El grandilocuente mensaje presidencial de Chaves no incluyó referencia alguna a la situación de la clase trabajadora asalariada; ni a la del sector privado ni a la del sector público.
Empecemos por el sector Público. Estamos ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total de los salarios estatales, lo cual es violatorio de la Constitución y de los mismos Derechos Humanos (DD.HH.). Así fue señalado por la propia Procuraduría General de la República -PGR-.
Esta es de las más grandes crueldades anti-obreras de los últimos tiempos; herencia del nefasto co-gobierno del PAC-Alvarado con el PLN neoliberal. Chaves prolonga el congelamiento pues ambos gobiernos están matriculados, ideológicamente, con una única visión-país de corte totalitario como lo es el «todo mercado-nada Estado»; en la cual lo más «sagrado» que hay es la deuda pública y el pago escandaloso de intereses.
El pago de la deuda por costo de vida impuesto en el 2019 a la clase trabajadora estatal, por una parte; y, el ajuste técnico de los salarios base de los cuerpos policiales concretados por Chaves obedecen a gestiones y presiones sindicales que para nada tienen que ver con decisiones de política salarial para el sector Público de su gobierno.
Es más, no hay más política salarial en el sector Público que la del congelamiento salarial total y radical, por un lado; y, por otro, la imposición del salario global en los puestos que corresponda según la cuestionada, constitucionalmente hablando, de la Ley Marco de Empleo Público. También esta herencia del co-gobierno PAC-Alvarado con el PLN-Neoliberal.
Pasemos al sector Privado. La clase trabajadora asalariada del sector privado continúa siendo víctima de la doble condena que sufre con el salario mínimo.
Por un lado, el desgraciado gobierno Alvarado-PAC derogó la fijación semestral de reajuste al salario mínimo por costo de vida. Ahora es anual (en el mes de octubre).
Por otra parte, comprobado está que el monto actual del salario mínimo en casi todas las clasificaciones ocupacionales, es completamente insuficiente para atenuar el proceso de empobrecimiento salarial; factor éste de gran relevancia que agudiza la exclusión social y económica que está impulsando la desigualdad.
Tan es así que están en camino iniciativas sindicales que pretenden nuevos montos de salario mínimo en actividades como la conducción de autobuses en la modalidad de transporte público de personas; en vigilancia y seguridad privada; y, con influencia internacional, en actividades agrícolas de explotación bananera y piñera.
Por todo ello podemos decir que las personas trabajadoras asalariadas, ya sean del sector público o del sector privado, en lo que respecta a su vital ingreso salarial no se sintieron aludidas ni mucho menos representadas en el informe presidencial de Chaves.
Por tal razón hay gran trabajo por hacer en el ámbito de la acción sindical, tanto pública como privada. Una acción que debe ser sustentada, argumentativamente hablando, y no panfletaria.
Una acción sindical que debe apelar a ese gran poder obrero que, si se decide a movilizarse, conseguirá grandes logros.
La estridente gritería presidencial sobre la «exitosa” gestión macroeconómica de su gobierno no ha repercutido en el bienestar económico y social de las familias de la clase trabajadora asalariada. Ésta no come macroeconomía.
