Se ha escrito bastante en los últimos meses en diversas columnas de opinión acerca del proyecto de constituyente que plantea hacer un grupo de ciudadanos. Aunque se han vislumbrado opiniones tanto negativas como positivas sobre el fondo del proyecto y sus posibles implicaciones para Costa Rica, se ha dejado de lado un asunto trascendental que plantea la resolución N.º 6187-E9-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones.
Esta, además de precisar algunas pautas para seguir en el proyecto de una Asamblea Constituyente, se pronuncia acerca del modelo de elección de los diputados que la integrarían en caso que el proyecto sea aprobado eventualmente. Casi se puede decir que es el mismo molde conocido por todos, que cada cuatro años nos asigna a nuestros 57 diputados en listas cerradas conformadas únicamente desde los partidos políticos.
Es decir que con este modelo de elección nos enfrentaríamos a un escenario constituyente fraccionado y enrevesado, parecido al que ya se vive en cada legislatura para la toma de decisiones, acuerdos y negociaciones importantes. Y es en este marco de complejidad que se tiene que formar la nueva Carta Magna que nos va a regir. Donde el tiempo que plantea el proyecto para su confección, en un escenario seccionado como este, parece no ser suficiente; lo que daría como resultado un documento hecho rápido y a la ligera sin un debate adecuado; o que no haya ninguno por falta de acuerdos políticos por una asamblea fraccionada (no sería sorpresa que resulte algo similar a nuestras actuales nueve fracciones legislativas).
Este fraccionamiento, sumado a los problemas de representación actuales, hace que deba reconsiderarse, antes de adentrarse en una obra política tan arriesgada, la forma de elección de diputados; sobre todo si lo que plantea el TSE es que se imite la misma plantilla en sus compañeros, a nivel de constituyente.
El grupo “Poder Ciudadano Ya” y Diego González, en su tesis de licenciatura, han planteado propuestas de elección de representantes muy interesantes, con miras al modelo alemán. Ambos proyectos toman especial énfasis en la representatividad, donde se elige un diputado por cada distrito electoral, en vez de listas cerradas por provincias donde el ciudadano en realidad no elige, sino que acepta a los que alguien más eligió por él.
Los impulsores del plan han dicho que buscan un proyecto donde todas las personas participen y propongan. Sin embargo, se ha evidenciado cómo cada cuatro años se nombran a dedo personas de confianza en las listas cerradas por partidos y no por sus propuestas, méritos o agendas políticas. No se estaría eligiendo a nadie, y más bien se podría estar dando el poder al mejor postor de los grupos cerrados de los partidos políticos que pueden ver qué agarran para su saco en cuanto a asuntos que nos competen a todos, como puede ser desde el agua hasta los derechos fundamentales. El compromiso del elegido no es con su elector, sino con el partido que lo pone en la lista, por lo que sería extremadamente peligrosa la calidad de constituyentes que podrían salir a defender y manosear intereses propios o de otros y no los del país con este modelo tradicional.
Con una mayor representatividad y una mejor elección hay un menor riesgo de que la constituyente se convierta en otro plenario legislativo más, solo que con el poder de reforma constitucional.
No se quiere plantear aquí una duda ante las intenciones del grupo promotor y sus líderes, pero si de verdad busca un proyecto constituyente donde todos participen y se representen, no se está haciendo con el modelo indicado. Este proyecto debería acompañarse de una reforma política y electoral, donde se estudien propuestas como las citadas anteriormente que perfeccionen el sistema, para así salvaguardar de una manera más segura los intereses del soberano, y no apostando todo con un modelo obsoleto que dé campo a prácticas clientelistas y corruptas en algo tan delicado y arriesgado como es el poder reformador constitucional.
