De acuerdo con un informe de auditoría sobre la eficacia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda contra la evasión en el Impuesto General sobre las Ventas, período 2010-2017, emitido por el área de fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República de la Contraloría General de la República, se determinó que dichas acciones no han sido eficaces en un contexto en el que la evasión se incrementó en dos puntos porcentuales en el periodo 2012-2016, al pasar de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el 2016, mientras que la carga tributaria por este impuesto evolucionó de un 4,8% a 4,4%, respectivamente.
El monto estimado de la evasión fiscal en ventas ronda los ₡650 mil millones. La brecha de la evasión en el impuesto de ventas es de un 1,9 % del PIB. Se estima que se cerró en el 2018 con una evasión de ₡650.264 millones. Un dato especial del informe de la Contraloría General dela República y de gran transcendencia en el sentido de que uno de cada tres contribuyentes inscritos declararon impuesto neto menor o igual a cero. La deuda en mora por el impuesto de ventas en el 2017 alcanzó ₡71.220 millones y creció en más de 150% del 2010 al 2017. Es de esperar que las disposiciones que se aprobaron en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitan disminuir sustancialmente la evasión fiscal, pero va a depender de las medidas y acciones que tome el Gobierno y especialmente el Ministerio de Hacienda en materia tributaria.
No llama la atención que en este inicio del mes de enero se da la noticia de que una empresa que brinda servicios telefónicos está siendo investigada por una posible evasión de más de ₡1.200 millones. No se sabe cuántas empresas y personas físicas están evadiendo impuestos. Otro aspecto señalado por la Contraloría General de la República se refiere a los pluses salariales del sector público e indican que la CGR elaboró la información sobre la composición salarial de 189 instituciones públicas, lo que permitió analizar la cantidad y montos de pluses salariales, tanto en general, por sector institucional como por entidad. Se revela que los pluses salariales muchas veces son casi el 50% del salario de muchos empleados públicos, lo que requiere una profunda revisión por parte de las autoridades pertinentes. En 24 instituciones los pluses salariales son superiores a las remuneraciones básicas .Un aspecto relevante sobre el que deben tomar pronto decisiones importantes es el referente al número de instituciones que conforman el sector público, que se ha entrabado y tiene un accionar poco ágil no acorde con los requerimientos de la era de información o la cuarta era industrial. No llama la atención que solo en el sector social existen más de 20 instituciones, y la desigualdad social cada vez es mayor y la pobreza se incrementó y creció. De acuerdo con la “Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018″ (se trata de una encuesta elaborada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Costa Rica (INEC)), se determinó que el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328.848 hogares, 23.617 más que el año anterior. En términos porcentuales representa un incremento de 1,1% en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa”. Se señala también que “La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9 %, en términos absolutos representa 1.142.069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8% respecto del 2017; es decir, 49.666 personas más en condición de pobreza”.
En relación con el número de instituciones públicas, de acuerdo con el último estudio que realizó Mideplan son 330 instituciones, lo que es inmanejable y con costo financiero muy alto, con duplicidades de funciones y más 900 programas, por lo que es necesario reestructurar el sector público de Costa Rica para que se mejore su accionar y se disminuya el gasto público. Así, junto con la reforma fiscal, las medidas para disminuir la evasión fiscal, se podrá eliminar una parte importante de los destinos específicos o su incremento año con año, junto con la aplicación de la regla fiscal, para que se pueda disminuir sustancialmente el déficit fiscal, que se estima que cerró en el 2018 con un 7,2%, y el nivel de endeudamiento pues, por primera vez en más de una década, el Presupuesto Nacional del 2019 se financió con más recursos de colocación de títulos de la deuda que con ingresos corrientes. Lo que implica que recursos de la deuda se aplican a financiar gasto corriente.
