La propia academia y cultura costarricense suelen mostrarse en franca retirada, o por decir lo menos, en cómodo despiste. Ven pero callan, limitándose a la seguridad de replicar titulares prefabricados desde la oficialía mayor, que les recetan “como con cuchara”, a una caterva de periodistas que si acaso rozan los temas, cuan si vivieran acostumbrados a caminar de puntillas sobre los problemas estructurales, siempre con ese cuidado que trasluce una especie de alergia gremial a ensuciarse batiendo críticamente el barro de una realidad, que si acaso fotografían, pero jamás se atreven a radiografiar.
Transitando por esa vía, es posible explicar que pueblos como el limonense, puntarenense, quepeño o sancarleño, aguanten tanto y tanto, sin reflejos cívicos ni defensas sociales.
Dicho en crudo y aunque indigne: hoy los limonenses reclaman por las consecuencias de lo que, muy en el fondo, les ha heredado su propia pasividad. Quepos también. Puntarenas ni se diga y San Carlos ya viene siendo caso de manual.
Múltiples y entendidas voces advirtieron la debacle laboral que sucedería a la entrada en operación de APM Terminals. Hoy la mitad de los limonenses están sin trabajo o a punto de estarlo.
Los puntarenenses fueron advertidos de la falta de diversificación de su oferta al turismo local y extranjero, por lo demás, claramente diferenciado. La incapacidad de gestar una fuerza pesquera internacionalmente competitiva que aproveche el atún y otras riquezas marinas terminó adornada por el golpe mortal que el Estado le asestó a la pesca de arrastre y el sinsentido de un muelle de cruceros que nunca terminó de encadenar ni a los pequeños touroperadores ni las ventas locales del Paseo de los Turistas, sino solo orbitalmente y como para confirmar la regla de que la tajada grande se la sirven grandes agencias de viajes vallecentrinas.
Los quepeños, siempre de espaldas a esa joya que representa el Parque Nacional Manuel Antonio, lo han descuidado casi tanto como la formación técnica en turismo y afines de su propia gente. La infraestructura raquítica no solo de acceso al parque sino en el mismo parque se redondea con un desorden tercermundista en los parqueos y zonas aledañas por las que obligadamente transitan los turistas, tanto a la entrada como a la salida de ese, el parque nacional más importante y productivo, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica.
Esos tres ejemplos de pasividad ciudadana resumen, al menos en parte, el descuido estatal de zonas estratégicas que terminan subdesarrollándose, en tanto concentran riqueza y exportan malestares e inseguridad.
Muy linda la Terminal de Contenedores de Moín, pero, y ahora: ¿quién pagará el desastre social que implican esos índices de desempleo en Limón? ¿Cuál es el plan de mitigación que tiene el Gobierno? ¿Será necesario recordar que Carlos Alvarado era, justamente, el ministro de trabajo del gobierno de la pifia de Luis Guillermo Solís, y por tanto, sería vergonzoso que hoy alegase desconocimiento y ya no solo falta de previsión?
Muy edificante, ecológicamente hablando, apostarle al coto de la pesca de arrastre o a las moratorias pesqueras en ciertas épocas, pero: ¿quién asume la responsabilidad por el cataclismo social que vive hoy Puntarenas? Y, nuevamente, se impone esa misma precisión al pie: ¿Habráse olvidado que Carlos Alvarado viene de ser el ministro de trabajo de la primera parte de este largo gobierno de ocho años del PAC?
Sumando elementos, hoy resulta estimulante sabernos, como país, contrarios a la minería a cielo abierto. Que jamás se diga que en Costa Rica no se respetó la legalidad en el caso de Crucitas y en consecuencia los jueces le enmendaron la plana, incluso, a un ministro (Roberto Dobles) y un presidente (Oscar Arias). En definitiva, hasta ahí, no media ningún error. Pero: ¿Acaso no debía ese mismo Estado infractor, condenado judicialmente, prever y adoptar medidas proyectivas que anticiparan lo que está ocurriendo hoy en Crucitas? ¿Se olvida que claramente se advirtió que esa franja de frontera era, como otras tantas en los límites patrios, tierra de nadie?
Y para evitar los centralismos meseteños, ahorrémonos el olvido de preguntar también: ¿Dónde estaban los gobiernos locales? Sí, las municipalidades de esos lugares olvidados hasta por sus propios regidores y alcaldes. ¿Qué pasó con las fuerzas vivas?
Por estos días se presentó al país un agresivo plan de descarbonización de la economía, que tiene por centro de gravedad el cambio de la matriz energética nacional.
Y ahí también, tanto antes como ahora, poquísima discusión.
¿Quién va a pagar la factura por lo que deje de entrarle al fisco, vía combustibles fósiles, que se calcula en una cifra cercana al 6% de los ingresos fiscales según estimaciones de Recope? Lo cual habría que sumarle al déficit actual, por el orden del 6% del PIB.
Finalmente, nótese que todo el trance social del año pasado, cobró sentido solo en torno a un “Parche Fiscal” que implica, en el mejor de los escenarios, el 2%.
Así las cosas, bien haríamos en provocar discusiones más de fondo que nos lleven por los derroteros que marca una pregunta definitiva: ¿Quién pagará la “fiesta triste”? ¿Otra vez el pueblo dormido?