Con una performance de una marcha fúnebre, en octubre los trabajadores del arte y la cultura de Costa Rica se tiraron a la calle —con mascarillas por la pandemia— en defensa del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), que algunos diputados amenazaron con disminuir hasta en ¢4.000 millones.
Luego de una elevada y desgastante tensión sectorial, finalmente el recorte aprobado en noviembre por la Asamblea Legislativa fue por ¢1.500 millones, como parte de la reducción presupuestaria planteada por el Gobierno para enfrentar la crisis fiscal del país y que el MCJ presentó en primera instancia en septiembre.
También en noviembre, el sector tuvo representación en las mesas multisectoriales de diálogo nacional, en las cuales, por primera vez, se sostuvo un intercambio sin mediación del MCJ con contrapartes como Hacienda, Educación, Salud y Turismo, y la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad medular para solucionar el tema del aseguramiento y la pensión de los trabajadores del arte.
Según consta en la Ley de Presupuesto 2021, el monto total asciende a ¢45.485.008.166, subdividido en los siguientes programas: Actividades centrales ¢9.007.297.914 (19,80%); Patrimonio y desarrollo sociocultural ¢8.526.659.180 (18,75%); Gestión y Desarrollo ¢1.709.639.991 (3,76%); Sistema Nacional de Bibliotecas ¢3.417.230.677 (7,51%); Promoción de las artes ¢18.349.650.907 (40,34%); Dirección General de Archivo Nacional ¢2.833.599.190 (6,23%); y Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ¢1.640.930.307 (3,61%).
Mientras la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, explicaba mediante un comunicado de prensa cómo la propuesta del recorte de ¢1.500 millones “garantiza la prestación de servicios a la ciudadanía que le corresponde a la institución”, los cultores del arte organizados se volcaron a defender ese presupuesto amenazado con ser mermado —aún más— por varias mociones diputadiles.
Al respecto, Durán declaró que los recursos defendidos aseguran el papel del Ministerio como dinamizador de la economía que se moviliza por la oferta artística y cultural; necesaria para un sector ampliamente afectado por la crisis de la pandemia, pero también para sectores como el turismo, educación y la salud mental.
“Finalmente para seguir avanzando en la promoción de la cultura como factor de desarrollo humano y local”, afirmó Durán, en alusión al aporte vital que el arte y la cultura hace al bienestar de la población en tiempos de bonanza y sobre todo en el periodo de estrés, enfermedad y pérdida de vidas causado por el COVID-19.
Cuando se vio amenazado el presupuesto con recortes desmesurados, el movimiento social del sector independiente de la cultura respondió con ímpetu visible, revelando una capacidad de acción articulada y coherente sin precedentes, así como una conmovedora resiliencia ante el embate de la crisis que lo asola.
Asimismo, ha mostrado una actitud propositiva sistemática ante la necesidad de cambio del paradigma que requiere la institucionalidad y las nuevas formas de correlacionarse con el Estado, como actividad productiva, social y cultural.
El artivismo y la presión activada por los trabajadores del arte fue el resultado de un camino asociativo iniciado a comienzos de la pandemia, cuando empezaron a sentir de forma concreta y contundente las consecuencias económicas de las medidas adoptadas para intentar controlar los contagios.
Si el sector había sido golpeado por la crisis pandémica, la estocada final era dejar sin suficientes recursos al Ministerio y sus programas.
De ahí que las manifestaciones callejeras para defender el presupuesto se impregnaran de un tono fúnebre: la cultura institucional con sus respectiva subvención peligraba de un cierre técnico, y esto se traducía de modo literal en la paralización parcial pero mayoritaria de la actividad estatal e independiente.
Paliar la crisis pandémica y fiscal
Si hay un sector afectado por la pandemia es el sector independiente de las artes y la cultura.
Aunque gradualmente reabierto con aforo en meses posteriores, desde marzo los cultores cargan a cuestas el peso del cierre y confinamiento social instaurado en espacios como las salas de presentaciones escénicas, plásticas y audiovisuales, y la consecuente imposibilidad de funcionar plenamente como actividad económica.
Solo en el primer trimestre de la pandemia, el MCJ proyectaba que las pérdidas para la actividad serían de $70 millones, es decir, un 0,1 % del PIB.
