El Ordenamiento Territorial (OT) en Costa Rica está gravemente desarticulado; es decir, no existe la secuencia de lo nacional, lo provincial y lo municipal. La Administración Pública ha introducido, para identificar sus unidades territoriales, una serie de conceptos geográficos a contrapelo de lo establecido en la Ley de División Territorial Administrativa (DTA N°4366). Estos solo generan confusión en la planificación y administración del Estado y, entre otros, los diputados no tienen claro a quienes representan en su gestión parlamentaria. Así, los cantones o gobiernos locales, que sí son unidades geográficas y gobiernos locales bien conformados, no encuentran el camino para canalizar su gestión territorial en la escala provincial o regional y menos en la escala nacional.
Estamos entonces en presencia de una ley de DTA prácticamente fallida y que casi ninguna institución (del mismo Estado) respeta ni aplica, lo que genera así un esquema de planificación regional caótico, descoordinado y fruto de las ocurrencias de cada jerarca institucional en direcciones regionales sin criterios geográficos.
Por su parte la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) ha perdido su energía inicial y se ha instalado en acciones estratégicas repetitivas de atención de emergencias, las cuales son más bien consecuencia de la falta de planificación y OT del país. La mayoría de eventos naturales destructivos, a excepción de los sísmicos, son pronosticables. Según la misma Comisión Nacional de Emergencias, en los últimos treinta años la tendencia histórica ha cambiado y se ha concluido que en general “la amenaza ya no viene del suelo sino del cielo” con la ventaja de que los fenómenos naturales (lluvias intensas y huracanes) son pronosticables y contamos con la fortaleza de poseer un robusto sistema de registros y tecnología moderna para formular pronósticos meteorológicos en tiempo real.
El OT y su normativa están definidos por la Ley Nacional de Planificación, especialmente por el subsistema de planificación regional, que establece cómo se formulan e implementan los consejos de desarrollo regional (CDR), los planes de desarrollo regional (PDR) y cómo deben coordinarse los subsistemas regional, sectorial y municipal en la escala regional o provincial. Siendo que la CNE ha logrado articular comités de emergencia locales en prácticamente todo el país, resultaría un gran acierto promover a la CNE para que asuma, como rol principal, la formulación de los PDR y la coordinación entre los CDR y las municipalidades; sin descuidar los planes de contingencias (que serían parte de los PDR). Por otra parte, la Administración Pública (AP) carece de una instancia fuerte y efectiva de Ordenamiento Territorial (OT) para nuestro país, y el actual subsistema de planificación regional de Mideplan, tan venido a menos, se vería fortalecido, con la incorporación de la CNE y sus fortalezas. Así, podrían ambos constituirse en el núcleo de una poderosa instancia de OT, unificando y coordinando bajo el amparo de la Presidencia de la República y Mideplan, a otras instancias de la planificación nacional y local con enfoque territorial. La imagen objetivo propuesta es una CNE que asuma como rol principal, la formulación de los planes de desarrollo regional o provincial (base de un plan Nacional de Desarrollo con criterio territorial) sin dejar la atención de emergencias nacionales, cuando estas ocurran. Unificando y articulando la enorme cantidad de instancias burocráticas de planificación en todas las instituciones del Estado, se reducirían las emergencias y se ejercería plenamente el derecho de planificación estatal, al que renunciamos cuando abandonamos el proceso de regionalización técnico científico y decidimos esperar las emergencias para reaccionar. Es un deber del Estado costarricense ordenar el territorio regional y local, antes de que el crimen organizado y el narcotráfico internacional se nos adelanten.
