La rigidez del gasto público es un elemento anulante de la política fiscal, porque al estar predestinado irrumpe la posibilidad de asignación de recursos donde la sociedad y los tiempos demandan.
Esa rigidez es marcada por un presupuesto predestinado a 153 destinos específicos, según la constitución y otras leyes. Asignación que no responde a una demanda de necesidades y promueve un crecimiento inercial, restando efectividad y flexibilidad al gasto público.
Es de reconocer la importancia de que la Constitución Política visionariamente fortaleciera el desarrollo nacional, predestinando recurso, al Sistema de Justicia (6% PIB), al Sistema Educativo (8% PIB), al fortalecimiento del proceso democrático. También discrepo de algunos destinos específicos.
El desarrollo de esa institucionalidad pública le ha dado a Costa Rica un lugar y reconocimiento internacional. Posición que la mayoría deseamos sostener, porque en términos de salud, educación, agua, electricidad se distribuyó riqueza entre los habitantes.
La Cruz Roja nos dio un buen ejemplo de lo que pasa, cuando no se tienen recursos predestinados. Para corregir el punto, se hizo una reforma a la ley No. 8690 que estableció el debido financiamiento.
Según datos de la Liquidación Presupuestaria y del Informe de Estudios Específicos, ambos de la Contraloría General de la República (2018), se predestinaron recursos un 73% por tres leyes constitucionales y un 26% por leyes específicas, todo dependiente del presupuesto nacional 2018.
En el 2018, los gastos predestinados representaron el 12,5% del PIB, mientras que los ingresos tributarios 13%, dejando un margen de flexibilidad presupuestaria de 0,5% puntos porcentuales del PIB. Esta estrechez deja sin poder de acción a la administración ante nuevas necesidades.
Esa predestinación de presupuesto que otorga la Constitución al Sistema Educativo, por ejemplo, además de la infraestructura y alimentación, debería enfocarse en calidad de gasto para bajar la deserción escolar y un aumentar la calidad de resultados académicos.
Actualmente, una importante cantidad de padres, privilegian la educación privada, sobre la pública, se argumentan razones de calidad, hipotecando sus ingresos y privatizando la educación de forma solapada, producto de la desigualdad del país.
Como resultado se ha restado valor y reducido el impacto, desviando la intención de la Constitución Política de predestinar recursos a la educación, en beneficio de todos.
Hoy las condiciones son las mismas, no se ha modificado la Constitución y son los mismos destinos específicos, el esfuerzo al menos debe concentrarse en la formulación del presupuesto, para garantizar que ese destino se gaste bien. Requiere como fin:
- Mejorar los servicios esenciales
- Obtener resultados contra hoja de ruta
- Controlar el crecimiento inercial minando las malas prácticas
- Reflejar la baja de gastos por teletrabajo
- Evaluar y corregir por muestreo
La evaluación de los receptores de esos recursos es indispensable para aplicar medidas correctivas. Medir resultados a las Juntas de educación, por ejemplo.
Por la vía de los ingresos, se trata de corregir la evasión, la elusión y la cultura tributaria. Se requieren ingresos sanos para dar sostenibilidad a las funciones e instituciones que el país necesita, cerrar las que perdieron vigencia. No se trata de cerrar instituciones con perspectiva de contador.
Es recomendable:
- Establecer en la primaria educación tributaria
- Construir indicadores de calidad del gasto
- No evaluar con la ejecución y la subejecución presupuestaria
- Evaluar resultados contra hoja de ruta
- Elevar la responsabilidad de la formulación presupuestaria, rindiendo cuentas
- Equidad en el rigor fiscal para todos los sectores
En resumen, el que tiene la plata manda el baile, el presupuesto es una herramienta de gestión que facilita obtener logros de cara al ciudadano y distribuir la riqueza nacional.
