La reciente renuncia de la Defensora de los Habitantes pone en evidencia que la experticia en Derechos Humanos (DDHH) –por la cual los diputados aseguran que la eligieron– no es suficiente para hacer un buen ejercicio de ese cargo público. Primero, porque para ser experto no basta con recitar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Segundo, porque es necesario tener presente la coyuntura social, política y cultural del país a la hora de exigir su aplicación, de modo que el impacto de las resoluciones no comprometa la estabilidad democrática nacional.
Por supuesto, los “derechohumanólogos” a ultranza no están de acuerdo con esta tesis, pese a que la historia ha demostrado que los cambios sociales no dependen de la vanidad o la voluntad de los individuos, sino solo cuando las condiciones culturales, sociales y económicas posibilitan su concreción. Además, los cambios estructurales implican procesos colectivos donde el convencimiento es más efectivo que una obligación legal impuesta.
El cargo de defensor requiere de sensibilidad y compromiso con las necesidades de las personas para hacer una efectiva protección de sus derechos, sobre todo, los de aquellos individuos a los que el Sistema coloca en posiciones de vulnerabilidad. Igualmente, exige el conocimiento de la normativa vigente; por lo menos, algo de experiencia en la función pública e, innegablemente, un amplio conocimiento de la realidad nacional. También son necesarias algunas virtudes personales, sin las cuales de nada sirve tanta experticia, como empatía, humildad, simpatía, amabilidad, escucha, diálogo, reconocimiento, confianza, respeto, entre otras. A su vez, hay otras cualidades que no debe tener, como cobardía, prepotencia, indiferencia, soberbia, jactancia, desconfianza, impulsividad, autoritarismo, entre otras.
Sobre si la Exdefensora reunía estos requisitos, es cuestión de irle haciendo check a cada uno en el formulario imaginario de evaluación. De nada vale ahora cuestionar el proceso de selección utilizado, pero a partir de la evaluación se podría mejorar, haciéndolo más objetivo y democrático, para minimizar la influencia de las valoraciones personales y de los intereses políticos. Tampoco se trata de enjuiciarla hasta pasarla al bando de las víctimas, los mártires y los incomprendidos. Que cada quien rinda cuentas de sus actos y lo que calle que se lo cobre su consciencia.
A esta última Defensora se le recibió con gran ilusión, porque los defensores de derechos anhelábamos una persona experta en DDHH, con el fin de que instaurara el control de convencionalidad en la Defensoría, para que dejara de ser la gran contraloría de servicios del sector público y sea la Institución Nacional de Derechos Humanos que debe ser. Sin embargo, no lo supo lograr, porque hasta el bien, cuando se impone por la fuerza, es malo. Le faltó capacidad de liderazgo, de diálogo y de convencimiento. Se empoderó con el canto de algunas sirenas serviles y perversas y empezó a gobernar con el miedo; a imponer sanciones por simples errores; a girar órdenes sin derecho a disentir; a contratar a supuestos expertos y a sacar las plazas vacantes a concurso externo. Así, logró reactivar un sindicato adormecido durante dos administraciones. Esperaron el diálogo, pero desde las alturas no los escuchó; entonces, le interpusieron una demanda contencioso-administrativa y todo quedó paralizado. Se fue aislando en su despacho, acosada por rumores paranoides y, al final, huyó de nuevo.
La realidad es que la Defensoría de los Habitantes empezó a hacer defensa de DDHH desde hace más de veinte años, lo cual se puede verificar en cada uno de los Informes Anuales que la institución le presenta a la Asamblea Legislativa. Ahí consta que, en atención a las obligaciones internacionales, se han trabajado, impulsado y promocionado políticas y normativas específicas para proteger los derechos de los sectores de la población más silenciados, olvidados o negados. Por ejemplo, las personas homosexuales, migrantes, refugiadas, indígenas, afrodescendientes, adultas mayores, con discapacidad, privadas de libertad, en indigencia, entre otras. Todo esto sin dejar de mencionar los aportes para el mejoramiento del régimen municipal, la transparencia pública, la protección del ambiente, el transporte público, las condiciones laborales, la condición de la niñez, la condición de la mujer, la salud pública y la promoción de derechos.
Por todo esto, aunque la Defensora haya renunciado, la Defensoría de los Habitantes no renunciará a su misión protectora de derechos, porque no se puede renunciar a las personas.
