Es un reconocido principio de justicia formal que no se debe tratar del mismo modo a aquello que es distinto. Considerar que la equiparación de derechos para ambos géneros resulta efectiva en todas las circunstancias es un engaño que proyecta, y activamente reproduce, la identificación del ser humano con un sujeto muy particular. No obstante, por más que se intente aducir que se trata de una identidad genérica, es absolutamente identificable: masculino, europeo, de clase favorecida, blanco, heterosexual y, para el caso en discusión, un sujeto cuyo tiempo libre puede ser dedicado a la lectura y la investigación, algo nada menospreciable en tiempos de COVID-19.
Antes de la pandemia, en promedio las mujeres dedicábamos alrededor de nueve horas más que los hombres al trabajo no remunerado. Me refiero a labores que tienen que ver con los cuidados -mantenimiento de los espacios y bienes domésticos; cuido, educación y formación de otras personas, sostenimiento de las relaciones sociales y apoyo psicológico a los miembros de la familia-. Esta situación se ha visto agravada con la pandemia, y según ha sido señalado en algunas de las principales revistas académicas, ha repercutido en la cantidad de artículos enviados por las investigadoras, cuya productividad ha debido ser redirigida a otras labores.
Aún así, hay quienes siguen creyendo que la academia se regula bajo una mano invisible. Desde la década de los 70s, la sociología del conocimiento ha realizado numerosos esfuerzos para comprender las dinámicas bajo las que se estructura el currículum. Una lectura superficial de estos aportes nos permitiría comprender que el “mercado académico” es en realidad un medio de reproducción de los patrones de una sociedad. Según se ha entendido, el currículum constituye la materialización de una ideología en un momento histórico determinado, es decir, se trata de un medio que permite transmitir a generaciones nuevas los conocimientos considerados como necesarios para asegurar su trascendencia. Como tal, el currículum es selectivo, político, socialmente arbitrario y, por tanto, conflictual. En ese sentido, considerar la bibliografía de los cursos como un producto acabado libre de sesgos no solo es acrítico, sino también ahistórico, y la poca participación de mujeres en éste es tan solo un síntoma de ello.
Mujeres en la Bibliografía es un proyecto liderado desde la representación estudiantil en el Consejo Universitario con tres propósitos, a saber, cuestionar los sesgos de género dentro de la academia, fomentar acciones afirmativas para la inclusión de bibliografía escrita por mujeres en los programas de los cursos, y aspirar a la conformación de una comunidad científica plural y heterogénea, cuyos aportes sean reconocidos en los espacios de producción y difusión académica. Este proyecto consiste en tres fases, la primera, la elaboración y presentación de un pronunciamiento que ya fue aprobado por el Consejo Universitario en sesión No. 6355 del 27 de febrero de 2020, en el que el órgano colegiado exhorta a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las desigualdades de género presentes en la academia. Una segunda fase de sensibilización, que incluye la visita a todas las unidades académicas de la universidad y la difusión de los alcances del proyecto, y finalmente, una tercera fase que buscaría la presentación de una propuesta miembros ante el Consejo Universitario con el fin de ejecutar acciones afirmativas concretas, como podría ser una cuota que garantice la inclusión efectiva de un mínimo de autorías femeninas en los programas de cursos.
Curiosamente, Mujeres en la bibliografía es objeto de debate únicamente por su tercera fase, es decir, el establecimiento de cuotas, lo ha sido también en muchas de las asambleas de escuela y facultad a las que hemos asistido para presentar la propuesta. Ya desde la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), se reconocía la necesidad de incorporar medidas afirmativas que pudieran hacer frente a las desigualdades de género -volvemos a la premisa de que no se puede tratar con igualdad a aquello que es desigual- en razón de lo cual los Estados se comprometían a “tomar las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. También desde aquel momento, se reconocía que aunque las acciones afirmativas no atacan el fondo de la situación -la indudable desigualdad entre hombres y mujeres-, sí constituyen mecanismos temporales que permiten el alcance de la igualdad material en el corto plazo.
Entretanto, el debate sobre las cuotas no debe verse como un fin en sí mismo, sino bajo la premisa de que hasta tanto no se equiparen las condiciones, las mujeres no tenemos por qué soportar una academia que se niegue a reconocer que ha sido históricamente enseñada y difundida en clave sexista, androcéntrica y patriarcal. Del mismo modo, en cuanto incluir una pluralidad de voces, reconocer a los sujetos subalternizados, incorporar lecturas críticas y agregar un valor epistémico por medio del cuestionamiento de los sesgos de género siga percibiéndose como una amenaza; las mujeres sabremos que sí existe una academia que debe ser destruida: aquella que nos hostiga, violenta, expulsa e invisibiliza; esa academia no nos pertenece, ni nosotras a ella.
