La crisis económica del Estado costarricense
En los últimos años Costa Rica ha tenido una debacle financiera atribuida de manera infame al sector público, a las garantías ciudadanas y a todos los sistemas de pensión. Tras ataques incesantes, el modelo social que por décadas fue de admiración y respeto mundial hoy cae ante la presión voraz de grupos económicos que han maquinado hábilmente y llevado su expansión hacia la aniquilación de las regulaciones de los Estados, para ceder a una nueva economía, autorregida, libre de controles y cuyas leyes van más allá de la tradicional oferta y demanda que guiaba las relaciones empresariales de antaño. Esta novedad en el plano económico repercute directamente en los derechos y garantías que se forjaron hace muchos años, con fuertes batallas que llegaron a costar vidas para llevar al Estado a hilvanar una visión antropocéntrica normativa, para tutelar derechos mínimos y paliar abusos contra los administrados.
Hoy la realidad es inversa, de nuevo el ser humano es considerado un instrumento dentro de un sistema económico, que es potenciado y respaldado en el contexto político, a costa de suprimir derechos esenciales que vienen a menos en los últimos años. Aunque el modelo privado y la competencia no son malos, sí son repudiables cuando su instauración está por encima de los derechos y garantías de las personas, situación que acontece actualmente en nuestro país.
Las exigencias para el ingreso de Costa Rica al Club de los Ricos
Con motivo de esa expansión económica —valga destacar que beneficia a unos pocos— los grupos capitalistas han llevado al Estado costarricense a eliminar del ordenamiento jurídico derechos de las personas de la clase trabajadora pública y privada. Eso con el pretexto de una mejoría colectiva integral, si se afianza un cambio en el sistema social debilitado con fuertes ataques hacia los pilares constitucionales y legales que regulan el funcionamiento específico de entidades públicas que han venido a menos, como imposición expresa para la inclusión en un modelo financiero ajeno a la realidad regional centroamericana.
Para ejemplificar la situación, sabemos que, si una persona desea ingresar a un club, deberá ajustarse a las exigencias contractuales y pagar una membresía por ello, sin tener el derecho de negociar ninguna de las cláusulas de admisión, allanándose a las regulaciones que le son impuestas.
Pues bien, esto es lo que pasa con el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocida en el mundo también como el club de los ricos.
Para formalizar el ingreso a un grupo de países élite en el contexto de la riqueza (Alemania, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Italia, Francia, entre otros), las exigencias de esa Organización no son nada bondadosas y la factura deberá ser pagada por los sectores económicos más deprimidos.
Entrar a la OCDE inexorablemente llevará a que en poco tiempo se apliquen más reformas legales que nos obligarán a todas y todos a que la edad para poder disfrutar de la jubilación continúe aumentando según la esperanza de vida, a que el porcentaje para el disfrute de la jubilación sea menor, a eliminar la posibilidad de una jubilación anticipada (60 años de edad en el caso de las mujeres y 62 en el de los hombres) y que el promedio para la pensión se realice sobre un cálculo de la totalidad de salarios devengados en todos los años laborados. Todo eso llevará a realidades económicas muy perjudiciales para quienes aspiramos a una jubilación y promoverá a media plazo la perpetuidad en el trabajo de personas adultas mayores, cuya única opción económica será continuar trabajando, aunque reúnan los requisitos para jubilarse, y con ello recibir un ingreso muy bajo.
Las reformas fiscales implementadas y las “pendientes” no resuelven ni abonan al grave problema de la evasión, elusión ni colusión fiscal, por lo que el peso continuará siendo arrastrado por la “clase” media-baja del país. No se trata de la odiosa comparación de personas trabajadoras del sector público y privado, pues esa comparación es la que ha ayudado a que la opinión pública, dividida y malinformada, valide la desgobernanza nacional y la segregación producto de la manipulación, cuando posiblemente no conocen o no se han representado que las modificaciones serán lapidarias para todas las personas que conformamos la fuerza laboral del país.
La OCDE afirma las bonanzas de continuar hacia un modelo de obra pública concesionada, la que idealmente brindará grandes beneficios, pero que históricamente ha llevado a desfalcos, adendum, sobreprecios, litigios por incumplimientos, concesiones vitalicias, sin que se garantice una mejora en el control y ejecución de obra pública que, de por sí, hace muchos años está en el ineficaz modelo de concesión, que se convirtió en un monopolio privado no cuestionado.
