El problema de la reforma del Estado costarricense ha sido que esta ha obedecido a imposiciones externas, donde la ciudadanía no ha tenido participación, como sucedió en el pasado en la década de los años 80, cuando el Fondo Monetario Internacional condicionó sus préstamos al país, si no optaba por los programas de ajuste estructural, los cuales implicaban la apertura comercial: reducción arancelaria, eliminación de impuestos de exportación, apertura del monopolio bancario estatal; una reforma y modernización del sector gubernamental.
El fenómeno de la globalización de los mercados es otra imposición externa, que desde el 2004 Costa Rica venía afrontando, hasta llegar a la aprobación en el 2007 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, siendo este último aprobado mediante la consulta popular; con ello se promueve la apertura de seguros, telecomunicaciones, resguardo de la propiedad intelectual y favorecimiento a los inversionistas extranjeros.
En efecto, los instrumentos de la democracia directa son institutos, adoptados por las democracias que han experimentado un alto grado de madurez política, otorgándole al pueblo el poder de decidir sobre asuntos políticos y administrativos urgentes que requiere implementar el Estado para la satisfacción del bien común; por lo cual creemos que las grandes reformas que el país va a tener en los años subsiguientes, serán propuestas por el pueblo a través de la consulta popular , ya sea mediante el mecanismo de la iniciativa popular o bien mediante el referéndum, el cual el pueblo con su voto directo aprueba, deroga o inclusive reforma las leyes, siempre que estas no hagan referencia a la materia tributaria, arancelaria, crediticia, fiscal y jubilaciones.
En Costa Rica, desde la aprobación de la ley de Regulación del Referéndum, solamente se ha aprobado mediante este procedimiento la ley del Tratado de Libre comercio. Después de esta experiencia, el Tribunal Supremo de Elecciones, en esta década, ha recibido varias solicitudes para convocar a referéndum, a la ciudadanía; sin embargo, la mayoría no han sido aceptadas y han obedecido a inquietudes que sectores de la población desean en el corto plazo vs proyectos transformados en ley de la República, puesto que en ocasiones tales propuestas no encuentran mayores posibilidades para su consumación, en la Asamblea Legislativa, donde a menudo se encuentra un atascamiento en el trámite, para la aprobación de la ley.
El Tribunal Supremo de Elecciones, desde el 2006 hasta el presente, ha recibido propuestas de proyectos de ley de la más diversa índole, que van desde la aprobación de la unión de parejas del mismo sexo; “El Pulmón del mundo”, que pretendía reformar el artículo 6 de la ley Orgánica del Ambiente; la refinación, distribución y venta de hidrocarburos, denominado “Apertura del Monopolio Estatal de Recope, para que haya competencia y todos nos beneficiemos”. Hasta tener el expediente electoral Nº339-S-2016 (folio 89), que pretende convocar a una asamblea constituyente, mediante una ley que se aprobaría con este procedimiento de la democracia directa.
La iniciativa pretende la elaboración de un nuevo texto constitucional, el cual entraría en vigencia en setiembre del 2021. Actualmente, la propuesta se encuentra en la fase de recolección de firmas, teniendo nueve meses para este proceso.
Es posible que esta pretensión liderada por el doctor Alex Solís Fallas, sea la reforma del Estado más grande que hayamos tenido, puesto que el proyecto incluye la renuncia a un Estado confesional, una mayor desconcentración política, la revocatoria del mandato en puestos de elección popular, el deslinde de las funciones del Presidente y el Ministro, el órgano contralor dirigido por un cuerpo colegiado con cambios en sus competencias. Estas, entre otras reformas, se constituirían en la transformación sin precedentes que el Estado haya tenido en los últimos 60 años y de la cual todos sin excepción estamos invitados a participar.
