La reforma tributaria agita la aldea

Cuando leímos que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no debe meterse en cursos de “economía social” (noticias del 7 de julio de 2015),

Cuando leímos que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no debe meterse en cursos de “economía social” (noticias del 7 de julio de 2015), ya más o menos los periodistas (algunos) sabíamos por dónde reventaría la cruzada contra la llamada reforma fiscal. La discusión de fondo, me parece, es escudriñar quién o quiénes se beneficiaron en los últimos años, directa e indirectamente, con los recortes presupuestarios en el Estado costarricense, asimismo cómo utilizarán los nuevos ingresos provenientes de la reforma tributaria, en un contexto financiero mundial con nuevos actores fuera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evidentes beneficios para los países importadores de petróleo y perjudicial para los productores.

Una vez averiguado lo anterior, determinar si en estos 30 años de laissez faire, laissez passer, y más de medio siglo de “tradiciones” creadas por el Derecho Tributario, hay o no interés en atacar el deterioro de la base tributaria evitando, por un lado, la evasión de los grandes consorcios, y, por el otro, que las medianas y grandes empresas disminuyan su aporte fiscal, sus ingresos, práctica que todos sabemos ocasiona perjuicios enormes a los fiscos locales (ver tesis de grado de la licenciada Melissa Marín S., en Facultad de Derecho de la UCR.

Como buenos ticos y como siempre ocurre en el país en los tiempos de reforma tributaria, la retórica agita el “mea culpa”, que es a lo que ponemos cuidado por venir de quienes manifiestan “preocupación” por el déficit fiscal. No niego la existencia de verdaderos óleos de dinero en ministerios e instituciones relacionadas con la nueva forma privada de recoger impuestos denominada “concesiones”, “asesorías” o “compras de servicios”. Pero esto no debería evitar preguntarnos, por ejemplo, por qué tenemos una Refinadora de Petróleo que no refina; un ministerio que inicia obras viales y luego recuerda que no ha hecho las expropiaciones de ley, con el lógico resultado de un encarecimiento final.

Cuando en el sector estatal una institución se sale del canasto, automáticamente queda en la mira de quienes el problema del déficit fiscal los va a matar del corazón. Es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con las productoras privadas de energía y las multinacionales telefónicas, que no han parado de bombardearlo soñando con un modelo similar de notarios ingresos en México, España, Honduras, etc. Otro caso relevante es el de la Universidad de Costa Rica, ahora en el ojo de la tormenta con 60 empresas competidoras –perdón, fundaciones educativas, así denominadas muchas de ellas−, para que a futuro vea todo con lentes de libre mercado. Párrafo aparte merece el ferrocarril. Muchos olvidan que la administración Figueres Olsen “fusiló” este servicio, porque el traslado de mercancías en furgones abarataría los productos finales. No sé si se abarataron, lo que sí me consta como periodista, porque le di seguimiento en UNIVERSIDAD, es que después de “fusilado” buscaron vendérselo a los rusos por $20 millones y, si no está en manos privadas, fue por una diferencias de poco más de $1 millón. Ahora que el ferrocarril alcanzó notoriedad desde la administración de Laura Chinchilla, todos los “preocupados” por el déficit fiscal tienen su mirada sobre la institución que hasta los rieles de la vía a Cartago se habían robado.

Por tanto, no es válido negar los “óleos” de dinero que han habido en muchas instituciones estatales: ¿Quiénes son los beneficiados finales? Tampoco es justo que, al amparo de la falta de transparencia que ha habido históricamente en materia de impuestos y privatizaciones, se levante la bandera de nuevos “regalos” para producir “nuevos empleos” y hacer eficiente el sector.

El artículo 199 de la Ley General de Administración Pública combate estos desmanes en la Hacienda Pública y no creo tampoco difícil imponer mayor transparencia fiscal, impedir la utilización abusiva de exenciones bajo figuras como cooperativas, fidecomisos o fundaciones, que, en algunos casos, son auténticas empresas privadas que no pagan o cancelan parcialmente tributos; asumir de una vez por todas la llamada economía digitalizada y aplicar los convenios para controlar las dobles contabilidades. Analicemos los sistemas tributarios de Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros. Creo en la economía social. ¿Ya les cayó por qué hicieron recular al INA con eso de la “economía social”?


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