Un ejemplo es la Ruta 27, cuya finalización tardó décadas y los costos de peajes son onerosos, o la empantanada ampliación de la Ruta 32, que no tiene avances significativos y ya se asoma a un litigio con la empresa concesionaria.
La OCDE impone una reducción del Estado costarricense para ceder a una autoregulación económica, bajo la siempre y falsa promesa de “mejorar la calidad de vida de las personas”, frase trillada que sigue vigente en los parcos discursos políticos de hoy. Por ello el Presidente de la República tiene un trato impersonal con los medios de comunicación y el pueblo, utilizando el único discurso vacío que también le fue impuesto por la OCDE en el informe de evaluación de Costa Rica, el cual textualmente indica que ante el aumento en las tensiones sociales que puedan dificultar la implementación de las reformas, la acción política es “Comunicar que las reformas ayudarán a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente”.
Nuestro país es prácticamente regalado para la privatización, eliminando regulaciones sobre productos y servicios esenciales como el arroz y el azúcar; el respaldo de la banca pública; recortes a la educación superior, cuyo presupuesto quieren supeditar a “las interacciones con grupos empresariales para brindar criterios de elegibilidad”; venta de activos del Estado y hasta consagrar con rango constitucional las reglas fiscales que imponen o como dicen ellos “recomiendan para proporcionar un contrapeso”. Por lo que la intromisión es abusiva y descarada, ya que con la modificación de la norma fundamental del país quieren asegurar la no intromisión hacia las políticas económicas que vendrán a golpear fuertemente la economía de los hogares costarricenses y a asegurar la perpetuidad de poder y riqueza de un pequeño sector.
Lamentablemente esto es una realidad, ya que tenemos un manejo político con una Asamblea Legislativa y un Poder Ejecutivo maleables, porosos, fragmentados y sin derrotero en política social; no así en la económica, que está dirigida a disminuir el Estado y ampliar la privatización de bienes y servicios. Hemos visto cómo el azote económico mediante reformas de ley, en nada ha contribuido a implementar “mejores políticas para una vida mejor” tal cual lo afirma la OCDE. Como ejemplo de esto, tenemos los casos de Colombia que ingresó hace dos años al club en mención y está a la espera de mejorar su economía; Chile que entró hace diez años, pero en el año 2019 tuvo un moviendo social que ha sido considerado de los más grandes en las últimas décadas y que, entre otros, se dio por reclamos al aumento en las tarifas de transporte y los bajos montos de pensiones (con el mismo sistema que quieren implementar en Costa Rica); finalmente, está el caso de México, que ingresó hace más de veinticinco años a la OCDE. En ninguno de estos países se ha dado la equidad o mejoramiento alguno para el grueso de la población, pese a que son los únicos países latinoamericanos con la exclusiva membresía del club de los ricos. También, encontramos países como España y Grecia, cuyo panorama económico no es precisamente el reflejo de “la vida mejor” que publicita la OCDE.
Con estos cambios, únicamente hay proyecciones de apertura de mercados, debilitamiento estatal y centralización política en una oficina de gestión de deuda, para concentrar todo lo relacionado con inversiones extranjeras, las cuales son impuestas para agrandar la privatización en todas las áreas económicas del país y con esto “mejorar los precios” de mercado.
La inclusión en el club de los ricos llevará mayores proyectos a manos privadas, en áreas como infraestructura, transporte con la insistencia del Presidente de la República de un tren eléctrico que en realidad es “recomendado” por la OCDE, pero que el Gobierno ha impulsado como gran idea a través de la oficina la Primera Dama, cuando se trata de una más de las condiciones impuestas por el club de los ricos. También, se crearán impuestos a las energías, apertura total del mercado eléctrico (muy conveniente para el funcionamiento del tren), una peligrosa conversión de cargas sociales de empleadores a un impuesto a la propiedad, impuestos al cooperativismo, eliminación de servicios notariales para reducir costos de grandes empresas, reducción de tarifas mínimas por servicios y que sean las empresas las que definan el monto a pagar, valoración de las finanzas por encima del bienestar social, aplicación de un silencio positivo irrestricto de la Administración Pública en temas y permisos claves y sensibles, se suprimirá el tope de intereses que pueden cobrar los bancos y eliminar las “asimetrías regulatorias entre banca pública y estatal”. Esas son algunas de las exigencias para ingresar a un selecto club, donde si se trata de riqueza, el país en primer lugar debería ser rico y no al servicio de los ricos y, en segundo lugar, el costo será la supresión de una serie de garantías ciudadanas que será imposible recuperar según las afectaciones mencionadas.
