La Constitución de los Estados Unidos de América y las instituciones que diseña tienen una importancia histórica trascendental como instrumento jurídico fundacional del régimen democrático contemporáneo. No solo establece el esquema de la división tripartita de los poderes públicos, sino que opta por un Poder Judicial Federal, cuya cúpula se ve reforzada por el nombramiento vitalicio de los máximos jueces que integran la Corte Suprema de Justicia. La integridad y solvencia moral y profesional de esos jerarcas es un aspecto esencial para que el sistema funcione adecuadamente. El peso que ha tenido esa Corte, en la definición de temas estratégicos, ha marcado el destino de esa nación. Para solo mencionar algunos fallos decisivos, nos podemos referir a la determinación de los aspectos que integran el debido proceso, la eliminación del régimen de discriminación racial en el sistema escolar, la legalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como –en mi criterio desafortunada– la medida de permitir la contribución económica privada sin límite a las campañas electorales; todas decisiones que, para bien o para mal, han sido de un gran impacto social.
La nominación del Juez Kavanaugh por parte del Presidente Trump comenzó por inquietar a los sectores más liberales y progresistas debido a su conservadurismo ideológico. Pero, a partir de la denuncia formulada por la Dra. Christine Blasey Ford, profesora de estadística y psicología en la Universidad de Palo Alto, California, derivó la discusión hacia un terreno crítico y pantanoso: las supuestas conductas indebidas del nominado en materia de abuso sexual en épocas pasadas como estudiante de secundaria y universitario. Quede claro que no puede cobrársele al ciudadano común graves faltas toda su vida, pero distinto es el caso del ciudadano que aspira a arbitrar, desde lo más alto de la judicatura, los temas más sensibles que afectan a toda la sociedad. A este último se le puede y se le debe exigir bastante más que al común de las personas.
El panorama terminó por complicarse cuando la polémica se partidarizó con la adhesión casi unánime de los republicanos a favor del candidato y la impugnación, en parecidos términos, de los demócratas; así como por la toma de partido del Movimiento Me Too –que venía de una serie de victorias contra influyentes y poderosos hombres del espectáculo–, los medios de comunicación y de la misma política a nivel estatal, sin importar la ideología de los cuestionados. Parece que, finalmente, el Movimiento no ha podido con el núcleo duro del poder político cuando cayó en la lógica de los bandos partidarios.
El proceso de designación no se trataba, en sentido estricto, de un juicio en términos legales. No se trataba de demostrar que el joven Kavanaugh en efecto había perpetrado actos constitutivos de delitos de índole sexual. No estábamos ante un proceso penal, pero sí ante un debate de naturaleza ético-político. Quienes cuestionaban al candidato a la Corte Suprema consideraron que las denuncias de la Dra. Ford y tres mujeres más daban base suficiente para denegar las aspiraciones del nominado. Además, la investigación que se encomendó finalmente al FBI les pareció totalmente insuficiente y, para rematar, las defensas de Kavanaugh les revelaron a un hombre totalmente parcializado, iracundo contra las víctimas y los senadores demócratas, lo que confirmaba su poca credibilidad.
Del otro lado, el republicanismo siguió confiando en la palabra del candidato, se esgrimió –argumento estrictamente jurídico, propio de un proceso penal– de que nadie podía ser considerado culpable hasta que “más allá de toda duda razonable” un juez declarara lo contrario y, en fin, cayeron en lo que en mi criterio es la debilidad más desconcertante de toda su argumentación: el testimonio de la Profesora Ford lo consideran sincero, creíble y consistente, menos en lo esencial, la identidad de su agresor.
¿Cómo puede caerse en semejante contradicción? Desde un estricto punto de vista lógico-formal es insalvable. Violenta los principios básicos de la lógica clásica, básicamente el de identidad y el de no-contradicción. Si “A” es verdadero, “no-A” es falso, no puede ser también verdadero. No puede creerse a Ford en todo menos en la identidad de su agresor, de la que se mostró 100% segura.
Y en un análisis más integral, desde la lógica argumentativa, lo que entre nosotros es la sana crítica racional, ¿cómo superar el hecho de que una mujer profesional, absolutamente íntegra, hasta entonces sumida en el anonimato, decida dar un paso adelante, exponerse ante el mundo como se expuso, enfrentarse a una de las instancias más elevadas de la nación y más duchas políticamente como la Comisión de Justicia del Senado, para sostener una verdad que solo altos riesgos le traería? ¿No es eso más que suficiente, repito, en el plano ético, para confiar en su palabra?
Y, por el contrario, ¿cómo es que un juez que aspira a la Corte Suprema no sea el primer interesado en una amplia y profunda investigación que limpie su trayectoria y no deje la menor duda su honorabilidad?
Pero, finalmente, no se le creyó a la denunciante, y la razón no es lógica ni justa. Se ha impuesto la sinrazón política, la de la mayoría –muy débil y precaria, por cierto–, pero mayoría al fin de cuentas, dos simples votos. De esta manera, se ha impuesto la sinrazón de un conservadurismo que va por una serie de conquistas sociales que ahora corren verdadero peligro, haciendo prevalecer la sinrazón de quienes prefieren asegurarse una victoria táctica sin importarles las consecuencias estratégicas de una ciudadanía ignorada y agraviada. Algo de eso hemos vivido en Costa Rica con los mismos asuntos.
Veremos si este melodrama se refleja en las votaciones de medio período en el próximo mes de noviembre. Por el momento, tenemos un saldo lamentable, con una nación dividida, con un proceso de designación marcado por marchas, gritos y protestas, personas sacadas a rastras del recinto parlamentario y, lo que es peor, con un juez llamado a arbitrar los temas de mayor trascendencia, irremediablemente manchado por el cuestionamiento, y una Corte Suprema que, como ya lo han advertido dos sus integrantes, las juezas Elena Kagan y Sonia Santamaría, habiéndose pasado por un procedimiento que puede afectar la imagen y prestigio de la misma Corte. 
