En estos momentos de cambio y transformación social, se ha puesto en evidencia la importancia de la participación política de la sociedad civil. Lastimosamente, una gran parte de la sociedad entiende por “democracia” la oportunidad manifiesta de emitir nuestro criterio validado por un voto y abandonamos la obligación de participar, de manera informada, en los procesos de construcción, vigilancia y estructuración del estado y, por ello, hemos dejado atrás la historia y la lucha que nos permitió crecer como el país con los mejores indicadores sociales e institucionales de Centroamérica en los últimos 70 años.
En la historia política mundial, encontramos la información de cómo se sentaron las bases en las cuales vivimos actualmente, recordando que la lucha de nobles y burgueses de antaño generó una nueva posibilidad en la implementación y construcción de la democracia, esto sin negar que su éxito tuvo un costo, que se pagó con sangre, pero como resultado, en la mayoría de casos, predominó el interés máximo de: Otorgar derecho de oportunidades para todos los habitantes.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la construcción inicial del Gobierno se enmarca en ese interés: servir, mediar y otorgar derecho de oportunidades a su pueblo; pero, en el mismo periodo de tiempo que enmarcamos a nuestro país como ejemplo de libertad y democracia, la innovación en la transformación del Gobierno ante los diferentes cambios ha sido nula, caemos en los mismos errores del pasado y, si analizamos de forma crítica el rumbo al que nos dirigimos, se denota muy claro que estamos repitiendo la historia justo después de la caída de los imperios romano y griego: en la cual, una minoría formada por grupos privilegiados con algún poder político, económico o militar, llamados “nobleza” (en toda su conceptualización) dominaron el territorio a su merced ante la vista y el silencio de serviles.
Análisis político nacional:
Utilizando nuestra ubicación geográfica como metáfora, Costa Rica naufraga desde tiempo atrás entre un océano peligroso llamado crisis fiscal y un océano violento llamado crisis social; esto es reflejo y resultado de una gestión gubernamental ineficiente enfocada principalmente en un interés político y económico por encima del interés social de desarrollo, reduciendo el derecho de oportunidades para las personas y generando un distanciamiento entre el aparato estatal y la población.
En el análisis, debemos considerar momentos especiales que son parte del problema actual, es recurrente encontrar en este proceso medidas y políticas hechas en la línea de la predicción de resultados futuros, y no la de la proyección de resultados esperados, un ejemplo de ello es la implementación del Plan Escudo como respuesta a la crisis mundial en el Gobierno de Oscar Arias, plan enfocado en el aumento salarial público y el incremento de la cartera de funcionarios, aprobado como una solución con resultados positivos de corto plazo, pero una contradicción en términos del momento, la obligación del Estado y la posible afectación futura.
De esta forma, el déficit fiscal aumenta y las propuestas de solución son respuestas cortoplacistas que recaen, principalmente, en los grupos sociales de menor ingreso y el sector privado, a su vez, acrecentando la desigualdad, pobreza y brecha económica en la población. Como país hemos invisibilizado cómo se construyó la economía nacional, olvidando la importancia de la producción agropecuaria y pesquera como primer eslabón del desarrollo socioeconómico histórico, pretendiendo ser un país avanzado por una calificación de renta media ilusoria e insostenible en el tiempo a base de deuda externa, la realidad es muy clara, Costa Rica es actualmente un país sin perspectiva o prospectiva estratégica de desarrollo.
Aunque esta aseveración sea dura y difícil de aceptar, enfoquemos el análisis en los datos: Costa Rica, en la actualidad, marca un porcentaje de hogares en pobreza alcanza el 26,2 % (Enaho), de la misma forma, cuenta con una tasa de desempleo del 24% (Agosto, 2020), a esto, en este 2020 cuenta con un déficit fiscal de superior al 9% y una deuda pública del 70% del PIB (M.H.). En los últimos tiempos, encontramos que la solución fácil y a corto plazo es financiar o comprar tiempo con deuda externa, reflejado en el histórico sobre el crecimiento de la deuda externa, el cual aumentó en un 352,27 % desde el 2011 al 2019 (no incluye la deuda privada).
