad, el Consejo Universitario y la crisis institucional

Desde que la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dictaminó que la educación es un bien transable

Desde que la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dictaminó que la educación es un bien transable, una mercancía como cualquier otra, se ha ido desatando una crisis sobre las universidades latinoamericanas a partir de explotar al máximo sus contradicciones internas e  invisibilizando sus logros y aportes a la sociedad.

Estos ataques planificados a la universidad latinoamericana en aras de privatizar sus investigaciones, patentar sus resultados y de abolir una universidad que produce sus propios insumos cognoscitivos y es plataforma de desarrollo tecno-científico,  no son excusa suficiente para minimizar nuestros problemas internos o para paralizar procesos de cambio.

En estas mismas páginas (Semanario UNIVERSIDAD edición 2199) el Dr. Gustavo Gutiérrez E., nos ha propuesto pensar seriamente en la función y conformación del Consejo Universitario. Lo que se señala, y es casi un acuerdo generalizado, es que el Consejo Universitario no está a la altura de hacer frente a los problemas de la Universidad actual, y que no está ofreciendo soluciones satisfactorias.

Como señala Gutiérrez, su desprestigio actual puede obedecer a varias causas que sería bueno pensar y ordenar. No importa tanto discutir cuáles son los problemas más importantes de la Universidad dada la pluralidad de miradas que hay sobre ella. Lo importante es que la solución a esos problemas está tratada por los mismos universitarios que los han diagnosticado y han propuesto soluciones.

Esos diagnósticos y esas soluciones fueron expresadas, discutidas y votadas en los últimos congresos universitarios. Y el Consejo Universitario ha ignorado y tratado con indiferencia todas y cada una de esas propuestas. Poco le ha importado el trabajo de cientos de universitarios y mucho menos le ha importado la legitimidad democrática de esas soluciones propuestas y votadas. Simplemente las ha ignorado y así las cosas, la Universidad que tenemos es, básicamente, la Universidad que surgió del III Congreso cuando ya vamos por el VII.

Así pues, tenemos un Consejo Universitario que ha decidido ignorar el evento más democrático de la vida universitaria: los congresos universitarios. Entonces estamos eligiendo representantes que luego olvidan el mandato de esa representación y adquieren un comportamiento político típico de una oligarquía que define lo que hay que hacer y que no escucha a la ciudadanía universitaria.

En el mismo número del Semanario UNIVERSIDAD, el Dr. González Ballar le reclama al Consejo Universitario actual que aplique lo dispuesto en el VI Congreso Universitario, que fue en 2005.

El último problema que el Consejo Universitario no pudo resolver tuvo que ver (otra vez) con el asunto del nombramiento de la hija del señor Rector en un puesto del Centro Infantil Laboratorio.

La Procuraduría de la Ética Pública ha instado a ese Consejo a convocar a la Asamblea Plebiscitaria para que sea esta la que responda a la pregunta de si hay que iniciarle un procedimiento disciplinario al señor Rector o no, a la luz del Informe que la Contraloría Universitaria preparó hace un tiempo. La lógica utilizada por la Procuraduría está contemplada en nuestro estatuto: no es el Rector quien ostenta el más alto rango en la Universidad de Costa Rica, sino la Asamblea Plebiscitaria.

El Consejo Universitario puede aceptar o rechazar la instancia de la Procuraduría. En ambos casos debe argumentar. Pero en lugar de hacer eso, este propone formar una Comisión Especial Instructora. Así, evade su responsabilidad e inventa un procedimiento extravagante e ilegal. El Consejo administra una normativa que acaba de inventar y con razones que los demás, tal vez, podamos deducir, sospechar o intuir.

Dice el Dr. Gutiérrez en el artículo que he mencionado, que los miembros del Consejo Universitario deben ser independientes de la Rectoría. Tiene razón. Pero para asegurarnos esta independencia, lo mejor sería que el Consejo dejare de existir y fuera reemplazado por el Consejo de Decanos/as (como era antes) a lo que habría que sumar la representación de los funcionarios administrativos,  de las sedes regionales y la de los/as estudiantes. Los decanos/as están en comunicación permanente con estudiantes, profesores/as y administrativos/as y su cargo no depende  de las autoridades superiores de la Universidad.

Y dado que todos y todas disponemos de medios electrónicos de comunicación e intervención, podemos pensar en implementar formas de democracia directa (por ejemplo implementando el proceso de presupuesto participativo) que le proporcionarían a las decisiones una solidez democrática que actualmente no tienen por la erosión que han sufrido los mecanismos de representatividad y, de paso, un buen ahorro que no le haría mal a las finanzas de la Universidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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