La discapacidad siempre ha sido entendida como un problema para la sociedad. Las normas se han basado criterios de “normalidad” o del “deber ser” según un determinado ideal humano. Esto implica, por supuesto, que muchas de las personas no calcemos en estos parámetros y resultemos invisibles a sus efectos positivos. A menudo, crear espacios accesibles, representa una fuente de problemas urbanos para los cuales existen respuestas de toda índole, tales como: falta de presupuesto, desconocimiento, “exceso” en las peticiones de quienes solicitan ajustes razonables, tramitología, etc. Las ciudades están organizadas para sostener la desigualdad de movilización pues, no cabe duda de que su diseño original, toma como parámetro la experiencia de personas sin discapacidad.
¿Qué falta para que las ciudades sean realmente accesibles? Una pregunta sin una respuesta definitiva. Lo que pretendo es dar algunos márgenes de reflexión para incorporar la discapacidad, partiendo de su esencia de constante evolución. Como primer punto, quienes participen en la creación de diseños urbanos deben incorporar la perspectiva de Universalidad e involucren de primera fuente, a las personas con discapacidad para un planteamiento desde sus necesidades reales, que pueden posteriormente convertirse en criterios técnicos sobre accesibilidad. Ideal sería también que participen personas ingenieras, arquitectas o de disciplinas similares con discapacidad, pues junto con su experiencia de vida, combinada con el conocimiento técnico, permitiría terminar con la reproducción de diseños urbanos no inclusivos. Esto claro, implicaría que estas personas profesionales hayan tenido la perspectiva de discapacidad transversalizada en sus mallas curriculares universitarias.
Como segundo punto está la seguridad que es clave para la accesibilidad. La amenaza de la violencia y la discriminación, el anonimato, la impredictibilidad del estado de las calles y aceras, el funcionamiento de semáforos, la delincuencia, entre otros; moldea la experiencia de las personas con discapacidad, hago especial mención a las mujeres con discapacidad, quienes además cargan con la violencia sexual que por los cuestionamientos propios que nos hacen a las mujeres (y más a las que tienen discapacidad), desincentivan las denuncias e incluso, llevan a no realizar actividades en el mundo público. El miedo funciona, una vez más, como disciplinante del comportamiento de las mujeres.
Como tercer punto, el transporte público accesible es sinónimo de autonomía. Es claro el gran número de personas que necesitan el transporte público para llegar a otros destinos. En el caso de nuestro país, no tenemos muchas opciones: el tren, solo abarca ciertos sectores y horarios, los taxis significan un costo que, sostenido en el tiempo, no es factible para la gran clase media. Ninguno accesible en su totalidad.
Por último, tenemos el servicio de autobús que es el más utilizado. En este deseo detenerme un poco más. No son pocas las denuncias que reciben distintas instituciones sobre este servicio. Citaré algunos ejemplos: desde no detener el bus para evitar subir una persona con discapacidad, ya sea por no atrasar la jornada o porque no funcionan las plataformas para subir una silla de ruedas o una persona con andadera; no existe forma de que una persona con discapacidad visual sepa si tocar el timbre o jalar el cordón para solicitar su parada, pues ambos sistemas son casuísticos según la unidad, así como tampoco saben cuál parada es la siguiente por no existir comandos de voz. El tormentoso ruido del motor viejo o de frenos en mal estado, es un problema para algunas personas con discapacidad psicosocial, la posibilidad de no subir una persona con su perro de asistencia es algo cada vez más cotidiano y, por último, paradas de autobuses no accesibles.
Tener una flota de autobuses en buen estado y con parámetros de accesibilidad conforme las leyes y la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, está íntimamente ligado a que, el 18,2% de la población (número porcentual de las personas con discapacidad mayores de 18 años según la ENADIS), puedan ejercer sus derechos, desde los más evidentes como el ejercicio de la autonomía personal, el libre tránsito o trasladarse a sus empleos; hasta el ejercicio de la vida en familia como llevar a sus hijas e hijos a las actividades escolares o visitar familiares. En palabras más simples, que el mundo público esté disponible para cualquier actividad.
Resulta absolutamente limitante no poder elegir por donde transitar o cómo trasladarse. El derecho a ocupar un espacio y ser visibles se coarta por la mala comprensión de que la accesibilidad es un gasto o una majadería. No resulta aceptable que existan personas que se sientan fuera de lugar versus quienes tienen un derecho garantizado. El entorno construido puede ser muy difícil de alterar, pero cuando el obstáculo es actitudinal o de poder, resulta más bien un bloqueo en el ejercicio de la ciudadanía. Es necesario el análisis interseccional para poder dar una solución al menos satisfactoria sobre el transporte público y el espacio urbano para las personas con discapacidad, que lejos de ser un conglomerado de personas homogéneo, es altamente diverso. Debemos comprender de una vez por todas que el diseño urbano tal y como existe actualmente, tiende a expulsar a las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables, es hora de empezar a incorporar la perspectiva Universal, la cual es altamente enriquecedora y un pilar para formar ciudades solidarias y de posibilidades infinitas.
