El objetivo número uno de un atentado terrorista es causar pánico. Su misión es cuestionarnos nuestras actividades diarias: temer ir por un café, viajar, trabajar o asistir a un concierto.
Los terroristas buscan desestabilizar nuestras relaciones y, a nivel macro, su objetivo también es alterar la toma de decisión política y legal. Cualquier muerte por estos actos es un hecho lamentable y debe ser despreciado en todo ámbito, pero esto no puede convertirse en consejero a la hora de plantear una respuesta a estos grupos radicales.
El mayor peligro generado por el terrorismo es dejar que influya en las decisiones de un gobierno. Ya lo vivimos después de los atentados del 11 de setiembre del 2001 en los Estados Unidos.
El recuerdo del estado mundial generado por este atentado sigue presente. Ante el temor, se generaron políticas coyunturales que respondieron a información parcial sumada a escenarios distorsionados e histeria colectiva.
La necesidad de una respuesta rápida provocó la pérdida de libertades individuales y generó medidas que sobrepasaban derechos ciudadanos. En ese escenario, también se dejó de lado protección a la privacidad y se creó un Estado capaz de aplicar recursos extremos hacia posibles amenazas.
Con los lamentables atentados en París, caemos en la misma disyuntiva. Mientras el fatalismo invade la generación de políticas, los extremos se adueñan del debate promoviendo acciones que se basan en temor y desinformación: desde medidas para cerrar fronteras a refugiados sirios (víctimas de ISIS) hasta hacer listas de musulmanes por la simple razón de serlo. Ejemplos sobran en el Partido Republicano en Estados Unidos y en la derecha francesa.
En Francia, el presidente François Hollande después de los atentados anunció cambios drásticos de la Constitución para defender a un país “en guerra”. Esto genera que la derecha radical sume apoyo. Sin duda, Marine Le Pen del Frente Nacional se ve beneficiada con el sentimiento xenofóbico que generan los ataques, paralelamente los ciudadanos en un 84 por ciento están dispuestos a renunciar a parte de sus libertades a cambio de la seguridad, según un sondeo elaborado por Ifop para el diario Le Figaro y la emisora RTL.
Nuestro país no se escapa a esta dinámica. En el 2003, el entonces presidente Abel Pacheco decidió incluirnos en una coalición mundial en el conflicto bélico contra Iraq, que se convirtió en una de las decisiones diplomáticas más criticadas en el país. Asimismo, en los últimos días, se ha estigmatizado a los sirios que ingresaron con pasaportes falsos, equiparándolos sin ninguna justificación al terrorismo.
A pesar del escenario inestable generado después de hechos de esta naturaleza, los tomadores de decisiones deben intentar superar estos obstáculos de percepción y no caer en cálculo político populista.
Hay una realidad que se debe imponer: a pesar de percibir que el mundo es cada vez más inestable, no podemos caer en fatalismos. El terrorismo nunca va a lograr acabar con la sociedad como la conocemos. El riesgo cae, más bien, en decisiones que flagelan leyes o nos hacen ceder libertades individuales. Esto tiene un impacto mucho más duradero en nuestra sociedad.
Si dejamos que el miedo y la inmediatez sean el motor en la respuesta al terrorismo, sin duda estaremos cayendo en su trampa.
