Opinión

La industria editorial costarricense

Con base en los datos de la Agencia ISBN, este artículo sintetiza las características principales de la industria editorial costarricense en 2018. Se escogió este año para evitar que los datos fueran afectados por la reforma fiscal implementada en 2019 —tan regresiva como recesiva— y por la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

Antes de empezar, conviene aclarar que no todos los libros y folletos que se publican en el país tienen ISBN, por lo que existe un subregistro que, de acuerdo con una estimación preliminar, alcanzaría un máximo del 10% de todo lo producido. La mayoría de estos materiales son documentos elaborados por instituciones públicas, sobre todo ministerios.

Explicado lo anterior, se puede pasar ahora a examinar la producción editorial por sector. De 2.149 obras publicadas en 2018, el sector privado concentró el 50%, el sector público el 45% y el sector internacional (organizaciones, instituciones o fundaciones de esa índole que tienen una sede o filial en Costa Rica) el 5% restante.

Hubo, sin embargo, diferencias relevantes entre los sectores: mientras en el privado prevaleció el texto impreso (77,7%), ese dominio fue significativamente menor en el internacional (59,8%); en contraste, en el público predominó el electrónico (53,4%).

Se procederá ahora a considerar la participación de los distintos productores de libros según sector, a partir de una clasificación que modifica parcialmente la del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).

Sector privado

La producción de libros en el sector privado está dominada por las editoriales, que concentraron el 65,8% de las obras impresas y el 88,3% de las electrónicas publicadas en 2018. Dado que no todas las editoriales privadas tienen un ISBN propio —algunas publican sus libros con el ISBN de las empresas que les venden los servicios de edición y de impresión—, se hizo un esfuerzo por diferenciarlas a partir del nombre.

De 49 editoriales identificadas, 20 de ellas publicaron cuatro obras o menos, 12 publicaron entre cinco a nueve obras, y 17 entre diez obras y más. Cinco empresas dedicadas a producir libros de texto para escuelas y colegios, lideradas por Santillana, concentraron el 45,1% de las publicaciones impresas y el 89,2% de las electrónicas dadas a conocer por las editoriales.

A mucha distancia, 40 entidades privadas (asociaciones, fundaciones, organizaciones, librerías y sindicatos) publicaron el 16,7% de los libros impresos y el 3,8% de los electrónicos. En este grupo, los principales productores fueron la Fundación Casa Poesía, la Asociación Gerontológica Costarricense y la Asociación de Escritores y Escritoras de Pérez Zeledón, que concentraron el 41,4% de las obras impresas y ninguna de las electrónicas.

Por su parte, 96 autores, que publicaron por su propia cuenta, concentraron el 12% de las obras impresas y el 7,1% de las electrónicas. De esas personas, un 35,4% eran mujeres y el 64,6% hombres. Sin embargo, en términos de quienes publicaron tres o más libros, las primeras (tres casos) aventajaron ligeramente a los segundos (dos casos).

Dado que algunas editoriales e imprentas venden los servicios de publicación y las obras respectivas circulan con el ISBN de tales empresas, la participación de los autores que financian sus propios libros está subrepresentada. Un cálculo preliminar al respecto indica que las personas que se autopublicaron habían concentrado como mínimo el 15,2% de todas las obras impresas en 2018 y el 24,5% de todas las de ese tipo publicadas por el sector privado.

Ocho empresas de impresión, lideradas por Lara, Segura y Asociados, concentraron el 4,3% de todas las obras publicadas por el sector privado (ninguna de tipo electrónico); y siete universidades privadas aportaron el 1,2% de los textos impresos por dicho sector, y un 0,8% de los electrónicos.

Llama la atención que un conglomerado como el de las universidades privadas, que empezó a formarse hace casi medio siglo, tiene una matrícula superior a los 100.000 estudiantes y es el que más personas gradúa en el área de educación, sea prácticamente estéril en lo que respecta a la producción de libros.

Sector público

En el sector público, la producción de libros fue ampliamente dominada por las universidades estatales. Las cinco editoriales universitarias concentraron el 35,3% de todas las obras impresas y el 62,6% de las electrónicas publicadas por dicho sector en 2018. La editorial líder fue la de la Universidad Estatal a Distancia, que aportó el 45,3% de los textos impresos y el 81,4% de los electrónicos.

Dado que estas editoriales no pueden satisfacer toda la demanda de publicación generada por la educación superior estatal, 37 instancias universitarias (Consejo Nacional de Rectores, vicerrectorías, escuelas, sedes, unidades de investigación y programas) produjeron el 28,7% de todos los textos impresos por el sector público y el 11,4% de los electrónicos.

Considerada en su conjunto, el aporte de las universidades supuso el 21,3% de todas las obras impresas en el país en 2018 y el 47,8% de las electrónicas; para el sector público, esas proporciones ascendieron a 64% y 74%, respectivamente.

Luego de las universidades, la segunda contribución en importancia fue la de los ministerios: 11,6% de las obras impresas por el sector estatal y 14,5% de las electrónicas. De los textos ministeriales, el Ministerio de Educación Pública concentró el 44,2% de los impresos y el 30,7% de los electrónicos.

Diecisiete instancias estatales (poderes de la República, instituciones autónomas y otras) aportaron el 11,3% de la producción impresa del sector público y el 7,3% de la electrónica. La más prolífera fue el Instituto Nacional de las Mujeres, que produjo el 32,1% de los textos impresos y el 5,3% de los electrónicos.

La Editorial Costa Rica contribuyó con 7,1% de todos los textos impresos del sector público y 3,7% de los electrónicos. A su vez cuatro museos aportaron 4,7% de las obras impresas y 0,2% de las electrónicas. De estos últimos, el liderazgo correspondió al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que concentró el 61,9% de la producción museística impresa y el único libro electrónico. Finalmente, cuatro municipalidades (Escazú, Santa Ana, Alajuela y Palmares) produjeron el 0,9%de los textos impresos y el 0,2% de los electrónicos.

Sector internacional

A partir de mediados del siglo XX, la democracia y estabilidad institucional incentivaron que diversas entidades internacionales se establecieran en Costa Rica, un proceso que repercutió favorablemente en la industria editorial.

De esas entidades, las que produjeron textos en 2018 fueron lideradas por cinco organizaciones dedicadas a la enseñanza superior, las cuales concentraron el 29,7% de las obras impresas por el sector internacional y el 72,1% de las electrónicas. De estas publicaciones, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza aportó el 26,3% de los impresos y el 51,2% de los electrónicos.

Aunque la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas no publicó obras electrónicas, se ubicó en segundo lugar en producción, al concentrar el 35,9% de todo lo impreso por el sector internacional.

Dos organismos internacionales contribuyeron con el 12,5% de los textos impresos por dicho sector y el 14% de los electrónicos. El aporte principal correspondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concentró el 50% de la producción impresa y toda la electrónica.

Por último, seis organizaciones no gubernamentales concentraron el 12,5% de las obras impresas por el sector y el 11,6% de las electrónicas, y cuatro fundaciones aportaron el 9,4% de las primeras y el 2,3% de las segundas.

Los datos anteriores muestran cuatro tendencias principales: la producción de libros de textos —el ramo más rentable— está concentrada por unas pocas editoriales privadas; la autopublicación está en ascenso; la transición hacia el libro electrónico avanza a paso firme en los sectores público e internacional; y estos sectores reducen su participación en la compra de materiales y servicios de impresión, con el impacto consiguiente en las empresas que dependen de esas actividades (un proceso que, en el caso del Estado, será intensificado por la regla fiscal).

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