Las pérdidas acumuladas durante este año en los regímenes de pensiones complementarias, tienen las dimensiones propias de una verdadera catástrofe. Pero no es una catástrofe que haya ocurrido por mero azar, o de forma imprevisible o incontrolable. Todo lo contrario, más bien: debía saberse que podía ocurrir, porque se tomaron las decisiones incorrectas, y se crearon las condiciones, que posibilitaban que pudiese ocurrir. Y, al cabo, lo lograron: efectivamente acaeció. Esto tiene responsables, que deben ser señalados y sancionados como tales, pero, sobre todo, debe quedar claro que, si las cosas se hicieron de esa forma tan desafortunadas, es porque hay un orden institucional y normativo que lo posibilita y lo fomenta. En breve: hay corrupción, torpeza y negligencia en lo que se ha hecho, como las hay también en el orden normativo e institucional que lo cohonesta y promueve. Por lo tanto, no basta con llamar a cuentas a quienes propiciaron esta hecatombe. Sobre todo, debe reconocerse que se necesitan múltiples e importantes cambios.
¿Qué ha ocurrido?
La idea de promover que los fondos de pensiones inviertan fuera de Costa Rica no es nueva, Viene circulando, persistentemente, desde hace años. Usualmente se la justificaba, apelando a las limitadas opciones de inversión disponibles en Costa Rica, según se evidenciaba en el peso de las colocaciones que se hacían en bonos de la deuda pública. Y, sin embargo, nada de eso impidió mantener niveles de rentabilidad generalmente estables y satisfactorios, cuando, por otra parte, es sintomático que nunca se hiciese nada por diversificar esas posibilidades, a través, por ejemplo, del financiamiento de obra pública. El sistema financiero, inveteradamente preocupado por diversificar servicios orientados al consumo, que, por lo general, son de inmediata y fácil rentabilidad, en cambio no mostró interés ni capacidad innovadora, para ese otro tipo de cuestiones, que, al cabo, siendo ciertamente mucho más complejas y demandantes, también son mucho más importantes para promover el desarrollo y la equidad.
Las colocaciones realizadas por los fondos de pensiones en el exterior venían gradualmente incrementándose. El movimiento se aceleró pronunciadamente desde mediados de 2020. Según datos del Banco Central[i], entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022, la “inversión de cartera” originada en Costa Rica y colocada en moneda extranjera, salta de $4.880 millones a $9.332 millones, un incremento del 91% en poco más de dos años. Es seguro que, con mucha diferencia, la mayor parte de ese incremento se originó en las operadoras de pensiones, lo cual puso presión y desestabilizó la tasa nominal de cambio colón-dólar, la cual, como sabemos, rozó los ₡700 en junio pasado, cuando a inicios de 2020 estaba por debajo de ₡560. Todo esto es explícitamente admitido por el propio Banco Central, pero, al mencionarlo, lo hace como si de una inofensiva anécdota se tratara, eludiendo, así, sus responsabilidades sobre tal barbaridad.[ii]
La presión de las operadoras de pensiones fructificó cuando, a inicios de septiembre de 2021, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), las autorizó a sobrepasar el límite fijado por la ley, el cual ponía un techo del 25% a lo que las operadoras podían invertir en el extranjero. Siendo de por sí discutible si ese límite del 25% no podría ser ya suficientemente peligroso como para considerarlo inconveniente, en todo caso la SUGEF, con ánimo permisivo y despreocupado, les dio luz verde, sujeto, tan solo, a un “criterio técnico”, el cual bastaría para justificar el que, eventualmente, pudiesen elevar ese porcentaje hasta un 50% de la cartera total. Según un reportaje de la periodista Natalia Díaz en el Semanario Universidad,[iii] y con base en datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a mayo de este año, Popular Pensiones ya tenía colocado el 43,3% de su cartera en el extranjero (₡1,6 billones). Le seguían BAC Pensiones (36,0% de su cartera, equivalente a ₡437 miles de millones), y BN Vital (27,9% de su cartera, en total ₡533 mil millones). O sea, estas tres operadoras tendrían colocado en el extranjero una cifra cercana al 6% del PIB. Y, entretanto, y muy paradójicamente, el Gobierno Central si acaso dedica un 1% del PIB por año a financiar inversión pública.
