Pocas personas le dan una verdadera importancia al tema de los alimentos transgénicos y lo que estos implican en las políticas latinoamericanas. Ha habido casos concretos en los cuales se violentan los derechos de los consumidores y de los mismos agricultores en donde compañías como Monsanto han metido la mano para resguardar sus intereses en la región de AL (América Latina). Dichos casos suelen pasar desapercibidos por la población general y a nadie parece importarle las profundas implicaciones políticas que trae este tipo de problemáticas.
Lo cual lleva a la polémica de la compañía Monsanto. Monsanto es la compañía más grande en el mundo de alimentos y productos transgénicos, dominando un 90% de dicho mercado. “Esta empresa transnacional controla un 90% del mercado mundial de semillas transgénicas, por lo cual no duda en violar la ley, sobornar funcionarios de diversos gobiernos que lo permitan, sin importar afectar la salud de la gente o contaminar el medio ambiente. A lo largo de su historia, Monsanto ha acumulado un sucio expediente de hechos, irregularidades y sanciones” (Vargas, 2014). Como menciona el autor, la compañía tiene los recursos para comprar influencia y pagar cualquier sanción que sea emitida en su contra. Monsanto es una empresa que vale, en promedio, 51 billones de dólares estadounidenses (El Economista, 2017) siendo así, un ente corporativo con mucho potencial adquisitivo.
La manipulación y el poder de las empresas de productos transgénicos sobre los gobiernos y las mismas políticas latinoamericanas varían de país a país. En Brasil, por ejemplo, existen legislaciones que protegen a los agricultores a poder vender como comida lo que cosechan, naturalmente; sin embargo, la compañía Monsanto había hecho regalías de semillas modificadas de soja, las cuales los agricultores locales reutilizaron y se vieron en una batalla legal en contra de la colosal empresa, la cual esta última ganó, gracias a otra ley que protege las patentes industriales (Ballotage, 2014). No solo esto, sino que pocos países latinoamericanos tienen legislación respecto a los transgénicos y su debida etiquetación y aun así no la ejercen de manera propia (UITA, 2006). También es un dato de interés particular que de los 28 países que cultivan GMO’s (“genetically modified foods”, por su sigla en inglés; en español, “OGM”, organismos genéticamente modificados) 12 son de América Latina (ISAAA, 2016). La República del Perú es uno de dichos países que no cuentan con la legislación adecuada a la hora de actuar respecto a los GMO’s que ingresan en los mercados nacionales. Por otro lado, en Argentina, a inicios de los años 2000, debido a la crisis económica que se vivía en el país, diferentes compañías productoras de soja y petroleras como Chevron impulsaron el programa de “Solidaria Soja”, el cual en pocos meses lograría cambiar parte de la dieta nacional y generaría polémica entre la población, no acostumbrada al alimento y enfrentándose a problemas relacionados con la salud, debido a la concentración de glifosato y plaguicidas en las comidas transgénicas.
Lo que realmente denotan estos casos es la presión que otorgan las transnacionales a los gobiernos latinoamericanos, presión que se emite en forma de dinero (o, realmente, la falta o el retiro de este), ya que todos estos países de la región reciben “ayudas alimentarias”, las cuales son, en realidad, préstamos por parte de países como Estados Unidos, tanto como de corporaciones como Monsanto, DuPont y Bayer. Dichos préstamos se representan a sí mismos como paquetes de ayudas alimentarias, o sea alimentos (independiente de su forma de entrega, sean estos en pastas, aceites o semillas, todas transgénicas), pero que al mismo tiempo se proporcionan préstamos a los gobiernos, primordialmente para que no exista una mayor presión más que la de la opinión pública respecto a los alimentos transgénicos. “Todos los países, ya sean de derecha, conservadores o progresistas, apoyan a Monsanto y el uso del glifosato. Las autoridades niegan su carácter tóxico” (Traeder, 2016).
