La Universidad de Costa Rica como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense, mediante la Ley N°8098, tiene el compromiso de promover, articular y gestionar la acción social en la construcción colectiva de saberes con las comunidades, siendo gestor activo de procesos sociales para el desarrollo del país, desde luego, a partir de una perspectiva teórica de la administración de procedimientos, sujeta a normativas institucionales, con la finalidad de dar respuesta a los retos históricos que han marcado a la sociedad costarricense.
Cabe destacar la declaratoria institucional del 2022 como año de la “UCR para las comunidades”, que fortalece el vínculo de la universidad y la sociedad, y reafirma su formación humanista para el desarrollo social, político, científico-tecnológico, cultural y ambiental para incidir en las comunidades desde las sedes y recintos universitarios.
Es por esto, que el quehacer de la acción social que se lleva a cabo de manera contextualizada en las necesidades y problemáticas que enfrentan las comunidades articula procesos para potenciar el desarrollo de las regiones. De esta manera, la UCR como institución de educación superior se constituye en un brazo facilitador del progreso con pertinencia, autogestión comunitaria y participación de los procesos locales, desde la cotidianidad de las personas como constructoras de su realidad.
Ahora bien, asumiendo una posición institucionalizada de la acción social como actividad sustantiva, la persona responsable de un proyecto tiene el reto de identificar los recursos necesarios y buscar alternativas novedosas para el logro de sus objetivos, para que las propuestas impacten y transformen aquellos contextos más desiguales, desde una intervención con criterio académico. Lo anterior permitirá que los agentes sociales que participan de estos proyectos den respuesta a las demandas, necesidades o problemáticas propias de la realidad comunitaria para el logro del bien común, respaldado en una perspectiva de derechos humanos, diversidad, igualdad e inclusión.
Siendo así que el rol de la persona responsable será facilitar procesos que favorezcan el crecimiento de las capacidades comunitarias, desde el esfuerzo individual y colectivo, para propiciar acciones transformadoras que movilicen a personas comprometidas en construir una realidad más justa y equitativa.
Otro elemento fundamental en acción social es el trabajo cooperativo, preciso y pertinente, tanto de docentes, como estudiantes y administración universitaria en las regiones. Todo ello, con la finalidad de dar respuesta de manera conjunta a las necesidades de aquellas poblaciones más vulnerables y de su entorno.
Por lo tanto, es necesario impulsar a partir de la academia, espacios para la reflexión y el diálogo, con la intencionalidad de generar el intercambio de saberes, promoviendo al mismo tiempo la articulación de distintos actores sociales que incidan e impacten positivamente la calidad de vida de las comunidades.
Finalmente, considero que la responsabilidad de nuestra institución es integrar esfuerzos desde la acción social, la docencia y la investigación, indudablemente, desde un trabajo participativo universidad-comunidad, con el compromiso mutuo de efectuar una gestión coherente, eficiente y eficaz de los recursos disponibles, a partir del sustento teórico llevado a la práctica y viceversa.