La historia de las pérdidas registradas a lo largo de este año, es bien conocida y, de hecho, se ha visibilizado de forma realmente cruel, en los estados de cuenta que millones de personas trabajadoras han recibido. Son pérdidas que aparecen claramente correlacionadas con las bajas sufridas por las bolsas de valores a nivel mundial. No por casualidad, las pérdidas son más significativas en el caso de las operadoras más internacionalizadas, que, por ello mismo, son las más expuestas a los vaivenes de los mercados globales. Así, y para el ilustrar el punto, el índice SP-500 -posiblemente el más representativo de las bolsas neoyorkinas- ha experimentado cinco episodios de baja a lo largo de este año, lo que, al cabo, significa haber caído desde cerca de 4.800 puntos en los primeros días del año, a menos de 3.600 puntos a finales de septiembre de 2022, o sea, un catastrófico bajón del -25%.
¿Era todo esto inevitable?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario, más bien. La naturaleza especulativa, inestable y, en último término, depredadora, de los mercados financieros internacionales, es algo bien conocido y ampliamente estudiado. Va de la mano con la globalización financiera, un universo desterritorializado y apátrida, que se construye, no por mera inercia del avance tecnológico y de la evolución espontánea de los mercados, sino también, y quizá principalmente, gracias a una institucionalidad y una normativa, que fundamentalmente refleja la hegemonía de los intereses de esos capitales especulativos, y la ideología de la cual éstos son portadores y propagandistas. La cuestión tiene diversos antecedentes, y aunque no es rigurosamente correcto decir que empezó ahí, sí es cierto que un hito fundamental, que dio un empujó decisivo al despliegue planetario de la especulación financiera, fue lo acaecido en agosto de 1971, cuando el presidente Nixon suspendió la convertibilidad oro-dólar e instauró la libre fluctuación de las monedas, lo que significó el derrumbe del sistema monetario creado en 1944, con los Acuerdos de Bretton Woods. El libre flujo de capitales -que, en Costa Rica, se ha instaurado con la intransigencia propia de un dogma sagrado- pasó a ser elemento central, dentro de un orden que propicia la opacidad, la ocultación de la riqueza y la irresponsabilidad tributaria, y cuya mayor fortaleza reside en el poder de los capitales itinerantes y globalizados, para presionar a los gobiernos y las clases trabajadoras de los países, dando lugar a una competencia ruinosa, que provoca hundimiento de los sistemas de seguridad social, regresión tributaria y pérdida de los derechos laborales.
Ideológicamente predispuestos para ello, los fondos de pensiones de Costa Rica fueron atraídos por el hechizo del largo auge que las bolsas internacionales experimentaron a partir de 2010, una vez se lograron poner bajo relativo control las tormentosas perturbaciones que sacudieron la economía mundial entre 2007 y 2010. Ese auge bursátil encontró su combustible en las políticas monetarias llamadas de “facilitación cuantitativa”, con tasas de interés cero y sobreabundancia de reservas a disposición de los bancos. Poco se logró con ello, si de lo que se trataba era de promover la colocación de créditos y una recuperación económica sólida. Pero, en cambio, esas políticas alimentaron la inflación de las bolsas de valores y un agresivo renacer de los juegos especulativos, después del shock provocado por la crisis financiera y la Gran Recesión.
Es posible que, por ahora, y por varios años más, no volvamos a presenciar las fiebres especulativas que, con algunos altibajos transitorios, dominaron hasta 2021. Las políticas de “facilitación cuantitativa” y bajísimas tasas de interés, han quedado descartadas. De ello se encargó una explosión inflacionaria de alcances prácticamente planetarios, la cual proviene fundamentalmente de cuellos de botella del lado de la oferta, agravados (¡cómo no podía ser de otra forma!) por los juegos especulativos. Y siendo que, claramente, el origen del problema no es monetario ni se origina en un sobrecalentamiento de las economías, la respuesta estándar, que se impone por doquier, implica dar un viraje de 180°, hacia políticas monetarias restrictivas y un alza generalizada de las tasas de interés. Los ríos de liquidez que alimentaron el incendio bursátil, se secaron y, entretanto, las economías ricas entran en una fase de ralentización, eventualmente de recesión. Y aunque ello no significa que necesariamente continúe la caída de los índices bursátiles, en cambio vuelve muy improbable que veamos resurgir los ímpetus alcistas del período anterior.
