La influencia constitucional en el ámbito laboral a 30 años de su nacimiento

El país le ha apostado -desde su independencia- a la legalidad y, por ende, al desarrollo social, basado en los principios constitucionales.

El país le ha apostado -desde su independencia- a la legalidad y, por ende, al desarrollo social, basado en los principios constitucionales. Es por ello que se creó un tribunal constitucional (conocido popularmente como Sala lV), adscrito a la Corte Suprema de Justicia, que tiene como fin general, entre otros, declarar la inconstitucionalidad de las normas de Derecho Público, para lo cual, se emitió la ley no.7.128, ante modificación del artículo 10 constitucional (arrancando sus labores, un 27 de septiembre de 1989).

En el ámbito laboral, la Sala Constitucional definitivamente ha marcado un derrotero indispensable, tanto en la aplicación como interpretación de la misma, que data del año de 1943 y la cual recientemente (mediante ley no. 9.343, conocida como Reforma Procesal Laboral, RPL) fue remozada en la parte procesal, como colectiva y un mínimo en lo individual. Eso como consecuencia de los antecedentes que ha venido profiriendo el ente constitucional, junto con el reconocimiento de la normativa internacional, tratándose de derechos humanos, y es que precisamente la materia laboral ostenta dicha declaración, dentro del ámbito mundial.

Ahora bien, dentro de dicha influencia es rescatable la modificación a la carta de terminación del contrato de trabajo (“mal” llamada de despido) en el sentido de que es obligación su entrega, cuando medie despido justificado (sin responsabilidad patronal). Le corresponde la demostración de tal requerimiento a la parte patronal (art. 478 CT), sin posibilidad de alegar hechos distintos a los consignados en la carta (art. 500 ejusdem) y bajo pena de no correr la prescripción de los derechos cuando se haya realizado su solicitud. En este sentido, la Sala Constitucional había advertido que su omisión conllevaba un serio desequilibrio, lo cual significa un atentado directo e inmediato del derecho al trabajo y al debido proceso (votos nos. 2.170-1993, 0518-1999, 13.596-2016), de allí que el legislador le haya conferido preeminencia, basado en la tesitura de la próxima cumpleañera.

Dentro del ámbito colectivo se modificaron varios artículos, entre los que destacan: la huelga, el paro patronal, su calificación, la negociación y solución de los conflictos colectivos dentro del sector público, entre otros; con el ánimo de establecer reglas claras y actualizadas, de cara a los criterios externados, tanto por el ente constitucional, como por los compromisos internacionales adquiridos.

Así, por ejemplo, por huelga y con base en la RPL (art. 370), ya no se entiende como un “abandono temporal del trabajo”, sino que se viene a plasmar como una “suspensión concertada y pacífica del trabajo”, que conlleva la defensa y promoción de intereses económicos y sociales y la defensa de los derechos en los conflictos colectivos, en cuanto a incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo, conforme a lo establecido por el artículo 386 CT.

En este sentido, los votos No. 10.832 y No. 17.680, ambos del año 2011, habían analizado la huelga como un derecho fundamental, en donde media presión legítima en defensa de los intereses de los trabajadores, con el propósito de preservar, afirmar y perseguir los intereses que enuncia la propia Constitución y a los que el Estado debe procurar los adecuados cauces jurídicos e institucionales. De allí que mantener requisitos como, al menos, la participación del 60% de las personas trabajadoras de la empresa, para tener por legal el movimiento huelguístico o considerar la prohibición en cualquier caso del sector público, sin distinguir entre servicios esenciales y los que no lo son, era atentar contra los principios de proporcionalidad y racionalidad. Lo anterior en franca violación a las recomendaciones emitidas sobre el tema por la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto por los artículos 60 y 61 constitucionales; ya que de forma excesiva se consideró que se estaba limitando el derecho a la huelga, lo que la convertía en nugatorio su ejercicio.

En el plano procesal, en cuanto al tema de las medidas cautelares, la Sala Constitucional, había venido externando -desde el año 2005, mediante voto No. 6.224- que la aplicación por parte de la autoridad judicial, devenía del derecho constitucional, con el fin de posibilitar una justicia cumplida y pronta, en donde se debía garantizar al ciudadano -de manera provisional- la eficacia de la sentencia.

De allí que la legislación modificada optara por ampliar las medidas cautelares, con inclusión de medidas atípicas (las cuales pueden ser usadas en caso de considerarse necesarias para la garantía de un eventual futuro derecho; dándose, como algo impensable en el sector privado, la reinstalación dentro de la sede laboral, de manera precautoria en tiempo récord; y la suspensión de actos administrativos bajo advertencia de incurrir en el delito de desobediencia), etc.; comprendidas todas dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, con el fin de evitar extralimitaciones y siempre que se cumplan los presupuestos para su aplicación, sea la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la mora (periculum in mora), dentro de los principios constitucionales de una justicia pronta y cumplida para sus habitantes.

Como se puede entender, aquel presagio del Dr. Rodolfo Piza Escalante (qdDg), expresidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que con la creación de un órgano especializado en materia constitucional se iban a ver obligados los jueces y abogados de Costa Rica a buscar la Constitución entre sus “semiolvidados libros de universidad y  ponerla por primera vez entre los Códigos de sus Despachos (…) e incluso en el vademécum de los demás profesionales, empresarios, educadores, políticos y ciudadanos en general”, se ha convertido en un hecho incontroversial, siendo que sus sentencias se han constituido en un derrotero para todas las legislaciones remozadas.

No se puede dejar de lado la jurisprudencia constitucional, si se quiere modernizar determinada disciplina del derecho. Pensamiento avalado por el profesor Rubén Hernández, quien ha considerado que ciertamente los cambios más importantes y transformaciones jurídicas han provenido de la jurisprudencia constitucional, antes que de las reformas propiamente normativas. Lo anterior, se puede decir, como consecuencia de que el derecho debe ser dúctil (según lo ha sostenido el profesor italiano, Gustavo Zagrebelsky) para ir adaptándose a las necesidades que le demanden la sociedad, con el fin de mantenerse vigente y así cumplir los fines para los que ha sido creado. Sea bienvenido el natalicio 30 de nuestra Sala lV.


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