Este panorama financiero se sumaría a una mayor precariedad para las 4.000 personas trabajadoras del arte y la cultura que, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, viven en estado de pobreza y extrema pobreza.
A partir de datos de la Enaho, el Ministerio también concluyó que tomando en cuenta el empleo formal e informal, así como su condición de pobreza, la potencial afectación directa e indirecta recaería sobre 10.000 personas.
En atención a la restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud para prevenir y aminorar el contagio por el coronavirus, el sector —léase tanto el Ministerio de Cultura y Juventud como el ámbito independiente y privado— se vio obligado a detener los eventos presenciales programados para el año.
Las medidas también obligaron a variar a golpe de tambor el modo de enfrentar, abordar y gestionar las distintas manifestaciones artísticas y culturales.
La virtualidad se impuso, y con ella la despaciosa alfabetización tecnológica que conlleva, en detrimento de aquellos sectores artísticos que no pueden acceder a las condiciones óptimas y competitivas para implementar las herramientas digitales a los procesos creativos.
La atención oportuna al sector independiente por parte de la institución llegó tarde y la ausencia de la ministra Durán se evidenció en una seguidilla de cartas con demandas para, en primera instancia, aplicar medidas paliativas para enfrentar la crisis, y luego estructurales, en aras de plantear un modelo distinto de gestionar la institución y su relación con el medio independiente y privado.
La última carta, que fue firmada por casi 3.400 personas al día de hoy, no se dirigió a la jerarca para ser escuchados en sus peticiones de apoyo y negociación con el fin de redireccionar la gestión hacia la reactivación económica, sino al Presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitando la destitución de Durán.
Durán no ha sido sustituida y continúa implementando su visión ministerial, encausada fundamentalmente en la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2020-2030, que a mediano y largo plazo propone una gestión artística y cultural basada en el emprendimiento, los negocios, el mercado y la economía naranja.
Pero a la vez, ante la presión de los gremios artístico culturales, el Ministerio gestionó el Bono Proteger para la población en situación de mayor vulnerabilidad y redirigió los fondos concursables de programas adscritos, como el Teatro Popular Melico Salazar, la Dirección de Cultura, del Centro de Producción Artístico y Cultural (CPAC) y Colegio de Costa Rica, a fin de paliar la crisis coyuntural.
También llevó a cabo en formato virtual la programación de eventos como el Festival Nacional de las Artes, el Costa Rica Festival Internacional de Cine, y el Encuentro Nacional de Teatro y el Festival Nacional de Danza Contemporánea, fusionados en una sola propuesta.
Propuestas alternativas
En medio de la incertidumbre, el desánimo y la precariedad, el sector independiente de la cultura ha tomado al toro por los cuernos.
La desarticulación histórica característica de la mayoría de sus trabajadores se transformó en proactividad asociativa y gremial, logrando consolidarse en distintos frentes con propuestas concretas de gestión de la cultura y demandando respuestas del Estado.
Entre las organizaciones emergentes están Artes Escénicas Costa Rica y la Red de Emergencia Cultural (REC). Esta última presentó al Presidente Alvarado y a la Asamblea Legislativa la propuesta de proyecto de Ley de Apoyo al Sector Cultural Nacional ante la Emergencia Nacional provocada por la Pandemia del SARS-CoV-2.
La propuesta de Ley será discutida en las sesiones extraordinarias del Congreso que corren de diciembre a abril de 2021.
Para la directora y fundadora del Teatro Contraluz y representante de la REC, Gladys Alzate, la dinámica actual en efervescencia de una buena parte del sector se ha traducido en la creación de organizaciones gremiales con la consecuente unión de los subsectores, cuyo resultado ha sido la generación de un pensamiento crítico colectivo que trasciende la pandemia.
“Este tejido social se plasma en la construcción de un paradigma alternativo, basado en procesos disruptivos, con una conciencia crítica con proyección a nivel país, y la necesidad de poner en valor el aporte de la cultura en articulación con los sectores salud, educación, turismo, los mismos procesos sociales y la cultura de paz”, declaró para este semanario.