Estas afirmaciones no corresponden a una valoración subjetiva, sino que están expresamente contempladas en Los Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica julio 2020 (OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.), por lo que el futuro de garantías sociales se encuentra en un inminente riesgo de desaparecer, ya que muchas desregulaciones monetarias se están aplicando, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de reasignar gastos a destinos diferentes cuando la deuda pública excede el 50% del PIB, porcentaje que según estimaciones, para este año será holgadamente mayor “producto del coronavirus”. Esa ha sido la excusa perfecta del Gobierno para fijar las nebulosas políticas económicas, con restricciones ciudadanas y a los pequeños comerciantes cada día mayores, que resultan necesarias “por la pandemia” que, fuera del contexto sanitario, pareciera que el Gobierno busca adrede, para superar ese porcentaje de deuda pública superior al 50% del Producto Interno Bruto, sin que nadie lo haya analizado abiertamente a la fecha y de esta manera empoderar la asignación de recursos en el Ministerio de Hacienda a conveniencia política, apartándose de los parámetros de legalidad por ese portillo que fue “recomendado”.
Los cuestionamientos sin contestar
Bajo un análisis sistémico de la realidad social, surgen inquietudes que no han sido contestadas y que el sector político (que hace lo que el económico le ordene) ha ignorado, sin importarle el grito colectivo que exige transparencia en las medidas que han tomado para brindar respuestas claras a preguntas no menos relevantes como:
¿Cómo el Estado pretende implementar una bonanza económica colectiva si ignora adrede el problema de la evasión, elusión y colusión fiscal?
¿Por qué las cargas impositivas continuarán afianzadas en los sectores más golpeados?
¿Por qué se debe debilitar la banca pública para equiparar las condiciones de la privada?
¿Por qué se deben desmejorar los salarios del sector público en lugar de adecuar los salarios de los grupos más pobres?
¿Por qué se deben eliminar los controles a la navegación? es decir, para el ingreso y egreso de mercancías.
¿Por qué se debe gravar el aguinaldo y no las grandes riquezas concentradas en personas a las que se les siguen aplicando indecentes exoneraciones fiscales?
¿Por qué no se implementa una renta mundial, si es que se pretenden políticas económicas “para una vida mejor”, y los grandes capitales captados en nuestro país son llevados a otras latitudes sin pagar impuesto y sin retorno monetario o convertido?
¿Por qué la banca estatal es un estorbo para la banca privada?
¿Por qué es indispensable que la inversión extranjera esté inmersa en toda la producción y economía local?
¿Por qué si el problema fiscal es tan severo y es una realidad la evasión, elusión y la colusión, ni a la OCDE ni a los políticos les interesa una solución para mejorar la calidad de vida que pregonan?
Estas preguntas no han sido contestadas por los grupos políticos, los cuales han sido los impulsores de las imposiciones de los grupos económicos más fuertes. Es tan evidente el modelo clasista que no hay exigencia alguna para atacar y disminuir de manera frontal el grave problema de la evasión fiscal en Costa Rica, por lo que serán más las afectaciones económicas contra la población y la disminución de los derechos de las personas y, con esto, el ingreso de Costa Rica a la OCDE se perfeccionará, o más bien, la cúpula empresarial de nuestro país podrá ingresar al club de los ricos. No se vislumbra una mejora integral social como lo prometen, es una realidad que debemos evitar y buscar otros mecanismos que sí permitan mayor bienestar integral colectivo.
Si usted cree que las políticas económicas de nuestro país no están definidas como indican la mayoría de medios de comunicación y muchas personas en puestos de diputados y diputadas, sepa que no es así. Todas las reformas fiscales de los últimos años y las que están por venir corresponden a los lineamientos girados por la OCDE y por los grupos empresariales del país. El Gobierno y las bancadas legislativas han acordado, transado, avalado y aplicado todas las desastrosas reformas en perjuicio del pueblo, las cuales no se dan por la luminaria intervención diputadil, sino por lo que esos grupos han ordenado aplicar para beneficio de unos pocos. Es necesario que generemos una posición crítica ante estos temas y sepamos reaccionar de manera oportuna para evitar acabar con las garantías fundamentales de todas y de todos.