Al mismo tiempo, reconociendo la necesidad económica del país, no encontramos un aparato estatal indiferente por muchos años al impacto económico del fraude, la elusión y la evasión fiscal, estas dos últimas calculadas en el 8% del Producto Interno Bruto, así mismo, permisivo de excepciones tributarias parcializadas, amnistías y exoneraciones sin trasparencia, así también, predisposición a la corrupción, en este rubro la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, establece un crecimiento del 500% en denuncias por corrupción (2015/19) y su efectividad referente a resultados es cuestionable, encontramos también procesos de destrucción y saqueo de las arcas del estado, sin seguimiento, ni control, ni responsabilidad asociada a una rendición de cuentas (Aldesa, Alunasa, Anglo, Cementazo, Codesa, Fhisher, Fertica, Fundehca, TAAS, Trocha, CCSS, Generadores privados de electricidad, licitaciones, construcción de rutas, Autopistas del Sol, exportaciones de oro y demás).
Ante esta realidad, el Gobierno actual intenta imponer la propuesta del FMI como propuesta de solución, en el marco establecido en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2021, el cual prevé en su plan de gastos un estado con 54,9% financiado con deuda y un 45,1% con ingresos, por ello, el Ministerio de Hacienda proyecta necesidades de financiamiento del 15,0% del PIB para 2021 y las fuentes de financiamiento externas solo permitirían cubrir 25% de las necesidades totales, lo que obligaría a recurrir al mercado local para financiar el 75% restante.
Ante esta realidad nacional y ante el descontento social, el ofrecimiento de diálogo ha tenido el mismo resultado que los últimos seis años, una marcada falta de liderazgo y propuestas de corto plazo (reducir el déficit primario al 1,5% del PIB) sin pensar en corregir el fondo (estabilizar la deuda y la reducción del gasto); por parte, del primer poder de la nación, su acción legislativa, como lo refleja OCDE en su análisis, aprovecha el contexto COVID para aprobar legislación de alivio social respondiendo a intereses de grupos económicos y no de la mayoría, lo que aumenta la incertidumbre y coloca al país en una posición de vulnerabilidad en la pérdida de confianza de inversión privada extranjera, sin tomar en cuenta ni solventar nuestro lugar en el mundo como uno de los países más caros y con una de las cargas tributarias más altas del mundo (58.3%) y como lo establece el Parlamento Agropecuario Nacional, con un enfoque prioritario a la importación y el descuido a la producción nacional, el aumento en el nivel de endeudamiento de las empresas y personas, dándole continuidad a la creciente carga impositiva a los pequeños y medianos, imposibilitando emprendimientos perdurables y disminuyendo el desarrollo social.
Para terminar, es difícil predecir el futuro, pero podemos intentar entender los procesos para prepararnos. Me gustaría dejarles dos ejemplos claros de nuestra prospectiva política al de hoy: Como primer ejemplo, nuestros representantes legislativos lograron la reciente aprobación de la ley para establecer bases de usura y fijar una tasa máxima de intereses y, hoy, encontramos una propuesta actual que propone borrar la prohibición de tarjetas de crédito para reversar un beneficio otorgado al pueblo; como segundo ejemplo, nuestro mandatario estableció fallidamente como primera opción de solución económica, un acuerdo con el FMI, en el cual las medidas de proyección de pago de la deuda estarán basadas en 80% de impuestos a una población empobrecida y 20% en reducción del gasto, al mismo tiempo, el FMI propone, en su propuesta mundial, subir los impuestos a los más ricos y a las empresas rentables y destinar lo ingresado a salud y protección social, proponiendo tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados; estos dos ejemplos nos esclarecen la situación de contradicción de intereses políticos y la transformación del interés de estado hacia el lucro, ahora podemos entender las palabras del ex presidente Oscar Arias ante la propuesta del TLC, la afirmación la debimos entender como “los que hoy vienen en BMW, después del tratado vendrán en bicicleta, en esto consiste el desarrollo” (2016), en efecto, su predicción fue exacta.
Este abandono a las bases de nuestra democracia ha colocado a Costa Rica en riesgo, es claro visualizar que son menos las posibilidades del estado de otorgar el derecho de oportunidades para todos los habitantes y esto tiene afectación directa en la calidad de vida de todos, así como en los indicadores de salud, seguridad social y seguridad alimentaria; ante esto, resurgen las mismas figuras políticas, para resolver los mismos problemas, con las mismas soluciones y esperando diferentes resultados, con la mirada enfocada en los puestos políticos que les da la oportunidad de pertenecer a la nueva nobleza, proceso cimentado en las lágrimas y el silencio de siervos menguados, dominaron el territorio político y económico a su merced ante la vista y el silencio de serviles.
