Cuando a la adulta mayor María Isabel Vega Carvajal le comunicaron en el Ebais del Coyol, en Alajuela, la “excelente” noticia de que su rodilla sería revisada por el especialista diez años después (La Nación, enero 2016), jamás imaginó que su viacrucis y el de los pacientes de los Sauces de San Francisco de Dos Ríos, quienes a las cuatro de la mañana ya hacen fila para obtener una ficha para la consulta médica, y el de los asegurados que pasan la noche en una silla de ruedas en el Hospital Calderón Guardia, tienen el mismo hilo conductor que se ha desenrollado desde 1961.
Todo comenzó con una reforma a la Constitución Política. En 1961 reformaron los artículos 73 y 177 de la Constitución Política para universalizar el seguro social, bajo la promesa de crearle –no necesariamente pagarle– fuentes de financiamiento a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para hacer frente a las nuevas responsabilidades. La reforma constitucional añadía: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.
El viejo aforismo que dice “aprobada toda ley se crea su trampa” tiene en este caso cumplimiento total, pues gracias a esta reforma que, supuestamente potenciaba el seguro a toda la población, la Caja terminó víctima de su propia normativa. Sí bien, los asalariados aportan su cuota importante para la universalización del seguro, el Estado viene reduciendo sus contribuciones al régimen y muchos empleadores cargan los aportes de este seguro a los costos de producción.
La Encuesta Económica de Costa Rica de la OCDE estima que en el 2016 el ingreso fiscal total solo llega a 23% del PIB.
Para comprender este “robo de base”, como dicen en el beisbol cuando alguien en el “diamante” se descuida, se debe recordar que hasta el año 1964 –tres años después del cambio constitucional– la cuota del seguro de salud fue de 6% sobre el salario (3,5% los patronos, 2,5% los trabajadores y 1% el Estado) y 7,5% sobre el salario en el seguro de pensiones (2,5% el patrono, 2,5% el trabajador y 2,5% el Estado).
A partir de 1965 –cuatro años después de la reforma constitucional arriba indicada– el Gobierno de Orlich elevó la cuota del seguro de salud a 11% (5% el patrono, 4% el trabajador y 2% el Estado). Oduber (1974) redujo el aporte del Estado a solo 0,25% para salud y pensiones, según fuentes oficiales. Carazo (1981) disparó la cuota del seguro de salud a 14% y Monge (1982) a 16%. A partir de 1988, rige una cuota en salud de 15%. La cuota actual para salud y pensiones es de 25,16% (14,33% el patrono, 9,34% el trabajador y 1,49% el Estado).
El Estado no solo redujo su obligación y los empleadores trasladan sus cuotas como gasto de producción, sino que a la maltrecha CCSS le escondieron los dineros de las ventas de lotería, según Ley 5349 del 24 del 09 de1973, la Ley N° 7374 del 3 del 2 de 1993 y la Ley N° 5905 del 4 del 5 de 1976.
Para que la “jugada” cerrase con jonrón de cuatro esquinas, la tendencia en los últimos años es nombrar en la Junta Directiva de la Caja adeptos a las tesis del Gobierno de turno que contribuyan con el desmantelamiento de la institución, sea por omisión o acción.
Pareciera que la orientación oficial es no cobrar al Estado los faltantes millonarios para atender el seguro de salud de los pensionados, o si los cobran que sea a poquitos, contrario a lo que ordena la Ley 5905 y el artículo 177 de la Constitución Política. Cobran, a lo sumo, una parte ínfima de los costos del seguro de salud creado por la Ley 5349. Igual sucede con los costos de las obligaciones creadas por Ley 7374. A eso se suma el hueco que hacen a la institución los no asegurados y los morosos crónicos. Véase una ilustración del problema parcial.
