Producto de una amplia movilización ciudadana con afiliaciones multipartidistas y de alianzas políticas que constituyeron el germen del Gobierno de unidad nacional que está ahora en proceso de consolidación, don Carlos Alvarado ganó con una muy holgada mayoría en la segunda ronda. De la mano de una miríada de congregaciones evangélicas, Fabricio Alvarado contó con un importante apoyo de la población que sufre mayores carencias.
El porfiado fin del bipartidismo y la amenaza del fundamentalismo religioso y de la fusión del poder político y religioso originaron una madura respuesta política en la segunda ronda, excepcional en un contexto internacional en que partidos populistas y líderes antidemocráticos ponen a prueba los basamentos de numerosos sistemas políticos en los agitados continentes americano y europeo.
Sin embargo, el país indudablemente está en una encrucijada: cabe reconocer esa excepcionalidad y aprovecharla para evitar la deriva hacia el desafecto político y hacia costosas aventuras populistas. “He abusado del tiempo, y ahora el tiempo abusa de mí” clama Ricardo II en la obra del mismo nombre que nos legara William Shakespeare. Tal sentencia sobre el implacable paso raudo del tiempo es una pertinente metáfora para expresar la urgencia con que Costa Rica debe aprovechar el actual momentum político y para advertir sobre las graves consecuencias que acarrea el desestimar oportunidades históricas propicias. La situación exige lograr acuerdos políticos de raigambre: sensatos y moderados para fortalecer la institucionalidad y la convivencia democrática; innovadores y audaces ante las exigencias de un mundo globalizado con inclementes innovaciones tecnológicas; e implacables y sagaces ante la corrupción y ante la subrepticia corrosión creada por los sangrientos tentáculos de la narcoeconomía.
Se trata de un complejo reto en el marco de un régimen presidencialista y de una Asamblea Legislativa en la que el PAC tiene una representación limitada y donde la bancada mayoritaria es liberacionista. Por su parte, el partido del candidato perdedor, que sorpresivamente pasó de unipersonal a alcanzar la segunda bancada, rápidamente ha sumado a su falta de experiencia política e ignorancia técnica frente a graves conflictos internos, así como indicios vehementes de corrupción en torno al uso de recursos públicos y privados en la campaña presidencial, que están siendo investigados por el TSE. Estos aspectos conjuntamente abren signos de interrogación respecto del accionar de estos escaños.
Está a prueba el liderazgo de don Carlos Alvarado en cuanto a generación de confianza, previsión de futuro y entusiasmo. Pero igualmente está a prueba la capacidad de los partidos políticos democráticos y de las diversas organizaciones de la sociedad civil para trascender orientaciones corporativistas y juegos de suma cero. Recordemos, en su antípoda, la defenestración de la reforma fiscal que con tanto ahínco y diálogo se intentó en la administración de doña Laura Chinchilla.
Se trata de adoptar políticas de país para encarar dilemas que no se resuelven caso por caso. Resulta urgente que Costa Rica pueda abocarse con responsabilidad, más allá de los legítimos intereses particulares, a la renovada construcción política del bien común, que en muchas dimensiones se ha erosionado, postergado o dilapidado a lo largo del tiempo. Tal como lo formula el economista Jean Tirole, el bien común representa la convergencia entre el interés individual y el interés general. En la búsqueda de los objetivos que se encarnan en la noción de bien común están en juego valores personales y colectivos. Por ello son cruciales los incentivos e instituciones que habiliten el bien común, dada la posible divergencia entre el interés privado de los individuos, de los grupos sociales y de las naciones y el interés general.
Para 2014, según cálculos de Gómez Sabaini y Morán, los ingresos tributarios de nuestro país (sin incluir la seguridad social) ascendían a 14,8% del PIB, con lo que ocupaban el doceavo lugar dentro de 18 países latinoamericanos; por su parte, la seguridad social como porcentaje de la recaudación total se había elevado desde el 27,2% en 1990 a un 34% en 2014, superando a Suiza, los EEUU y el Reino Unido. Como lo destaca la OCDE, las contribuciones de los impuestos sobre la renta y el IVA son bajas debido a la evasión fiscal, una base impositiva limitada y tasas impositivas marginales bajas; por ejemplo, los ingresos que se recaudan mediante el IRP son pocos, debido a que el umbral libre de impuestos es alrededor del doble del salario promedio en el sector privado, mucho más alto que en la mayoría de los países de la OCDE.
Debido al creciente endeudamiento, al creciente aumento del gasto y a la fuerza de algunos de sus disparadores, es urgente sanear la situación fiscal del país. Ese saneamiento, como plantean numerosas voces de un amplio espectro ideológico, no pasa únicamente por aumentar los recursos. Como subraya la OCDE, el gasto en salarios del sector público como porcentaje de los ingresos tributarios es más alto que en la mayoría de sus países miembros, aunque comparativamente la participación del empleo público sea una de las más bajas, y los salarios del sector público representan una gran parte del gasto público total. Además de crear distorsiones en el mercado laboral y reducir la movilidad de los empleados, su aumento ha contribuido también al reciente aumento de la desigualdad. De allí la necesidad de recuperar el control sobre la asignación de recursos, superar la fragmentación institucional y reformar la estructura salarial del sector público.
Por su magnitud y carácter, tales distorsiones del empleo conducen a que variadas instituciones adquieran una vida propia y se altere la brújula sobre su finalidad, conculcando el bien común que las originó. Es como si algunos privilegiados, por ser magistrados, médicos, alcaldes, jerarcas o empleados bancarios, profesores universitarios etc. se llevasen jirones del Estado de bienestar hacia sus casas, mediante remuneraciones desproporcionadas e insostenibles, anualidades cuestionables, dedicaciones “exclusivas”, pluses salariales y pensiones ajenas a las contribuciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Por el contrario, se requiere crear un sistema institucional y organizativo que, en aras de la calidad, el rendimiento de cuentas y la equidad de los servicios, vincule estrechamente el control financiero, el desempeño del servicio y la calidad de la prestación, y que abarque modificaciones sustanciales en el campo de los recursos humanos asociados, en cuanto a criterios de desempeño, para asegurar que el comportamiento de los funcionarios sea consistente con los principios del bien común. Está sobre el tapete emprender reformas que busquen una mayor convergencia de beneficios y una mayor vocación redistributiva.
El descontento de los ciudadanos con los servicios a los que tienen acceso, con la decadencia de las obras públicas y de los sistemas de transporte, con las desigualdades y estratificaciones del empleo público y con las pensiones es de tal magnitud que, aunado al desencanto de los pobres con los partidos tradicionales, se dibuja en el horizonte una constelación política inédita. Puede, además, coadyuvar a hacer viables profundas e impostergables rectificaciones en la materia, so pena de que se profundice en el país un descontento ante la cosa pública y un desafecto político, que a todas luces serían inconvenientes para consolidar nuestra democracia, y caldo para el populismo.
En otros planos se anuncian también innovaciones en que habrá que velar por el bien común. Por ejemplo, en obras públicas realizadas mediante concesiones. Tanto para asegurar la eficiencia y la eficacia de las prestaciones, como la minimización de costos para el usuario y la proporcionalidad de la ganancia privada, las concesiones deberán estar regidas por una regulación y por procedimientos que garanticen relaciones de competencia y que impidan ganancias extraordinarias, tal como debe aprenderse de los claroscuros de los contratos de concesiones en Chile.
