Requisito sine qua non (indispensable), para una declaratoria de legalidad de una huelga, es el agotamiento del diálogo, mediante una conciliación previa a iniciar cualquier movimiento huelguístico. Así el artículo 377 del Código de Trabajo señala el agotamiento del procedimiento de conciliación (artículo 618 ibidem). En los conflictos de tipo jurídicos, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato o, en su caso, la coalición de personas trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo menos 1 mes para resolver el diferendo.
Con base en la ley 9808, referida a brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos, se puede colegir que antes de que se llegue a la instancia de la huelga se busca fortalecer el diálogo inter-partes, con el fin de que se pueda solucionar el conflicto, mediante la vía de los medios alternos de resolución, estando la holganza destinada a ser la última razón. Esto por cuanto declarada una huelga legal, el juez podría suspender la misma, en caso de continuar por más de 8 días naturales y se comprobara de manera fehaciente que la misma está causando “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía”.
Debiendo en ese caso, acudirse al arbitraje (resolución del conflicto por parte de un tercero, mediante un laudo), conforme al artículo 707 del Código de Trabajo, y para ello la legislación viene a fortalecer dicho instituto, estipulando que el mismo se va a aplicar, incluso de manera obligatoria (el cual debe ser en este caso de derecho y no de conciencia) cuando exista impedimento (por ejemplo en servicios públicos esenciales) o también cuando se haya alcanzado el plazo máximo de huelga en servicios de importancia trascendental.
Los competentes para realizarlo son:1) Poder Judicial; 2) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 3) Colegio de Abogados y Abogadas; 4) Arbitraje ad hoc. En caso de no llegarse a un acuerdo en cuanto a la sede del arbitraje, este se llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como instancia administrativa estatal.
Definitivamente una ciudadanía bien informada promueve un país más libre.
