A finales del año anterior se presentó una edición más del Informe del Estado de la Nación, en este caso del período 2023- 2024. En dicho informe se analiza, entre otros temas, la situación de la pobreza en el país. Aunque la pobreza es un mal nacional, la misma presenta importantes asimetrías, ya sea que nos ubiquemos en un territorio urbano o uno rural y costero. Así el promedio nacional de pobreza es del 21,8% mientras que el de las zonas rurales es del 26,8%. Si analizamos esos rangos por regiones el contraste es aún mayor. Para 2024, en la Región Central del país la pobreza bajó de 18,1% a 17%, en cambio para las siguientes regiones los rangos fueron: Chorotega 27,6%, Pacífico Central 28,4%, Huetar Norte 29,3%, Región Brunca 30,6% y Huetar Caribe 31,4%. Más triste aún es la situación de pobreza extrema en la Región Chorotega la cual aumentó del 7,9% al 10,5%, la más alta del país. Si se trata de analizar la llamada pobreza multidimensional, que es la más integral, pues incluye más variables, los conglomerados cantonales con mayor desigualdad nuevamente son los territorios costeros, fronterizos y más alejados del país, a los que el Estado de la Nación califica como desatendidos. Como podemos ver entonces en esta radiografía del país, estamos en presencia de dos Costa Ricas, una más rica ubicada en la región central del país, con las mejores condiciones de vida, los mejores mejores índices y las mayores posibilidades de acceso a diferentes servicios y las regiones rurales más pobres, aún más a medida que nos vamos acercando a las costas y a las fronteras. ¿Cuáles son las razones por las cuales se presenta esta desigualdad en el territorio, esta asimetría y esta disfuncionalidad del país? Existen un conjunto de razones de carácter socioeconómico y cultural que no es posible analizar acá, pero una pista es, por ejemplo, la dinámica de expansión capitalista manifestada entre zonas metropolitanas y zonas rurales, donde los centros de poder concentran la riqueza los servicios y las oportunidades, mientras que las zonas rurales, pese a ser más ricas y abundantes en recursos naturales, son utilizadas como reserva de recursos naturales humanos y materias primas los cuales se trasladan a la región central. Ese estilo de desarrollo es apuntalado con legislación y políticas públicas y como ejemplo de ello en nuestro país el sacrificio de toda la Región Caribe para dotar de ferrocarril a los productores cafetaleros del Valle Central, o la legislación agraria promulgada que favoreció el desarrollo de grandes latifundios en Guanacaste. Frente a ello, necesitamos un modelo alternativo y sostenible, inclusivo para jóvenes y mujeres, un modelo respetuoso del desarrollo ambiental y que propicie justamente la participación y la descentralización, tanto de las de decisiones, de los recursos que se generan en el país, donde integremos una visión de participación ciudadana y de profundización de la democracia, donde las comunidades rurales pueden participar tejiendo su desarrollo. Creemos que dos leyes recientes van en esa línea e invitamos a los lectores a su estudio: la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) número 9036, del año 2012 y los principios esbozados en la Ley de Desarrollo Regional número 10096, del año 2021. En otro artículo analizaremos dichas leyes.