Al respecto, Mariana Murillo, productora cinematográfica y miembro de la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (Apicc) —organización responsable de la carta de solicitud de renuncia de la ministra Durán—, también valoró que a raíz de la crisis “nos hemos visto obligados a agremiarnos, a cementarnos”.
Sin embargo, a la vez para ella la crisis sacó a relucir las debilidades de los trabajadores del sector: empleo informal, sin seguridad social ni póliza de trabajo y sin capacidad de ahorro, entre otros aspectos.
“Es un panorama triste pues quedamos este año con el fondo El Fauno debilitado, un festival de cine con el presupuesto disminuido, sin Ley de Cine ni Cinemateca y el Centro de Cine sin equipo humano”, enumeró.
Para Murillo, eso significa que las nuevas generaciones no podrán acceder a la producción cinematográfica y audiovisual con la subvención estatal y las pequeñas glorias vividas por algunas artistas del sector —como haber sido reconocidas en festivales como Cannes, San Sebastián, Goya y Toronto— se interrumpan.
“Existe la idea de que hacemos postres y que exigimos para hacer esos postres, pero somos creadores, artistas, trabajadores como todos y generamos encadenamientos productivos y economía”, afirmó.
En el ámbito de las artes visuales y plásticas, la diseñadora gráfica, museóloga y exdirectora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Madc), Fiorella Resenterra, afirmó que la crisis evidenció la vulnerabilidad del modelo de gestión de las artes visuales a nivel institucional.
La atomización del subsector lo hace frágil y se evidencia en momentos de crisis económica y pandémica. “Exacerba las carencias de un modelo institucional anclado en el acceso a un espacio público para la mediación de los visitantes y coleccionistas”.
De acuerdo con Resenterra, aquellos preparados con herramientas y capacidad instalada virtuales para enfrentar las restricciones con contenidos, mediación en redes sociales y la web logran mantener vigencia; pero aquellos que no lo tenían “se quedan rezagados”.
El reto para Resenterra radica en encontrar un balance institucional entre ambos formatos, que muestre la importancia a nivel presupuestario de las razones para mantener abiertos los museos, no solo por el compromiso con el público y los artistas, sino como tema país.
En el caso de las artes literarias, el presidente a.i. de la Cámara Costarricense del Libro (CCL) y director de Uruk Editores, Oscar Castillo, concluye que la pandemia paralizó al sector, pues la mayor parte de personas volvió los ojos al entretenimiento por Internet.
“La gente no estaba con ánimos de comprar libros”, se lamentó. A raíz de esto se cerraron tiendas, se redujeron jornadas laborales y hubo despidos, siendo los más golpeados los autores editores y las pequeñas librerías.
Frente a esta depresión literaria, la CCL tomó la decisión de realizar la Feria Internacional del Libro 2020 en una plataforma virtual, cuya navegación fue criticada por algunos por tener que registrarse para hacer las compras, entre otros problemas.
Como resultado de la crisis sanitaria, Castillo plantea dos retos para la Cámara: el mercadeo digital y el comercio electrónico con distribución física de la literatura y el establecimiento de librerías en las cabeceras de cantón más pobladas.
Además, la profesionalización del equipo humano en materia digital a través de capacitaciones en temas como la creación de plataformas propias de pequeñas empresas y colectivos asociados a la producción del libro.
Corolario
El promotor, productor y representante musical, Roberto Montero, quien lideró por parte del sector cultura una de las mesas multisectoriales de diálogo nacional llevadas a cabo en noviembre, se preguntó en entrevista con UNIVERSIDAD: “¿Cuál es el valor de la cultura? No tiene precio”.
“La cultura lejos de ser un lujo, es una necesidad”, agregó en su análisis de la coyuntura actual.
Según Montero, si los cultores están mejor articulados hay mayor fiscalización sobre el Ministerio de Cultura y Juventud, para ejercer presión y demandar mayor transparencia del manejo de los fondos públicos y rendición de cuentas públicas, además de que facilita una comunicación directa con los gobiernos locales para el mapeo de las políticas públicas en materia cultural.
“El diálogo en las mesas subsectoriales sensibilizó a los participantes a que juntos podemos articular un mejor modelo para una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos”.
Como dijo Montero: “la gran historia es cómo llegamos hasta aquí”.
