A Alejo Leiva Lachner
In memoriam
Si es cierto que vale más prevenir que curar, entonces la represión policial (y legal) y las cárceles son menos valiosas que atacar el problema de la delincuencia reparando en los “factores de riesgo” que la disparan. Pensar mal de los otros -que son considerados delincuentes- no es una razón suficiente para pensar bien de nosotros. Los problemas sociales han de ser estudiados por profesionales y las sugerencias/soluciones atendidas por el poder político de turno, si en verdad se busca corregir los problemas sociales y desvictimizar a las víctimas. Alejo, cuando fue mi alumno en filosofía, siempre fue sensato y cordial.
No porque haya más policías, jueces y cárceles las calles serán seguras ni habrá menos víctimas (estas son la prioridad, y el principio del orden se funda en la justicia: el derecho a no ser víctima de la delincuencia). La política de “mano dura” termina aplicando la fuerza bruta a inocentes y limita las libertades individuales so pretexto de una seguridad temerosa (al estilo macarrónico de G.W. Bush y del alcalde de Nueva York R. Giuliani, en la década de los 90); el miedo se convierte en toda una despreciable institución (miedo a perder el trabajo y miedo a no conseguir luego; que si hacés el amor, morís de sida; que si comés, morís obeso/a; que si no comprás tu arma para defenderte, te matan inesperadamente). Los seres humanos que tienen el hábito de la autoridad/fuerza ciega son ineptos para la negociación amistosa (B. Russell). Reprimir más y más y encarcelar es apagar fuego con gasolina: a más sospecha, más vigilancia y, a más vigilancia, la desconfianza irá deteriorando las ya deshumanizadas (infernales) relaciones interpersonales.
Solo si hay más justicia social (y parece que no es un gasto, sino una inversión beneficiosa para todos) habrá menos delito. Mejorar las condiciones económicas y sociales de las familias costarricenses y evitar la deserción escolar/colegial empodera a los adolescentes y se los arrebata al hampa organizada, como indican los estudios académicos a este respecto. Y, para lograr esto, la gestión de las municipalidades resulta vital tanto porque estas deben enfrentarla -sucede en su espacio- con conocimiento de causa (pues la delincuencia está y debe ser localizada), porque, con la descentralización actual de las municipalidades, es viable focalizar los recursos y maximizar los resultados. El gobierno central no puede asumir cada problema de delincuencia “localizado” porque esto le supera, pero cada municipalidad sí. (Lo cual incluye brindar en tiempo real seguridad en las zonas turísticas -y en muchas otras- con los limitados recursos estatales con que se cuenta y que el comercio contribuya desde sus posibilidades a cuidar de sus negocios/inversión con los mecanismos pertinentes para proteger a las personas/clientes.)
El aumento por sí en el número de policías no resuelve el problema, pues el hampa está mejor armada que los cuerpos policiales (=guerra infinita). Resultaría más provechoso invertir en salud y en educación que en policía. Y esto no es retórica: Si se quiere realmente reducir los índices delictivos, se debe hacer más inversión en prevención. Ahora bien, no se va a negar que, eventualmente, las políticas basadas en “resolución de problemas” (o de respuesta rápida, o lo que es igual, la policía represiva) tengan algún impacto positivo, pero no el necesario, como se observa en Costa Rica, pues el aumento de hechos delictivos niega el esfuerzo. Lo represivo podría transformarse en lo educativo: todo policía educa y, solamente en situaciones límite, reprime (la excepción). Si los policías ni educan ni hacen cumplir la ley, entonces cualquier lugar se convierte en “tierra de nadie”, en donde manda la “ley del más fuerte” y que termina por convertirnos a todos en ciegos e indiferentes.
Se entiende que las víctimas quieran más severidad para los victimarios en los castigos, pero el precio de esto es altísimo porque nuestro sistema penal hace sufrir adicionalmente a las víctimas: a todo lo vivido se le suma ser testigo en el proceso del delito, lo cual muestra que “se trata de un juicio por el orden público, no por la víctima en sí” (I. Waller). La víctima no encuentra lo que desea: protección, atención y consideración.
Es urgente desmantelar en los hogares la mezcla volátil de violencia, armas, alcohol y drogas en cada localidad con la intervención atenta y pertinente de las municipalidades. Las municipalidades deben diagnosticar (con estudios y profesionales en los campos que se requieran) para luego actuar sensatamente en su pueblo/ciudad.
