La democratización de la consulta que dio como resultado la estrategia de reactivación económica (si se le puede llamar así a un conjunto de medidas sin aparente criterio de cohesión) es decorativa. Dice representar la voz de los sectores más afectados por la crisis, pero no supo aglutinar ni recoger verdaderamente las preocupaciones de los sectores sociales más deprimidos.
El Gobierno nos obsequia, como la dádiva de un demiurgo confundido y arrogante, esta versión incestuosa y desperdigada de presupuesto extraordinario que recoge el más espurio de los intentos por paliar la crisis económica. Me refiero a la Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público.
Esta ley, de lo más frugal jamás visto en términos de composición legislativa, ayuna de claridad en cuanto a lo pernicioso de sus efectos; está basada únicamente en la reducción de las jornadas en el sector público. Pero la estrategia ampliada que parece esbozar la teratológica trinidad compuesta por la Ministra de Planificación y Política Económica, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, va mucho más allá de ser solamente un “sacrificio” del sector público. Veamos:
1. ¿Por qué una reducción directa a un sector específico y no un impuesto? Sobre el sistema tributario pesa, como eje rector, el principio de igualdad tributaria o isonomía de las cargas públicas, que supone la obligación de las administraciones tributarias de gravar por igual a los sujetos que se encuentren en situaciones iguales, en este caso los asalariados. En razón de eso, si se hubiese decidido poner un impuesto sobre los salarios de los estratos con mayor disposición de ingresos, este debería haber afectado tanto a los asalariados públicos como a los privados.
Como la exclusión en sí es arbitraria y hostil, y en virtud de un cálculo político y una narrativa clara, se decidió que la expoliación fuese vía recorte y no vía impuesto. Esto para que el principio constitucional isonómico de las cargas públicas no reprendiera el hecho de establecer una diferenciación arbitraria entre el sector privado y el público.
La señal es clara: el gobierno ha decidido quiénes sí tienen que correr con el peso de la crisis y quiénes no.
2. Pero aun la figura, tal y como la presentaron, es violatoria de la relación especial de empleo que existe entre el servidor público y el Estado (en su calidad de empleador). Este último tiene la facultad para variar las condiciones de contrato de trabajo (ius variandi), pero esta facultad está sujeta a límites: no se puede perjudicar al servidor, pues ello constituye lo que se conoce como uso abusivo del ius variandi.
Las discusiones sobre la procedencia o no de las modificaciones son asuntos de mera legalidad y para analizar estas modificaciones debe pensarse que en aquellos casos donde se reclaman variaciones en la relación de empleo -imputables a órganos o servidores públicos-, que sean abierta y claramente arbitrarias, como una degradación en sus funciones o bien un rebajo sustancial del salario devengado, son completamente improcedentes porque en esos casos se lesionaría, en perjuicio del servidor, el derecho a su estabilidad. Lo anterior sin siquiera entrar en el “detalle” de la inserción de un condicionante de discriminación palmario y la lesión patrimonial en razón de que se reduce la remuneración, pero no veo eso traducido en menos horas de trabajo, de manera fáctica; es decir, van a terminar trabajando el mismo tiempo, pero por menos plata.
3. Por otro lado, se ha querido instrumentalizar el apalancamiento del FMI para promover condicionantes igualmente arbitrarios como el desmantelamiento del aparato productivo de Estado (por la venta de algunas instituciones percibiríamos apenas cerca de 0,7% del PIB, mientras que como resultado de sus ingresos operativos anuales recibimos poco más del 1% del PIB, es decir, un total despropósito), cierre de instituciones y hasta el aumento del IVA, el impuesto más regresivo de todos (sobre todo para los sectores más desposeídos).
Y digo que esas condicionantes son instrumentales porque el trámite del préstamo del FMI no ha sido tratado con transparencia. Además, el mismo presidente del BCCR ha mencionado que el Fondo deja por la libre el ofrecimiento de una estrategia de macroestabilización en tanto esta responda a un criterio de formalización adecuado.
Eso implica indefectiblemente que la agenda de desmantelamiento del aparato estatal proviene de un poder fáctico doméstico, más que de una prerrogativa impuesta por el mismo Fondo.
4. Lo anterior se conjuga con la narrativa inmoral de cargar el peso económico de la pandemia sobre los sectores más vulnerables y no se toca, y nada se dice, de la elusión y evasión, o de que por la amnistía tributaria a 10 grandes empresas se les perdonó del pago de 34 mil millones en el 2019 y hoy no están compartiendo sacrificios. Tampoco se dice nada de los grandes contribuyentes que defraudan por un monto de entre 3.800 y 5.000 millones de colones anuales (entre un 6 y un 8% del PIB), no se dice nada de los casi 14 mil millones de dólares que estamos permitiendo se relocalicen hacia paraísos fiscales año a año. Ni de la impúdica facultad que tienen las empresas del régimen de zona franca, para sencillamente “ver para otro lado” mientras todos los demás aportan, una indiferencia con la que, en razón del monto total por exoneraciones que han disfrutado en los últimos 10 años, se pagaría 8 veces el déficit fiscal.
No se ha propuesto (ni lo quiera así el gobierno y su Teratológica Trinidad) un impuesto solidario a los grandes capitales: un 1% de impuesto extraordinario a sus resultados, liberaría cerca de 4000 mil millones de colones. Un 1% de impuesto no ahuyenta a nadie, salvo que su permanencia, en primer lugar, no estuviera motivada por las ingentes ventajas comerciales y de entorno económico que ofrece nuestro país, sino por una cómoda posición prebendista que no están dispuestos a abandonar
5. Por otro lado, el proteccionismo a los grandes capitales no se sostiene ni desde el punto de vista ético ni operativo. Recientemente 83 de los individuos más ricos del mundo exhibió en un comunicado abierto la necesidad de que los gobiernos tomen posturas proactivas y coloquen impuestos extraordinarios a las grandes riquezas. Me pregunto: ¿qué está aportando ese 20% de la población costarricense que concentra más de la mitad de los ingresos totales en nuestro país para combatir la crisis?
6. Ni qué decir de la ominosa impasibilidad del millonario BCCR, que tiene a su haber reservas acumuladas por un monto de más del 12% del PIB, que bien podrían utilizarse asertivamente para financiar la recuperación hasta por un semestre (así lo hizo el Banco Central Europeo, la Reserva Australiana, el Banco Nacional de Dinamarca y el Banco Central Japonés, por ejemplo).
Los ensayos de austeridad expansiva, estandarte de la anquilosada (y desdibujada) ortodoxia económica, poco o nada aportan en medio de una coyuntura de franca necesidad y excepcionalidad. Las medrosas antiguallas ortodoxas, por demás estáticas, terminan siendo proyecciones de los miedos del sistema financiero y ponderan, so precio histórico, sus platónicos temores por encima del potencial beneficio que una posición más asertiva podría traer ulteriormente sobre los hogares más necesitados.
Los límites del recorte del gasto son tan amplios como los alcances de las parcelas de los sectores privilegiados, así también las indecibles soluciones vía ingreso que no le tocan, ni aun estando la vida en juego, las adehalas a sus grupos de interés.
¡Vaya cuento de terror! ¡Vaya espectro insoluto y subalterno del gobierno son los dichos de esta teratológica trinidad!; fárragos del privilegio y la defensa del despropósito económico coyuntural.