La cuestión es que, vista retrospectivamente, la aventura especulativa de los fondos de pensiones en los mercados financieros internacionales, llegó tarde y en mal momento. Empezaron a apostar fuerte desde mediados de 2020, cosecharon buenos frutos durante 2021, pero entraron en caída libre en 2022. Y, sin embargo, este escenario siempre debió tenerse presente, es decir, debía ser claro que el auge de los mercados financieros no sería eterno, y que, en el contexto turbulento, y a menudo caótico, de la globalización neoliberal, la “corrección” inevitablemente llegaría y podría ser violenta. Anticipar esa posibilidad, pasaba, necesariamente, por limitar a un cierto máximo, prudente y decididamente acotado, la participación en esos mercados globales.
En conclusión
Hoy, cuando se acumulan pérdidas cuantiosísimas en nuestros fondos de pensiones, la cuales implican un serio retroceso que inevitablemente repercutirá en el monto futuro que las personas reciban, es necesario plantearse algunas cuestiones, todas muy graves y preocupantes:
- Las autoridades reguladoras han actuado de forma permisiva y negligente, de forma que no solo han tolerado, sino que, de hecho, han promovido deliberadamente, el aventurismo especulativo de los fondos de pensiones.
- Frente a las pérdidas registradas, y no obstante que éstas alcanzan montos realmente catastróficos, esas mismas autoridades se muestran indolentes e insensibles, totalmente desentendidas del grave daño pecuniario infligido a millones de personas. Ello implica, no solo cohonestar la irresponsabilidad e imprudencia de las administraciones de los fondos de pensiones, sino, más aún, hacerse parte de esa misma irresponsabilidad e imprudencia.
- Por su parte, es evidente que las operadoras de pensiones han actuado con suma impericia, negligencia e irresponsabilidad.
- Para agravar las cosas, y una vez acaecido el desastre, esas mismas operadoras se mantienen parapetadas detrás del secretismo y la opacidad. No han explicado qué fue lo que se hizo ni con base en qué criterios y valoraciones se hizo, tampoco clarifican las razones del desastre acaecido, como asimismo son omisas a la hora de decirnos de qué forman piensan sacar nuestros ahorros del hoyo negro al cual los lanzaron.
- De tal modo, resulta que tanto las autoridades reguladoras como las operadoras de pensiones, se niegan a darle la cara a la gente y a rendir cuentas por las atrocidades acaecidas.
- Resulta asimismo desconcertante que, ante tan graves anomalías, nadie, absolutamente nadie, reciba ni la más leve sanción. Como en el caso de ALDESA, estamos aquí instalados en el reino de la total impunidad.
- Más allá de los comportamientos evidentemente anómalos de algunas personas, subyace una institucionalidad corrupta, que cohonesta y promueve la corrupción, y la cual está permeada a profundidad por una ideología igualmente corrupta, la cual embellece y glorifica la especulación, promueve el aventurerismo irresponsable e incentiva la evasión de responsabilidades, el secretismo y la opacidad.
- Es urgente promover reformas legales que clarifiquen ciertas obligaciones ineludibles: las operadoras de pensiones, con toda claridad deben explicarles a las personas ahorrantes las estrategias de inversión que aplican, los criterios que guían esas estrategias y los niveles de riesgo que están siendo asumidos. Igualmente deben dar cuentas detalladas y en profundidad, respecto de los resultados -positivos o negativos- que en cada período específico se registren. Deben asimismo contemplarse sanciones para quienes administran las operadoras de pensiones, como también para quienes tienen el deber de regularlas, cuando se presenten pérdidas excesivas durante un lapso irrazonablemente largo, y esas sanciones deben ser más severas, inclusive a nivel penal, conforme más graves las pérdidas y más largo el período durante el cual esas pérdidas se dieron.
[i] Véase aquí: https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%201537
[ii] Banco Central de Costa Rica, Informe de Política Monetaria, San José: julio de 2022.
[iii] Díaz Zeledón, Natalia, “Fondos dolarizados: Popular Pensiones, BAC y BN Vital dispararon ROP en el extranjero en 2021 bajo el ojo de la SUPEN”, Semanario Universidad, 29 de junio de 2022.
