El lunes 3 de junio a las 6:04 p.m. el presidente de la república envió su Decreto Ejecutivo N°44475-MP desconvocando “todos los proyectos de ley de orden del día del Plenario Legislativo a excepción del Expediente 24.414”. Es decir, dejó a la Asamblea Legislativa con un único proyecto de ley para discutir (el proyecto de privatización del mercado eléctrico), el cual consiste en tres partes:
- Trasladar la planificación de la electricidad del ICE (DOCSE) al MINAE (Ecosen): Actualmente, el DOCSE es una de las divisiones técnicas más especializadas del ICE y se encarga de despachar en tiempo real la electricidad del país, es decir, es el centro neurálgico de la electricidad en Costa Rica. El Ecosen que el proyecto propone pasaría a estar bajo la rectoría del MINAE, no del ICE, y su junta directiva estaría conformada por representaciones políticas y privadas, no técnicas, que no tienen ni idea de cómo gestionar la planificación y el despacho eléctrico del país.
- Crear un mercado libre de subastas que sustituya al mercado centralizado del ICE para que los generadores privados puedan vender directamente su electricidad: Pretenden que hasta el 90% de la demanda de electricidad se resuelva vía un mercado de subastas en el cual el ICE ya no tendría prioridad. Esto atenta contra la seguridad energética y la planificación de largo plazo, y aumentará la probabilidad de racionamientos eléctricos, pues, conforme el ICE sea desplazado, dejará de invertir en zonas poco rentables o alejadas y en proyectos visionarios que representen costos desventajosos en el corto plazo aunque impliquen mayor bienestar social. Adicionalmente, considerando los costos fijos que el ICE tiene y que los privados no (pues la mayoría de los proyectos privados son a filo de agua, no grandes hidroeléctricas ni inversiones de volumen), este mercado implicaría desaprovechar la economía de escala que la planificación centralizada permite, aumentando los costos de transacción y de operación al segmentar la demanda en grupitos, lo que podría implicar aumentos tarifarios. Y ¿quiénes decidirán los contratos en este mercado de subastas y cánones? Pues el Ecosen, en cuya Junta Directiva se encontrarían los generadores privados que compiten con el ICE lo que, evidentemente, conducirá a “conflictos de interés” al asignar los contratos para sí mismos.
- Habilitar a los generadores privados de electricidad a exportar directamente en el Mercado Regional: Actualmente solo el ICE está facultado para exportar electricidad. Cada vez que el ICE exporta, se aplica un rebajo tarifario a los costarricenses debido al Costo Variable de Generación aplicado por la Aresep. Por eso es que, durante la época de lluvias, cuando al ICE le sobra electricidad y exporta, suelen existir rebajos tarifarios. Si se permite a los generadores privados exportar, esa ganancia ya no se convierte en rebajas tarifarias para la gente, sino en lucro privado que se dejan los dueños del generador. Así, habilitar estas exportaciones privadas implicará un aumento de la tarifa neta anual de la electricidad pues los rebajos tarifarios del segundo semestre ya no existirán. Por lo tanto, la propuesta del proyecto de ley es que todos soportemos tarifas más altas para que unos cuantos generadores privados puedan hacer más negocio exportando electricidad.
Para la élite, no para la gente de a pie
Es indudable que el proyecto fue diseñado para beneficiar a los generadores privados de electricidad y no a los usuarios pues aumentará las tarifas y la probabilidad de racionamientos.
Ahora bien, este interés por beneficiar a los generadores privados a costa de sobreprecios para los costarricenses no es nada nuevo. Desde hace años, los generadores privados desangran al ICE con contratos carísimos que las cúpulas firman sin pruebas de que los necesitan. De hecho, según el Informe DFOE-AF-IF-00009-2019 de la Contraloría General de la República, entre 2010 y 2018, el ICE contrató $2.049 millones de electricidad a generadores privados sin documentar la fundamentación técnica con base en la cual esa electricidad debía ser comprada; así que el “chorizo” de venta de electricidad de los generadores privados está más que documentado.
Lo curioso es que este Gobierno dice que lucha contra las élites y las cúpulas corruptas que han hundido el país, pero al mismo tiempo prioriza un proyecto de ley que beneficiaría precisamente a esos grupos. ¿Entonces? El martes pasado, Rodrigo Arias se abstuvo de votar el proyecto precisamente porque su familia tiene negocios o “vínculos empresariales” con los generadores privados, es decir, se debe abstener de votar debido a conflictos de interés porque los Arias se beneficiarían. En pocas palabras: Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves impulsan un proyecto que hará más ricos a los Arias y a otras familias de la cúpula.
Piénsenlo, costarricenses, ya pasamos por esto antes: cuando Miguel Ángel Rodriguez quiso aprobar el Combo del ICE, cuando los Arias nos embaucaron con el TLC prometiéndonos andar en Mercedes Benz a cambio de abrir los mercados. Esta historia ya la conocemos. ¿Cuántas veces las élites de este país han intentado quedarse con el negocio del ICE? ¿Cuántos años llevan desangrándolo con contratos innecesarios, sobreprecios y presidentes ejecutivos incompetentes que no saben planificar?
Piénsenlo, costarricenses.
