Cada vez que se habla de la mora judicial se piensa en un tema ya muy abordado desde varios ángulos, todos válidos. En palabras populares, no se está descubriendo el agua tibia al asegurar que este tipo de mora puede generar muchos anticuerpos sociales. Este tópico no sólo es de importancia para los abogados litigantes, sino para los usuarios y la comunidad nacional, en general. La tendencia afortunadamente está cambiando. Últimamente, los usuarios han tomado un papel más activo, puesto que se han visto interesados en conocer los detalles procesales que forman parte de su asunto.
En el pasado se hablaba más de clientes. En ese entonces, el abogado litigante jugaba un rol más predominante en el trinomio cliente-causa-judicialidad. Ayer y hoy, los abogados litigantes hemos tenido paciencia en entender las complejidades del gran aparato judicial-burocrático, teniendo la esperanza de que esta tome un rumbo más eficiente a lo largo del tiempo. A pesar de los diferentes cambios, que introducen prioritariamente nuevas tecnológicas y reformas de contenido de realce, la mejora significativa en el cumplimiento de funciones determinantes como la redacción de las resoluciones y los señalamientos a las audiencias y/o juicios no ha rendido los frutos esperados aún.
Justo como lo señaló, en su opinión Atrasos en tribunales, el colega abogado Leonardo Vega el día 27 de junio de este año en un diario de circulación nacional. La norma constitucional 41 y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos invitan a cumplir la justicia de forma cumplida, lo cual inevitablemente roza con la realidad latente, pues, en la práctica, las resoluciones tardan en llegar y, por ende, en verse materializados los resultados. Las funciones de profesionales en derecho oscilan fundamentalmente en la asesoría profesional, el litigio puro, la investigación-docencia, y el notariado público. Esto significa que solamente una porción de profesionales se dedica al litigio puro, por lo que no es de interés de todos los agremiados hurgar en este tema, así como de defender los intereses particulares.
En el eventual desánimo de los juristas en abordar casos de importancia personal, familiar y local de la colectividad, no sólo se perjudica el desarrollo de destrezas de litigación oral. Esto también afecta la profundización de la técnica legal-judicial, tan importante en la fundamentación de la carrera de abogado litigante, y a la vez, esta misma indisposición intelectual provoca una serie de deficiencias en los usuarios, quienes son los más interesados en resolver sus conflictos que, por alguna razón, no pudieron dejar de judicializarse. La pregunta cultural. Diferentes intentos a lo largo de la historia judicial de mejorar el servicio tanto para el usuario como para los diferentes intervinientes del proceso e incluso para el mismo aparato judicial. No es ningún secreto que estos intentos no han sido exitosos a pesar de las modernidades. Esto puede ser explicado a través de dos vertientes claves. Por un lado, los intereses políticos que eventualmente se podrían manejar en el interior de cualquier poder. El Poder Judicial no se escapa de este fenómeno sociojurídico. Por otro lado, un tema que no ha sido muy abordado todavía y que pretendo introducirlo en este ensayo. La mora judicial podría estudiarse desde sus implicaciones antropológicas. Las motivaciones humanas (personales y personalísimas en el contexto grupal) en el marco laboral podrían variar culturalmente. El concepto tiempo, desde la perspectiva cultural, podría variar regionalmente. La lectura del significado del tiempo es diferente en la capital, en las áreas rurales y en las costas, sin entrar en discriminaciones de ninguna índole. En algunos lugares y sectores de la población (la población indígena, la población afrocaribeña, la cultura provincial-cantonal, por citar algunos ejemplos), el concepto tiempo-plazo podría diferir en importancia y en uso espacial incluso. Una trascendental tarea que el Poder Judicial y la Administración Pública, en general, debería de abocarse a escudriñar.
